El pasado viernes, el precio de la luz alcanzaba los 216 euros el megavatio hora (MWh), aumentando un 13,73% —26,08 euros más— en apenas veinticuatro horas. Y ayer fue el lunes más caro de la historia, con 186,46 euros/MWh, un 67% más que el domingo. Hace casi un mes, el Gobierno aprobó la reducción del IVA a la electricidad del 21 al 10% y también una reducción del beneficio de las empresas eléctricas con el fin de abaratar los costes de la subasta del megavatio en el mercado mayorista. Las empresas respondieron con una amenaza de paro total en las centrales nucleares y, más recientemente, enviaron una carta a Bruselas para que detuviera los recortes, ya que, entre otras cosas, afirman que no son responsables del precio creciente de la luz porque se regula internacionalmente. Sin embargo, aceptan gustosamente los beneficios extra que ingresan como consecuencia de ese precio exorbitado del que «no son responsables».

La electricidad es un sector estratégico y, como tal, el Gobierno tiene toda la autoridad para garantizar que todas las personas tengan acceso a ella. No puede intervenir los precios, ya que, en efecto, se fijan internacionalmente. Por cierto, una buena manera de depurar responsabilidades, al igual que ocurre en otras herramientas puramente capitalistas, como es la Bolsa. Nadie puede ser responsabilizado cuando ocurre una debacle porque nadie es en realidad responsable de todo el proceso.

Respecto a las medidas que se pueden tomar, como decíamos, el Gobierno no puede intervenir los precios directamente, pero sí, como ha hecho en cierto modo, limitar los beneficios de las empresas eléctricas. Aun así, a pesar de haberse aprobado, empezamos octubre con nuevos récords. Y, aun así, esas empresas enriquecidas durante años socavando el acceso a un derecho básico se han permitido chantajear a todo un Estado. En ese caso, cuando se argumentan unas pérdidas importantes y un desamparo en realidad inexistentes, el Gobierno tiene otra baza: la nacionalización.

Una herramienta legal

La nacionalización es una medida que ha sido deliberadamente demonizada bajo el capitalismo. Sin embargo, es completamente legítima cuando se pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas, como es el acceso a servicios básicos como la electricidad. En este caso, debería prevalecer este derecho sobre el derecho a la propiedad privada. Nadie debería poder enriquecerse sin fin y a costa de todo en un sector estratégico. Es más, es completamente legal según la Constitución Española de 1978. En su artículo 128 se especifica claramente que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general». Por todos es sabido que el sector eléctrico es un claro oligopolio y que, de hecho, no siempre ha sido privado.

Endesa fue fundada por el Instituto Nacional de Industria (INI) durante la dictadura, en 1944, bajo el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, S.A. No fue hasta la llegada de los gobiernos de Felipe González y José María Aznar cuando se dio rienda suelta a su privatización, incluyendo la cotización en Bolsa. Finalmente, en 2003, la compañía, ya con el nombre de Endesa Energía, se privatizó completamente. De hecho, a día de hoy, gran parte de su capital —el 70%— ni siquiera es español, ya que pertenece a la empresa italiana Enel.

Por otra parte, si hay algo que resulta especialmente alarmante en esta crisis es la escasa respuesta por parte de la población española. Aunque se han convocado algunas movilizaciones, ni de lejos reciben la atención y el seguimiento que deberían. Hay un sector importante de la izquierda que parece dar por hecho que, al formar Unidas Podemos parte del gobierno, el partido está trabajando activamente por el pueblo. Parece que las legítimas y necesarias reivindicaciones de aquel 15M del que tanto se habla se han diluido y la lucha se ha ido descomponiendo a medida que Podemos ascendía al poder. Aquel aparente «apartidismo» enseguida desapareció, cuando precisamente debería haber prevalecido la organización asamblearia y colectiva que se impulsó en las movilizaciones.

La lucha en las calles nunca debe ser sustituida por ningún partido, independientemente de que la apoye o no y es deber de la ciudadanía mostrar su desacuerdo y exigir soluciones a un Gobierno que, en plena crisis de poder contra las eléctricas —a las que siguen vinculadas gracias a las puertas giratorias— es incapaz de emprender acciones decisivas en beneficio de la población.