Fuente: https://periodicogatonegro.wordpress.com/2022/01/25/la-maquina-no-se-detiene-carcel-gatillo-facil-y-desaparicion-forzada-como-practicas-genocidas-en-democracia/ 25.01.22
La Máquina no se detiene: cárcel, gatillo fácil y desaparición forzada como prácticas genocidas en democracia
Uno se va dando cuenta de que el sistema no funciona como tendría que funcionar, que el sistema tiene la balanza de la justicia para un lado y no es parcial. Se va dando cuenta de cómo está metida la política en todo eso. Y después te vas dando cuenta de que el sistema está hecho así. Está hecho para exterminar a los pobres, para que los pobres seamos esclavos de los que tienen
EMILIA VASALLO, MADRE DE PABLO “PALI” ALCORTA, FUSILADO EL 18 DE MAYO DE 2013 POR EL POLICÍA BONAERENSE DIEGO ARIEL TOLABA QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN ACTIVIDAD EN LA POLICÍA DE LA CIUDAD
Yo no creo que las personas que ocupan cargos fundamentales en el Estado, como jueces y fiscales, puedan escuchar a una familia y cambiar la dirección de sus políticas y de sus acciones. Lo que sí creo, y están muy al límite con este punto, es que las familias nos vamos a cansar de hablar de una forma responsable, respetable, pacífica y vamos a pasar a otras acciones que van a estar bien
VANESA ORIETA, HERMANA DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDO EL 31 DE ENERO DE 2009, TRAS HABER SIDO DETENIDO POR LA POLICÍA BONAERENSE POR NEGARSE A ROBAR PARA ELLA, Y ENCONTRADO COMO NN EN EL CEMENTERIO DE CHACARITA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014
En el documental Nunca digas nunca voces colectivas y anónimas sostienen “¿Por qué pensamos que democracia y genocidio no pueden coexistir?”. En la sinopsis de otro documental, Antón Pirulero, que realiza un recorrido por los mecanismos, los resortes y el funcionamiento de la “máquina de desaparición forzada en democracia” se lee “No es fácil desaparecer una persona. El Estado lo hace. Y para que pueda hacerlo es necesario que se ponga en marcha la máquina”.
Somos una generación que creció con un aprecio impuesto a la democracia por el miedo a que vuelvan épocas dictatoriales, pero parte de esta generación identifica y critica las lógicas estatales/capitalistas que atraviesan las formas de gobernar.Visibilizar que “los desaparecidos de ayer son los excluidos de hoy, pero a los desaparecidos de hoy, los desaparecen como a los de ayer” y que “gobierne quien gobierne, el gatillo fácil es una política de Estado”, como se afirma en Nunca digas nunca y en los documentos de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, respectivamente, permite desarticular imposiciones, mandatos y quietudes que normalizan las violencias democráticas. A partir de esta premisa y sosteniéndose en las caracterizaciones que realizan Marcelo Ferreira y Daniel Feierstein sobre Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y genocidio, como también en el material audiovisual mencionado, en documentos y crónicas de la actualidad que tratan la temática, se abordará el devenir actual del concepto de genocidio en el territorio aún dominado por el Estado argentino, identificando, entonces, cárcel, desaparición forzada y gatillo fácil como prácticas genocidas de los gobiernos democráticos.
Si se admite que estas prácticas son genocidas y si cualquier grupo social puede ser víctima de las mismas, entonces, tendríamos el impulso ético de actuar, es decir, la necesidad colectiva de actuar en contra de esta práctica. De esta manera, la construcción de la memoria no quedaría enquistada en los altares de los gobiernos de turno y permitiría no solo la construcción de una memoria colectiva contra los mecanismos dictatoriales que anularon la vida, sino también un presente que invite a posicionarnos y movernos contra la continuidad de las prácticas genocidas en democracia.
¿Crímenes de lesa humanidad o genocidio?
La diferencia entre crímenes de lesa humanidad y genocidio es subjetiva, depende de la intención del perpetrador del crimen. No hay diferencias objetivas, ni consecuencias jurídicas, sino que hay que indagar sobre la intención del acto. La consecuencia se da en la construcción de la memoria colectiva, en el plano de los efectos imaginarios y simbólicos de lo social.
Los crímenes de lesa humanidad se definen en el art. 6º, punto c), del Estatuto de Londres como “el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación y todo otro acto inhumano cometido contra todas las poblaciones civiles, antes o durante la guerra, o bien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos […] (Ferreira, 2012, p. 85).
El genocidio, por su parte, se define en el art. 2º de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 como “la intención de destrucción total o parcial de un grupo de personas discriminadas, que se delimita en cuatro categorías: nacional, étnico, racial y religioso” (Ferreira, 2012, p. 87). La Convención omite expresamente a los grupos políticos, que estaban previstos en el art. 2º del proyecto de la ONU pero fueron finalmente excluidos de la versión final aprobada. Como corolario de esta exclusión, los asesinatos políticos pasan a ser incluidos bajo la figura de crímenes contra la humanidad. A pesar de ciertas similitudes conceptuales, los crímenes de lesa humanidad se caracterizan por su accionar contra personas individuales. Son crímenes particulares e indiscriminados. Esta identificación construye una narrativa de crímenes aislados, individuos parcializados y, por lo tanto, una sociedad egoísta, ya que quedamos exentos de responsabilidad colectiva
A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, la caracterización como genocidio advierte que existe una planificación contra las personas en su concepción colectiva. Son crímenes grupales y discriminados:
La identificación como genocidio, entonces, erige un discurso que da cuenta de violencias sistemáticas contra grupos sociales, lo que permitiría la construcción de relaciones solidarias como respuesta a dicha violencia. La responsabilidad ética, además, es colectiva y no se diluye en el presente, sino que también será de las sociedades futuras para mantener la memoria:
Suprimir de nuestro horizonte político la memoria histórica es un propósito de los sectores negacionistas del terrorismo de Estado, de los espacios políticos que niegan el Proceso de Reorganización Nacional como práctica social genocida que tuvo la capacidad “para destruir y reorganizar relaciones sociales en aquellas sociedades en las que se implementa” (Feirstein, 2011, p. 13). Ahora bien, ¿qué sucede cuando se niegan, suprimen e invisibilizan prácticas genocidas en el presente democrático? ¿La forma de gobierno actual eclipsa nuestra capacidad colectiva para advertir dichas prácticas? ¿La cárcel, el gatillo fácil y las desapariciones forzadas son mecanismos ajenos a las diversas formas de gobernar que gestionan —y gestionarán— el Estado? ¿O son modos específicos de aniquilamiento, control social y reorganización de relaciones sociales?
Políticas de Estado, construcción de los “otros” y lucha colectiva
Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009 y encontrado como NN en el cementerio de Chacarita el 17 de octubre de 2014, sostiene:
Emilia Vasallo, madre de Pablo “Pali” Alcorta, fusilado el 18 de mayo de 2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba, advierte: “Si cada uno hace la suya cuando decimos que la lucha es colectiva, lo que no nos damos cuenta es que ahí no gana nadie, ahí el que gana es el enemigo” (Periódico Gato Negro, 2019). Ambas reflexiones que comparten dos de las madres organizadas en la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil dan cuenta, por un lado, de específicos modos aniquilamiento, control social y lo que Feirstein denomina, retomando a Foucault, “tecnología de poder”; y por otro, de la importancia de respuestas colectivas contra las diversas violencias que ejerce el Estado y sus instituciones. Feirstein (2011) entiende el concepto de “tecnología de poder” de la siguiente manera:
El gatillo fácil, los asesinatos en prisión y las desapariciones forzadas seguidas de muerte, prácticas inherentes a las diferentes fuerzas estatales y a las instituciones que las sostienen, alcanzaron los 7.587 casos hasta mediados de noviembre de 2020, contra 7.091 de lo registrado en el 2019. Es decir, en la 25ª actualización, se incorporaron 496 casos al Archivo de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI, 2020).
El viernes 17 de diciembre del 2021 se presentó una nueva actualización: “En esta 26ª actualización, incorporaron 585 casos al Archivo, lo que hace un total de 8.172 desde 1983 hasta mediados de noviembre de 2021” (Meyer, 2021).
Emilia Vasallo sostiene que Delia Garcilazo, mamá de Fito Ríos, asesinado en la cárcel de Caseros, fue quien creó en 1996 el recuento de casos de gatillo fácil. Ella interpeló a Carlos Corach, ministro de interior y senador nacional durante el gobierno menemista, que le dijo: “Bueno, si el gatillo fácil existe, tráigame pruebas concretas”. Así ella empezó el recuento de casos, fue una iniciativa de familiares el recolectar los datos de los casos de gatillo fácil. Iniciativa que construye una lucha colectiva que intenta visibilizar algo que parecería vedado por los gobiernos democráticos.
Feierstein (2011) se pregunta que si se sostiene que el primer momento de una práctica social genocida es la construcción de la “otredad negativa”, hay que preguntarse en qué consiste su especificidad y su modo de configuración. En el caso del Proceso de Reorganización Nacional, la negatividad se centra en la figura de la “delincuencia subversiva”, aunque antes sería la de la “subversión”, a secas:
En las prácticas genocidas actuales, la construcción de la “otredad negativa” estará determinada por todas las personas categorizadas como merecedoras del castigo, la prisión y la muerte. Merecedoras de ser encerradas, desaparecidas o fusiladas por parte de las fuerzas del Estado por el hecho de estar identificadas como un peligro siempre latente para el orden social: jóvenes de sectores económicamente desfavorables, mayoritariamente, que por su vestimenta, rasgos, color y apariencia “algo habrán hecho”. Es necesario, entonces, identificar que este “merecimiento” articulado por la “tecnología del poder” es un mecanismo construido de manera subjetiva:
“Gobierne quien gobierne, el gatillo fácil es una política de Estado”, afirman los familiares de víctimas de gatillo fácil a través de su dolor, de su bronca, pero también desde su lucha y organización. Por lo tanto, no dejan de sostener que “debemos organizarnos independientemente del Estado y de todas sus instituciones que denunciamos y enfrentamos por ser los responsables de la muerte de nuestros hijos e hijas” (El diario de Buenos Aires, 2018). En este sentido, enfatizan en una connivencia estatal que habita en todos las ámbitos institucionales atravesada por una lógica cómplice que aceita los engranajes de la Máquina.
Los centros de exterminio democráticos
Mónica Alegre asegura que todas las madres que empezaron a organizarse contra las diferentes violencias del Estado querían justicia, y la única justicia era que los que asesinaron a sus hijos estén encerrados. Sin embargo, luego advierte que existen otras maneras de transitar la lucha:
Emilia Vasallo, por su parte, asevera que cuando comenzó también quería justicia y que el que mató a Pablo, que es Diego Ariel Tolaba, “se pudra en la cárcel y que quede con cadena perpetua”. Sin embargo, con el acontecer de la lucha también piensa sobre el funcionamiento de las cárceles:
El impedimento de Emilia Vasallo para decir “cárcel para todos” no es arbitrario ni circunstancial, sino que demuestra los vínculos solidarios con las otras luchas cercanas que resisten contra el entramado del sistema capitalista. A comienzos del 2021, desde el 1° febrero y durante más de tres meses, varias carpas lograron instalarse luego de doblegar las negativas del Gobierno de la Ciudad frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Acompañaron esta iniciativa tanto familiares de detenidos como personas y organizaciones que se solidarizan con esta lucha:
No solo los organismos de Derechos Humanos se convirtieron en una “reserva moral de la sociedad”, sino también colectivos y organizaciones que se articulan por fuera de la institucionalidad, ya que muchas veces la investigación recae en las mismas instituciones que asesinaron a sus familiares. La Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata, Familiares y Amigos de Luciano Arruga, los colectivos contra las causas armadas y el movimiento anticarcelario que lucha por el «Ni una menos en las cárceles también» y contra las violencias estatales son algunas muestras de ello.
Los familiares de las personas privadas de su libertad reclamaron por la ausencia de medidas para evitar el agravamiento de la crisis sanitaria relacionada a la pandemia, que a su vez profundiza las condiciones vejatorias de la detención; la necesidad del arresto domiciliario de emergencia para personas privadas de libertad que son población de riesgo frente al COVID-19 y que no representan una amenaza en su hogar; el cumplimiento del pacto de San José de Costa Rica, que en general no permite más de dos años (tres en algunos casos particulares) de cárcel sin condena; la resolución del problema de superpoblación en las cárceles. En conclusión, visibilizar las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos dentro de los contextos de encierro.
Desde mucho antes de aquel lunes 1° de febrero en el que decidieron presentar un petitorio ante la Corte debido a una inmensa cantidad de incumplimientos de derechos hacia los más 100 000 detenidos a nivel nacional hasta hoy, se insiste en visibilizar aquello negado por las sociedades: que las prisiones se constituyen y gestionan como históricos centros de tortura y exterminio. En este sentido, Alfredo Cuellar, padre de Florencia “la China” Cuellar, la última de las nueve mujeres asesinadas desde el 2009 hasta el 2012 en la Unidad N° IV del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, argumenta:
En los días que duró el acampe, muchos familiares acuerdan con esto y lo manifiestan frente a la Corte: “Hoy nos convocamos las familias para decirles que esta sociedad construye cárceles para que unos pocos se llenen los bolsillos. Es un negocio millonario. Tienen las cárceles llenas” (Periódico Gato Negro, 2021). El acampe duró 103 días en los cuales se visibilizó algo de lo más negado por las sociedades: las prisiones se constituyen y gestionan como históricos centros de tortura y exterminio: “Hoy estamos acá porque es un genocidio dejar morir a las personas en las cárceles. ¡Los hacemos responsables de la tortura y el abandono, y los hacemos cómplices! ¡Por eso nos levantamos en guerra contra un Estado y una justicia inoperante!” (Periódico Gato Negro, 2021).
El acampe ha sufrido todo tipo de hostigamientos, desde vigilancia las 24 horas con fotos y filmaciones, intentos de infiltración, cortes de luz y agua, amenazas y ataques. El último por parte de alrededor de 30 personas al grito de “¡Somos nazis!” y con zona liberada, que antes que intimidar, fortaleció la decisión de resistir y seguir reclamando con una claridad que enmudece.
Los familiares afirman que “se hizo algo histórico. La lucha sirve. El transitar de muchos compañeros nos dio fuerzas. Hay que seguir. Tenemos que ser miles de familiares y compañeros” (Periódico Gato Negro, 2021). El acampe, durante más de tres meses, reclamó medidas, construyó vínculos y fue una manifestación incómoda en el centro de la ciudad más rica del país. ¿Incomodidad porque recuerda que ese edificio de apariencia tan pulcra y ordenada por fuera en realidad funciona como una instalación que condena a miles de personas a la muerte y al olvido en las cárceles?
Desaparición forzada mata “grieta”
Si tomamos algunos casos representativos de la política represiva estatal en torno a las desapariciones forzadas como el de Luciano Arruga y el de Santiago Maldonado, ¿existe la “grieta” cuando Patricia Bullrich afirmaba que ambos casos fueron una construcción de las familias y de los organismos sociales? ¿O visibiliza que el Estado siempre va a defender a sus fuerzas represivas, ya sea la Policía Bonaerense que desapareció a Luciano durante el gobierno kirchnerista o la Gendarmería Nacional que desapareció a Santiago durante el gobierno macrista? ¿Existe la “grieta” cuando una de las figuras políticas fuertes del peronismo, Aníbal Fernández, justifica el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán negando su responsabilidad política cuando era Secretario General de Duhalde? ¿Existe cuando Felipe Solá sostuvo que eso fue un enfrentamiento de pobres contra pobres, negando también su responsabilidad política a la vez que sentenciaba, cuando fue oposición, que siempre existe decisión política detrás de las represiones y asesinatos?
En este sentido, Vanesa Orieta —hermana de Luciano— sostiene que las diferentes causas de las prácticas genocidas en democracia están articuladas por una misma lógica:
Verónica Heredia, abogada de Iván Torres, joven desaparecido en Comodoro Rivadavia en el 2003 por el que fue condenado el Estado además de los autores materiales: un comisario y oficial de la policía, y en el que siete testigos del caso murieron en situaciones violentas no investigadas; y abogada también de la familia de Santiago Maldonado, deja en claro en el documental Antón pirulero cómo se hace efectiva dicha connivencia: “Cuando el policía tortura, mata y desaparece, sabe que hay un fiscal que lo avala; y el fiscal sabe que hay un juez que lo avala; y el juez sabe que hay un Poder Ejecutivo que lo avala; y el Poder Ejecutivo sabe que hay una Cámara de Diputados y de Senadores que lo avala; eso es el Estado». Mónica Alegre, agrega: “Los mata la policía, pero también los matan los medios hegemónicos”. Emilia Vasallo, concluye: “Los mata una sociedad dividida en clases, los mata un sistema injusto” (Periódico Gato Negro, 2019).
El caso de Santiago Maldonado obtuvo masividad mediática. Su rostro fue replicado, fotocopiado y reproducido por la inmensa mayoría política —y en gran medida por quienes hoy son gobierno—, pero en ese gesto “solidario” siempre se acordaron de situar, a centímetros de su cara, la pertenencia partidista. ¿Solidaridad? ¿Oportunismo político? ¿Contexto electoral?
El Estado, desde su genocidio constituyente —genocidio que da origen a un Estado a partir de la construcción de una política que erige instituciones y normativas que se fundan en los momentos en que se realiza el genocidio— realiza dos acciones: o recupera las luchas licuando todo gesto ingobernable o las elimina. Qué mejor ejemplo del arte de gobernar que ver las estrategias de todo el arco político con respecto a la desaparición forzada y el asesinato de Santiago. No solo desaparecieron y asesinaron a un anarquista comprometido con la lucha del pueblo mapuche, sino que intentaron eliminar su posicionamiento en el mundo: “Hola, querida población. Somos el gobierno, somos tu gobierno, los que nos apoderamos de tu vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día”, escribía en uno de sus tantos poemas, quizás anticipándose a lo que los gobiernos iban a ser con él: arrebatarle una vida en movimiento para convertirla en procesiones, misas, película y boleta electoral.
En relación con la película El camino de Santiago, podríamos preguntarnos, ¿el aparato político del kirchnerismo —su director, Tristán Bauer, hoy Ministro de Cultura—haría la película si Santiago hubiera sido desaparecido y asesinado durante su gobierno? ¿Haría una película sobre Luciano Arruga, sobre Daniel Solano, sobre los más de 3000 asesinados por gatillo fácil o en lugares de detención durante su mandato?
La construcción de una “otredad negativa” se instala en Santiago Maldonado desde varias aristas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Desde los medios hegemónicos se lo nombra como “artesano”, “viajero” o “hippie”, erradicando su posición anárquica y su decisión de acompañar al pueblo mapuche en el pedido de liberación de Facundo Jones Huala. Lo más eficaz, para quienes detentan el poder, sin embargo, es situarlo como una persona ajena a los valores occidentales cristianos, una persona “extraña al ser nacional”. Caracterización que se encarna en la sociedad desde el genocidio constituyente hasta nuestros días:
La desaparición forzada, el ocultamiento de su cuerpo, el acto terrorista de “plantar” su cuerpo y la negación de su posición política en el mundo, entonces, son mecanismos que intervienen sobre el tejido social, no solo sobre la persona desaparecida. Se busca quebrar los vínculos contestatarios contra las prácticas genocidas sufridas hacia los pueblos originarios, en este caso, el pueblo mapuche. Estos mecanismos se practicaron en el proceso del genocidio reorganizador y, con sus complejidades y diferencias, se siguen implementado, no solo en los cuerpos de Luciano Arruga, Daniel Solano, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luis Espinoza, Tehuel de la Torre o Facundo Castro, por ejemplo, sino en el conjunto social: “El terror, en esta modalidad genocida, no opera tan solo sobre las víctimas, sino fundamentalmente sobre el conjunto social, buscando desterrar y clausurar determinadas relaciones sociales, a la vez que funda otras” (Feirstein, 2011, p. 104).
Memoria y presente
Los familiares de las víctimas de las prácticas genocidas nos dejan una sugerencia ejemplar: “Con un sistema injusto, con una sociedad dividida en clases, políticas de hambre y represión seguirán sucediendo”; “el cambio de este sistema injusto solo va a ser por parte de nosotros mismos” (Periódico Gato Negro, 2019). Sugerencia que lleva a una responsabilidad ética como comprender que prolongar los “males menores” que atestaron de policías las provincias y el país, pedir “más policías en las calles”, pensar que quienes ejercen la violencia son algunos policías y no toda la institución, priorizar lo partidario y no el dolor y la lucha de los familiares, o criticar a los determinados gobiernos por adhesión ideológica y no permitirse la crítica al gatillo fácil, las cárceles y las desapariciones forzadas como prácticas genocidas en democracia, son posiciones que prolongan la miseria planificada, el asesinato cotidiano en los sectores vulnerados económicamente y el destierro de relaciones solidarias en el tejido social: “La ruptura de las relaciones de reciprocidad entre los seres humanos […] constituye el objetivo central de esta modalidad genocida que opera reorganizando la sociedad, estructurando otro tipo de vínculos hegemónicos (Feirstein, 2011, p. 104)”.
Feirstein se refiere al quiebre de esas relaciones mediante el Proceso de Reorganización Nacional, pero la continuidad de prácticas genocidas en democracia es una necesidad ética y colectiva que tendríamos que visibilizar. En este sentido, Mónica Alegre, articula un diálogo entre el Proceso y la actual democracia:
Vanesa Orieta, por su parte, sostiene un debate interesante, por un lado, con respecto a la “consciencia” de las personas que ocupan cargos en la política instituida y, por otro, con la moralización de la violencia que nos puede anclar en una quietud política mientras los cuerpos siguen siendo encerrados, asesinados y desaparecidos por la “tecnología del poder” del orden reinante:
No suprimir e invisibilizar las prácticas genocidas en el presente democrático, advertir que la cárcel, el gatillo fácil y las desapariciones forzadas no son mecanismos ajenos a las diversas formas de gobernar que gestionan —y gestionarán— el Estado, sino modos específicos de aniquilamiento, control social y reorganización de relaciones sociales, nos permitiría la construcción de una posición crítica contra estos mecanismos —ya no eclipsada por el temor a que vuelvan épocas dictatoriales— y la posibilidad de articular en el tejido social alianzas solidarias y subversivas:
La Máquina necesita bifurcaciones, pero construye lógicas opresivas que coinciden. Diferentes modalidades de opresión que se acentúan o disminuyen de acuerdo a contextos históricos, pero una misma lógica estructural del poder que persiste. Coincidencias con algunos mecanismos dictatoriales, pero plena democracia: forma de gobierno que jerarquiza y privatiza la vida. Mecanismo, en la actualidad, más efectivo para la privatización de tierras, para las políticas de endeudamiento, para la economía extractivista, para la violencia patriarcal, para el gatillo fácil de todas las policías de todos los gobiernos, para la desaparición forzada, para los asesinatos en prisión, para las causas armadas, para la precarización laboral, para garantizar todas las violencias del orden reinante.
Democracia, dictadura de la mercancía, reino de los derechos, deberes y libertades, espacio de la separación y de la negación de la guerra del Estado contra las comunidades. Una de las mejores aliadas para la gestión del Capital, para la ciudadanización responsable, para la mercantilización de los vínculos, para la devastación de lo vivo; una de las mejores aliadas para la anestesia generalizada que niega lo que el Estado siempre fue, es y será: no un instrumento, sino el Capital organizado despojando, encerrando, envenenando, asesinando y oprimiendo civilizadamente.
Memoria es también tener siempre presente la función histórica del Estado y de los gobiernos que utilizan la estructura de este para garantizar las violencias cotidianas del Capital. Memoria necesaria para construir vínculos y relaciones donde la solidaridad y la auto-organización sean prácticas cotidianas no recuperables no solo para quienes son el Estado, sino también para quienes aspiran a serlo. Una memoria que nos invite a construir conceptos, relaciones, prácticas, acciones y posicionamientos en el mundo que desarrollen dinámicas comunitarias, de cuidado y de ofensivas contra las prácticas genocidas que aún perduran en los territorios. Una memoria activa contra los mecanismos dictatoriales que anularon la vida y una vida que invite a un presente ingobernable contra las lógicas patriarcales, coloniales, capitalistas y estatales que descartan lo vivo.
Roscigna
Referencias bibliográficas
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Periódico Gato Negro (2020). “Una piedra en el zapato (del Estado)”. Periódico Gato Negro [en línea]. Fecha de consulta: 20 de julio del 2021. Disponible en: https://periodicogatonegro.wordpress.com/2020/10/14/una-piedra-en-el-zapato-del-estado-charla-con-alfredo-cuellar/
Periódico Gato Negro (2021). “Las familias nos vamos a cansar de hablar de una forma pacífica y va a estar bien: palabras de Vanesa Orieta a 12 años sin Luciano Arruga”. Periódico Gato Negro [en línea]. Fecha de consulta: 20 de julio del 2021. Disponible en: https://periodicogatonegro.wordpress.com/2021/02/01/hay-un-punto-en-que-los-cuerpos-se-cansan/
Periódico Gato Negro (2021). “103 días”. Periódico Gato Negro [en línea]. Fecha de consulta: 20 de julio del 2021. Disponible en: https://periodicogatonegro.wordpress.com/2021/05/15/103-dias/
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