La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.

El documento que tiene sobre la mesa la jueza Carmen Rodríguez Medel señala que la convocatoria de movilización de CGT para el 10 de marzo se canceló el 6 de marzo «dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus», y atribuye al convocante ese entrecomillado. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto.

«Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo» fue la respuesta que dio el secretario general de CGT Banca Madrid al instructor de la Guardia Civil cuando le preguntó por «los motivos por los que la reunión» prevista para el 10 de marzo «no se celebró». Así consta en el acta de declaración que la Guardia Civil entregó al testigo cuando acabó el interrogatorio, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha de la vista, el 30 de marzo.

Así figura también en la relación de «reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la DG [Delegación del Gobierno]» que recoge el propio informe policial. El cuadro atribuye a un «cambio de fecha» el motivo de la desconvocatoria por lo que choca con la conclusión extraída por el redactor del informe a partir de la declaración del promotor de la concentración.

A pesar de la contestación firme del sindicalista, el agente siguió con el interrogatorio, encaminado a lograr respuestas que apuntasen a que la causa de la no celebración de las protesta guardaba relación directa con el peligro del virus. El acta de declaración del testigo, en poder de eldiario.es, no dice ni mucho menos lo que luego refleja la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado.

«Preguntado para que diga si la evolución del COVID-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión de la suspensión prevista, manifiesta que no», describe con claridad el acta de la declaración celebrada en la comandancia de la Guardia Civil el pasado 7 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero el informe de 81 folios que la Guardia Civil envió posteriormente a la instructora de la investigación, Carmen Rodríguez-Medel, escribe: «La manifestación prevista para el 10 de marzo de 2020 es finalmente cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros». Continúa el documento policial: “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que «dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus” [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación».

El mail que manda CGT a la Delegación del Gobierno, que también obra en poder de esta redacción y se puede consultar más abajo, comunica la desconvocatoria de la concentración sin hacer ninguna referencia al virus. Se limita a notificar la decisión: «Buenos días. Solicitamos la cancelación de la concentración prevista el próximo 10/03/2020 en Collado Villalba con N/REF 345/2020. Adjuntamos la autorización recibida de la concentración citada. Por favor, confirmen la recepción de este email».

Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el agente se interesó en hasta seis ocasiones por cuestiones relacionadas con el coronavirus, como si la Delegación del Gobierno o cualquier otro organismo le habían hecho llegar «recomendaciones concretas» relacionadas con la enfermedad, si él en calidad de promotor de la protesta había realizado alguna indicación o la fecha en la que fue «consciente de la grave situación sanitaria que padecía España». A las primeras respondió que no y en la última aseguró que fue el 10 de marzo, cuando «un compañero del SUMMA -el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid- le advirtió de que la situación era grave y que el escenario sanitario en España era muy malo y que, a partir de esa fecha, lo tuvieran en cuenta para su organización».

Esa conversación se refleja en el informe de la policía judicial, pese a haber tenido lugar con posterioridad a la decisión de cancelar la protesta sin haber comunicada a la Delegación del Gobierno preocupación alguna sobre la COVID-19, según admite el sindicalista.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Otra de las preguntas del guardia civil al sindicalista fue si había recibido alguna comunicación por parte de la Delegación del Gobierno «algún tipo de llamada telefónica previa» o si «recibieron algún tipo de consigna por parte de la Delegación del Gobierno para que la cancelación se produjera desde la propia promotora, que fueran ellos los que enviaran los correos electrónicos informando la suspensión». El representante de CGT respondió que no a ambas cosas. Ya había dejado previamente claro que la desconvocatoria en este caso respondía a cuestiones operativas.

La manipulación de estas respuestas es relevante porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la instructora de la causa y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactara por teléfono a en torno una docena de convocantes de movilizaciones.

Esas llamadas se produjeron después del 8M, para las manifestaciones previstas en las siguientes fechas.

Para el capitán que firma el atestado policial, existió una voluntad de ocultamiento por parte del Gobierno que según su tesis, realizó propuestas de cancelación de movilizaciones por la crisis sanitaria, pero sin dejar rastro: «La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran», concluye.

Fue a partir del 10 de marzo cuando empezaron a suspenderse casi todas las convocatorias por motivos sanitarios. Solo un convocante decidió antes del 8M suspender una concentración por el temor al coronavirus. Y fue el 9 de marzo, un día después de las marchas, cuando la Comunidad de Madrid comunicó un incremento sustancial de los casos detectados. Mientras que el 8 de marzo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró 28 casos nuevos, un día después se detectaron 234 -un 835% más-.

La derecha lleva meses intentado vincular el incremento de muertes a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que el periodo de incubación de la enfermedad es de tres a cinco días.