Natxo Parra es abogado y socio del Col·lectiu Ronda, la cooperativa de abogados que históricamente se ha dedicado a los movimientos sociales, sindicales y de vivienda. Es abogado laboralista, licenciado en Derecho (2005) y Ciencias Políticas (2007) por la Universitat Pompeu Fabra. En esta entrevista telefónica explica a Vilaweb los casos de abusos laborales que presencia actualmente, durante la pandemia de la COVID-19. De sanitarios que trabajan sin protección al drama de los trabajadores temporales.

¿Estos días realizan teletrabajo?

Sí, tenemos la oficina del despacho cerrada, los juzgados están cerrados y tienen paralizados juicios y plazos. Pero nosotros seguimos trabajando. Eso sí, sólo podemos hacer una parte de nuestro trabajo, la vinculada al cliente: asesoramiento e interposición de demandas. Pero si en Trabajo los casos, normalmente, tardan un año en resolverse (y eso los urgentes, como los despidos), ahora, con la COVID-19, sabemos que tardarán más. Eso genera angustia.

Acabamos de saber los datos del paro. Ha subido. ¿No decían que el gobierno del PSOE había prohibido los despidos?

Los despidos no los han prohibido. No los han prohibido jamás. El BOE sí decía que no se podría alegar el coronavirus.

¿Y si te echaban igualmente?

Pues la empresa, en lugar de veinte días por año trabajado (despido procedente), pagaría treinta y tres (despido improcedente). Y ya está. Pero te podían echar. De hecho, te pueden echar alegando cualquier causa que no sea la COVID-19, aunque sea falsa. Quiero decir que la picaresca hace que, en lugar de decir “te echo por culpa de la COVID-19”, alego que no trabajas bien y ya asumo que pagaré treinta y tres días. El BOE también hablaba del compromiso de mantener el empleo un máximo de seis meses tras las medidas. Pero, una vez más, no tiene muchas consecuencias jurídicas. Como mucho, tendrán que pagar treinta y tres días por año trabajado.

¿Cuál suele ser, en dinero, la diferencia entre pagar veinte días y pagar treinta y tres?

Como cada vez se tiene menor antigüedad, casi ni se nota. Con un año de antigüedad, en lugar de veinte días, pagan treinta y tres. Una diferencia de trece días de salario. Si se tiene una sueldo de 1.000 euros, la diferencia de echarte de manera procedente o no es de 500 euros. Ni lo notan. Si tuviéramos trabajadores con sueldos de 6.000 euros y antigüedades de treinta años, sí. Pero no suele ser el caso.

¿Qué casos le han sorprendido más?

Un caso salvaje es aprovechar la crisis para echar a una trabajadora temporal embarazada. También despedir a enfermos de coronavirus o querer imponer un reconocimiento médico obligatorio para saber quién ha pasado la enfermedad y tomar entonces una decisión.

¿Cuál es el sector más perjudicado?

Depende. Los trabajadores indefinidos sobre todo han recibido un ERTE y se encuentran con varios problemas. De entrada, que no cobran en el momento que toca. Pero aquí quiero decir una cosa: ya pasaba antes, no es nuevo. El paro cierra los pagos el 24 o el 26 de cada mes, pero, en cambio, las empresas notifican los ERTE más tarde, a finales de mes. Eso quiere decir que no cobrarán hasta el mes siguiente, y eso pasa siempre. No es ninguna novedad. Segundo problema con los indefinidos: hay empresas que utilizan los ERTE de modo fraudulento. Notifican que lo aplican para que los trabajadores trabajen la mitad del tiempo, pero siguen trabajando toda la jornada. Cobran el sueldo, pero la empresa paga sólo una parte. La otra la paga el Estado.

Trabajadores temporales

Los trabajadores temporales se llevan el golpe más duro. Las empresas han comunicado extinciones de contrato en masa, y los temporales, una vez fuera, no pueden acceder a las ayudas o mejoras previstas por los ERTE. Por ejemplo, con la COVID-19, los indefinidos con un ERTE no es necesario que hayan cotizado un año de los últimos seis para cobrar el paro. Les ayudan y lo cobran igual. Los temporales, no. Algunos se quedan sin [prestación de] paro. El Gobierno les da, eso sí, 430 euros una sola vez y ya está. Los temporales son un grupo muy precarizado. Además, la mayoría de estos contratos son un fraude de ley.

¿Perdón?

Me atrevería a decir que más del 90% de los contratos temporales son fraudulentos. En el ordenamiento laboral, la regla es que el contrato sea indefinido y el temporal, la excepción y con causa justificada. ¿Sabes aquello de “te hago un contrato de seis meses y, si te va bien, te hago indefinido”? Eso es un fraude de ley. Te deben contratar directamente como indefinido y, si quieren, incluir un período de prueba y, si no lo superas, te echan sin coste. Eso es legal, pero establecer el período de prueba con contrato temporal, no. El contrato temporal sólo es válido excepcionalmente: sustituciones de maternidad, proyectos concretos que se sabe que duran poco, etc. No es el caso de la mayoría de contratos temporales existentes, que, insisto, son fraude de ley. Para acabar, el colectivo más castigado de todos, más aun que los temporales, son los trabajadores sin papeles ni regularizados. Éstos sí que no tienen ningún tipo de ayuda ni subsidio. Creemos que ni siquiera podrán tener la renta básica universal.

¿Qué casos de sanitarios les llegan?

Sus quejas son tres: falta de equipos de protección, temporalidad y el 5 %. La falta de protección en la sanidad ha sido una locura. Trabajaban con máscaras de Decathlon y de buceo, guantes hechos en casa y bolsas de basura. Eso ha originado un contagio elevadísimo. Por otra parte, en la sanidad pública española, y especialmente en la catalana, existe un mal endémico: la temporalidad. Gente que hace ocho, diez, doce años que trabaja en el mismo hospital, habiendo firmado trescientos contratos temporales, o cuatrocientos. Y ahora que empiezan a bajar los casos y las camas de UCI empiezan a vaciarse, no les renuevan el contrato. Aquí hay una queja bastante grande. En la sanidad, nos encontramos con gente que lo ha dado todo, que ha trabajado en plena COVID-19 y que ahora verá que no le renuevan el contrato temporal. En tercer lugar, el 5 %. Hace años que perdieron el 5 % del sueldo, con los recortes, y aun no lo han recuperado. Para acabar, está el tema de los hospitales concertados.

¿Qué pasa ahí?

El Hospital de Sant Pau es concertado. El Clínic es concertado, y el de Mataró, también. El Vall d’Hebron, no. En Cataluña, la [red] concertada es muy habitual. Y en la sanidad existe una paga de productividad, que ahora es evidente que se ha recibido, pero que no se garantiza en los hospitales concertados y sí en los públicos.

Volvamos a la falta de protección. Les llega un sanitario y dice: “No tengo EPI”. ¿Qué pueden hacer?

Puedes interponer demandas en los juzgados a disposición a de los trabajadores. Un trabajador sanitario que se ha contagiado en el hospital sabiendo que la dirección no tenía EPI, ¿tiene algún derecho? Sí, debe ser resarcido. Daños y perjuicios. Sobre todo económicamente, porque quizás no pararán un hospital por falta de material de protección.

¿Y una empresa de coches o cualquier otra?

Quizás sí.

¿Les llegan quejas de trabajadores que trabajan sin distancia de seguridad?

Cada vez menos. Ahora bien: hemos previsto que, si hay rebrote, volverán a haber. Y quiero decir una cosa.

Adelante.

El sesgo de género. Es muy grande. Muchas de las personas que no han tenido ingresos eran mujeres. Trabajadoras del hogar. Ha sido un drama. Mucha desprotección. Otro caso claro de sesgo han sido los contagios. La mortalidad es mucho más alta en hombres que en mujeres, pero el número de contagios es mucho mayor entre las mujeres. Eso se explica por las residencias y los cuidados, en general, donde trabajan muchas mujeres. Trabajan por 800 o 900 euros brutos al mes, 40 horas, y con elevado riesgo de contagio.

¿Y las inspecciones de trabajo?

Nunca han tenido muchos recursos y ahora están claramente infradotadas, sí.

Para acabar: ¿cómo valoran las medidas adoptadas por el gobierno PSOE-Podemos?

La diferencia con los gobiernos de Zapatero (PSOE) de 2010 y de Rajoy (PP) de 2012 existe. Ahora es mejor para los trabajadores. Es innegable. A años luz. ¿Eso es suficiente? No. La innegable mejora no es suficiente. No ha prohibido los despidos, y las empresas pueden despedir fácilmente y lo hacen. Tampoco se ha valorado la instauración definitiva de una renta básica universal, y el Gobierno no grava impositivamente a las grandes fortunas para tener más recursos. Eso también es necesario y se nota. Hay sectores que necesitan inversión, como la sanidad.

¿Y en qué ha habido mejora, pues?

Con el gobierno de Zapatero no se hizo ninguna modificación legislativa, ninguna, para ayudar a los trabajadores. Al revés: en 2010 se flexibilizó el despido. Por comparación: eso ahora no ha pasado. No lo han hecho. Ahora bien: las medidas han resultado parches.