De momento, el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en 2019 para formar gobierno, en el que se recogía explícitamente la obligación de una “reforma del mercado eléctrico” y la “bajada de la factura” para los consumidores con el objetivo de hacer “el sistema más justo socialmente”, continúa siendo un papel. Bajar el IVA o suspender de manera temporal el impuesto a la generación eléctrica, como ya se hizo a finales de 2018, son algunas medidas planteadas por el Gobierno: la reducción del IVA al 10% hasta final de año para determinados colectivos y la suspensión hasta el 1 de octubre del impuesto del 7% sobre la producción eléctrica. Pero, ¿qué se está haciendo en otros países?

La carga impositiva en la factura es dispar en los Estados de nuestro entorno. “Países grandes como Italia o Reino Unido tienen tipos reducidos, pero lo más habitual es tener el tipo estándar como Alemania, Holanda o los países nórdicos”, explica el especialista en mercados energéticos y actual director general de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco. En el caso francés, por su parte, se aplica un IVA reducido a la parte fija y el IVA estándar a la parte variable, una opción que Fresco considera “interesante” porque “no va contra las políticas de eficiencia energética pero, a la vez, convierte el suministro eléctrico en algo de baja fiscalidad”.

Portugal adoptó el modelo francés hace dos años para los hogares con poca potencia contratada, y llegó a conseguir que la Unión Europea le permita tener un IVA reducido para los primeros kWh consumidos y, una vez superado el límite, se aplica tasa estándar. En el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se establece una modificación de la factura eléctrica para que “el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética”. Desde Facua, Rubén Sánchez, sostiene que esta es una cuestión en la que también hay que “apretar” y apuesta por mejorar las medidas prestacionales como el bono social.

Esta es una de las cuestiones que aborda también la propia Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que admite, por ejemplo, la burocratización de estas medidas. “Es necesario adoptar medidas procedimentales relativas al bono social que mejoren la automaticidad del sistema, evitando que el proceso de solicitud resulte tan complejo, en línea con los procedimientos que han sido puestos en marcha en países de nuestro entorno como Portugal o Francia, en los que la comprobación del cumplimiento de los requisitos se realiza sin necesidad de que medie la solicitud del consumidor”, explica el documento del Ministerio para la Transición Ecológica.

También se produce una diferencia importante entre España y otros países europeos. Según los datos de la Comisión Europea, los valores de renovación del parque residencial aquí son todavía bajos con respecto a los de otros países de la UE: en España, en 2014, se renovaban en profundidad aproximadamente el 0,8% de los edificios residenciales cada año, frente al 1,82% de Austria, el 1,75% de Francia o el 1,49% de Alemania. “Por ello, se requiere un importante esfuerzo para impulsar la actualización de nuestro parque de edificios y, para ello, se deben tener en cuenta factores como la condición socioeconómica de los hogares”, afirma el Gobierno en la mencionada estrategia nacional.