Hasta aquí, todo muy normal: una investigación revela unas prácticas claramente anti-competitivas llevadas a cabo por una gran compañía, y habrá que plantearse cómo ponerles coto. Pero más allá de la cuestión en sí, hay algo potencialmente mucho más insultante, que ha hecho saltar como un resorte a varios miembros, tres demócratas y dos republicanos, del Comité del Congreso ante el cual Jeff Bezos y otros directivos de la compañía declararon en los meses de julio de 2019 y de 2020: que varias de las preguntas durante esa comparecencia se refirieron de manera inequívoca y específica a esa cuestión, al uso de la información de otras compañías que utilizaban la plataforma, y los directivos de Amazon negaron sistemáticamente lo que la investigación ahora demuestra de manera clara.

Mentir intencionadamente ante el Congreso de los Estados Unidos no es una cuestión menor, y de hecho, lo que ahora se plantea es la posibilidad de que el Departamento de Justicia emprenda ahora una investigación criminal contra unos directivos que, de manera clara, engañaron y mintieron al Comité del Congreso encargado de la investigación, mientras se encontraban además bajo juramento. En alguno de los casos, un directivo de Amazon llegó a afirmar específicamente que «no utilizamos datos de vendedores individuales directamente para competir con ellos en la plataforma de la empresa», precisamente lo contrario de lo que la reciente investigación afirma.

El caso de Amazon, además, es todavía más grave: en ocasiones anteriores, personas del equipo de relaciones públicas han llegado a dirigir tweets irónicos y casi insultantes a miembros del Congreso cuando se trataban temas relacionados con las prácticas de la compañía, hasta el punto de que, en algunas ocasiones, se llegó a pensar que las cuentas corporativas habían sido comprometidas. Es decir: tenemos una compañía que además de mantener una marcada actitud hostil ante los representantes de los ciudadanos, les miente de manera descarada estando bajo juramento y sin que ello les genere, aparentemente, ningún tipo de remordimiento.

La cuestión no es, por otro lado, en absoluto algo aislado. Cada día más, nos estamos acostumbrando a la visión de directivos de compañías que, al ser investigados, deciden ignorar completamente cualquier cuestión ética y mentir de forma completamente descarada y evidente, poniendo por delante los beneficios de la compañía frente a las demandas de responsabilidades que les hacen estamentos perfectamente cualificados para ello, como jueces o miembros del Congreso. En muchos sentidos, la práctica de la ética empresarial parece haberse sustituido por un «vale todo» que lleva a que esos directivos se encuentren perfectamente cómodos negándolo todo, incluso cuando los documentos internos de la compañía o las evidencias más claras indican una realidad muy diferente.

Pasar de tener una compañía multibillonaria y con un crecimiento desmesurado a sentir que estás por encima de todo, del bien y del mal, y que tienes derecho a lo que sea debe ser, aparentemente, una línea muy fina. Pero la situación, en este caso, no puede ser más clara, y el Congreso haría muy mal y sentaría un espantoso ejemplo si permitiese que algo así pasase sin ningún tipo de acción.