Polarización

Era evidente tras las segundas elecciones del 10 de noviembre que uno de sus efectos, con la subida de escaños de Vox, era la extrema polarización de la situación política. En el debate de investidura ha llegado a extremos inéditos y se ha convertido en la principal estrategia del bloque tripartito de la derecha extrema para negar legitimidad constitucional al gobierno de coalición progresista, al que se define por la “traición”, al apoyarse en “comunistas, independentistas y terroristas”. La escenificación de esta estrategia ha tenido lugar al segundo día del debate (5 de enero), durante la intervención de la representante de Bildu y ha alcanzado niveles patéticos y grotescos.

Es un cambio significativo de contexto, como ha subrayado el representante de ERC, que ha modificado también la respuesta de todas las fuerzas que han decidido apoyar al nuevo gobierno con su voto positivo o con la abstención. Fracasadas las presiones para un “gobierno constitucionalista” propuesto por los restos del naufragio de Ciudadanos y apoyado por los distintos portavoces de la patronal, excluida la abstención del PP o Ciudadanos para permitir un gobierno minoritario y sumiso del PSOE, la estrategia de polarización, enfrentamiento abierto y derrota de las izquierdas que han impuesto PP y Vox anuncia una legislatura en la que la palabra “estabilidad”, al menos en el terreno político-institucional, carecerá de sentido. Nos preguntábamos en nuestro anterior editorial si Unidas Podemos haría del gobierno un “terreno de disputa”. La pregunta ahora es banal, porque los que van a hacer de toda la administración y los poderes del estado un “terreno de disputa” es el bloque de la derecha extrema. O, con las palabras de otro artículo de Sin Permiso: “El PSOE a estas alturas disfrutará de la medicina del «todo vale» contra el enemigo que él ha contribuido a recetar, fabricar y administrar. Ahora el PSOE conocerá bien el percal y que el Estado, el Estado con mayúsculas, quiere continuar dando.”

Si había dudas de que movilizarían en su estrategia de acoso y derribo a los sectores reaccionarios incrustados en el aparato del estado, en buena medida gracias al reparto clientelar bipartidista del Régimen del 78, la decisión de la Junta Electoral Central (siete votos contra seis) sobre el President de la Generalitat Torra y el eurodiputado preso Junqueras, que puede calificarse de inconstitucional, zanja la cuestión. Tan evidente ha sido su objetivo de bloquear la investidura de Sánchez y al gobierno de coalición progresista, que ha tenido sin duda el efecto contrario. Como se explica en otro artículo: “Si los que en la Junta Electoral tomaron esa decisión para intentar boicotear la investidura del gobierno y darle otra vuelta de tuerca al movimiento de emancipación nacional catalán, el tiro les ha salido por la culata. Han vuelto a dejar al desnudo el carácter de este régimen y sus aparatos del Estado y no les servirá para detener la movilización.”

Pero también ha puesto en evidencia la naturaleza y los limites del Régimen del 78.

Otro ejemplo, esta vez en el debate, han sido los intentos del bloque de la derecha extrema de  silenciar cualquier mención al papel de la monarquía, impidiendo la libertad de expresión. Como la judicatura, la monarquía es otro de los pilares más cuestionables del Régimen del 78, heredada directamente de las postrimerías del franquismo y baluarte de los privilegios de las clases dominantes. Su función constitucional de último baluarte de esos privilegios en caso de crisis del Régimen del 78 fue intuido en el golpe de estado del 23-F de 1981, pero fue patente en el discurso de Felipe VI sobre la situación en Cataluña del 3 de octubre de 2017, avalado por el gobierno Rajoy, y los intentos de un cambio de imagen que salvaguardarán a la monarquía de la crisis general del Régimen del 78 con la abdicación de Juan Carlos I, el discurso de Navidad de 2019 de Felipe VI o el nuevo protagonismo de la heredera de la Corona. En la estrategia de polarización extrema de la derecha se espera de esa monarquía que sea garante, como jefatura de los ejércitos, de la unidad del estado y que deslegitime al gobierno “traidor”.

Es decir, la lógica de la estrategia del bloque de la derecha extrema es la amenaza golpista. No debería extrañar, porque en definitiva, esa amenaza ha sido un elemento constitutivo de la “modélica Transición”, que se plasmó en acciones terroristas como el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha de Comisiones Obreras, estuvo presente en las negociaciones para la legalización del PCE, marcó los debates constitucionales y volvió a cobrar forma el 23-F de 1981. Ver participar en ella al hijo del que fue presidente del gobierno español Adolfo Suárez es un recordatorio de la razón de la fuerza que acompaña la defensa de los intereses de las clases dominantes en el Reino de España.

La memoria histórica y la evidencia de este cambio de contexto con la polarización extrema y la estrategia de amenaza golpista es lo que ha reconstruido la mayoría de la moción de censura que acabó con el Gobierno Rajoy el 1 de junio de 2018, atrapado en un lodazal de corrupción, por -conviene recordarlo- 180 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención. La incapacidad para gestionar las contradicciones del régimen del 78, que a eso han respondido las vacilaciones políticas de Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de abril de 2019, han terminado finalmente en la actual situación política, en la que cuenta con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones que hacen posible lo que es a la vez una respuesta defensiva de las izquierdas y una ventana de oportunidad, como se ha señalado insistentemente en los debates.

Programa

Aunque lo fundamental de la actual coyuntura política es el contexto de polarización extrema, del programa de medidas concretas que aplique el nuevo gobierno de coalición progresista depende esa ventana de oportunidad para cambiar a favor de las izquierdas la correlación de fuerzas y abrir un nuevo ciclo político.

El programa desgranado por el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, en su intervención es el resultado de un largo desarrollo de evolución, que va de la “Propuesta abierta para un programa común progresista” del PSOE del 3 de septiembre, al documento de coalición PSOE-UP del 12 de noviembre hasta el Acuerdo de Coalición Progresista de 31 de diciembre.

A ello hay que sumar los acuerdos negociados entre el PSOE y el resto de las fuerzas que apoyan o permiten con su abstención el gobierno: con PNV, ERC, BNG, Nueva Canarias, Compromis, Teruel Existe. Más País, la formación con 2 diputados de Iñigo Errejón, anunció su voto favorable tras el acuerdo PSOE-UP. Bildu quedó excluido de las negociaciones, pero condicionó su abstención al acuerdo PSOE-ERC. Coalición Canaria remitió un texto al PSOE y finalmente, sin concretar un acuerdo, anunció su abstención (que su diputada Orama ha anunciado transformará en un No, rompiendo la disciplina de la formación). Y el PRC, que gobierna Cantabria con el apoyo del PSOE -y respaldó a Sánchez en la anterior investidura fallida de 30 de julio-, ha adelantado su cambio del SI al NO tras conocer el acuerdo PSOE-ERC.

Este paquete de medidas, que no cabe la menor duda que está muy por debajo de lo que la situación social y económica exige para la inmensa mayoría de la población no rica, condicionado por el método de negociación, no puede suponer un programa de cambio coherente, sino que representa una suma de “medidas de emergencia” para recuperar los derechos políticos y sociales perdidos y recortados por los gobiernos del PP (a lo que habría que añadir implícitamente las producidas por el giro neoliberal a mitad de la segunda legislatura de Zapatero, cuyo pináculo fue la reforma constitucional del art. 135).

La hegemonía del PSOE en el nuevo gobierno, marcada por la perdida de 8 escaños de Unidas Podemos en las elecciones de noviembre, se ha concretado en la delimitación de su acceso al gobierno al área social, con una vicepresidencia y cuatro ministerios, desgajadas sus competencias de los existentes. Y como consecuencia de ello, la asunción de la iniciativa del PSOE en los temas territoriales y en los llamados “ministerios de estado”, aceptando la exclusiva negociación del PSOE en nombre de la coalición con el PNV (a pesar de que su presupuesto vasco ha sido apoyado por Elkarrekin-Podemos), ERC y el resto de las fuerzas que apoyan o posibilitan el nuevo gobierno.

La tradición política española no se ha caracterizado nunca por su fidelidad a los programas. Incluido el añorado por algunos “anguitismo” de Izquierda Unida (“Programa, programa, programa”) que terminó con el pacto sin principios de Frutos con Almunia y en desastre electoral. Si algo la ha definido ha sido su flexibilidad táctica ante los cambios negativos de la correlación de fuerzas y su marcado institucionalismo defensivo. Más allá del centro-izquierda, el “eurocomunismo” en sus distintas variantes ha sido su “sentido común”. Ha sido evidente en los debates de estos meses en Unidas Podemos y tuvo un nuevo momento de apogeo cuando el propio Pablo Iglesias recetó contra la “ultra-ultra-derecha” de Vox, “leyes, leyes, leyes” en el debate de investidura.

Pedro Sánchez lo ha subrayado también en los debates de estos días como garantía de respeto a los límites institucionales de la acción del gobierno de coalición progresista: hay un consenso fuerte entre PSOE y Unidas Podemos de que los márgenes de actuación económica son estrechos, por los compromisos heredados con la Unión Europea, y por la tendencia a la desaceleración económica que anuncia una nueva recesión.

En definitiva, el conjunto de las “medidas de emergencia” pactadas, que representan esa ventana de oportunidad, dependerán de la voluntad política de respetar tres contradicciones esenciales:

1) La de los límites políticos constitucionales del Régimen del 78, en el marco del pulso por la correlación de fuerzas impuesto por la estrategia de polarización extrema del bloque de derecha extrema. Gran parte de la posibilidad de recuperación y extensión de derechos civiles, que fue la principal contribución del primer Gobierno Zapatero, y que ahora definen capítulos enteros del programa de gobierno en libertades democráticas, memoria histórica, renovación institucional, democratización del aparato del estado dependen de hasta que punto se aceptarán los límites estructurales del Régimen del 78 o se comenzarán a cuestionar.

2) La que establece el Pacto Fiscal Europeo, la necesidad de recuperar y ampliar hasta la media de la eurozona el gasto público, en especial el gasto social, y las medidas parciales de reforma fiscal. Es imprescindible una modernización del aparato del estado que acompañe a un aumento sustancial del gasto público (como se ve en el cuadro, el Reino de España es el estado de la OCDE que peor redistribuye en la lucha contra la pobreza). Pero la gestión de la Gran Recesión ha puesto en obscena evidencia el carácter estructural del “capitalismo de amiguetes” del Régimen del 78, el clientelismo rentista en la apropiación del presupuesto -que el “equilibrismo” de Zapatero intentó gestionar como un toma y daca a los intereses sociales enfrentados y que los ERE de Andalucía llevaron al esperpento- y la corrupción pura y dura. Resolver esa contradicción exige voluntad política de cambiar la correlación de fuerzas para aplicar las medidas anunciadas. Pero ante su insuficiencia, que pronto se manifestará, también la de ir más allá en un doble desafío: a) Plantear una flexibilización a las exigencias del Pacto Fiscal Europeo, desarrollando pacientemente una estrategia de alianzas europeas para ello (superando el “síndrome Syriza”) y b) avanzando la necesidad de una reforma fiscal coherente y global.

3) La de la crisis financiera del Estado de las Autonomías y la negociación de una solución democrática a la cuestión nacional en un Reino de España que niega no solo su carácter plurinacional, sino una solución federal o confederal republicana. Ambas se entrelazan, especialmente porque el PSOE busca la solución de la crisis constitucional en Cataluña (y la larvada en el País Vasco) a través de una reformulación del Estado de las Autonomía que refuerce el carácter bilateral de la relación entre el Estado central y las nacionalidades históricas y lo haga compatible al mismo tiempo con un marco de negociación de las comunidades regionales que iguale los niveles de desarrollo y las prestaciones de un Estado de Bienestar transferido en buena parte. Como ha señalado el representante del PNV en los debates de estos días, de lo que trata en gran medida el acuerdo con el PSOE es, simplemente, de “que se cumpla la ley” en un Estado de las Autonomías bloqueado por la “recentralización”. En el caso del acuerdo con ERC -cuesta decirlo- que se recupere la democracia en Cataluña, que ha sido el tema de mayor polarización con la extrema derecha y la derecha extrema, y se acabe la intervención inconstitucionalmente represiva del Estado central, abriendo una mesa de diálogo bilateral sobre una crisis constitucional que ha producido presos y exiliados.

Una estrategia republicana y socialista

También en el debate han aparecido atisbos, en la intervención de Pablo Iglesias, de la necesidad de superar el marcado “institucionalismo” no solo de la elaboración del programa sino en su aplicación. Sin una movilización y una reconstrucción a través de ella del tejido de la izquierda social, de los movimientos y de los sindicatos de clase, no se podrá hacer frente ni a la movilización institucional, en la disputa en el aparato de estado, ni en las calles, del bloque de la derecha extrema. Mientras tenía lugar el primer día de debate, ya hubo una manifestación de 15.000 personas, apoyada por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que recorrió la “zona nacional” del barrio de Salamanca, hasta las puertas del Congreso de Diputados, contra la “traición” del gobierno de coalición progresista y en apoyo de la estrategia de amenaza golpista.

Quienes estamos convencidos de la crisis estructural del Régimen del 78 tenemos sobradas razones para mostrar nuestro escepticismo ante la capacidad de acción del nuevo gobierno de coalición progresista. Pero su bloqueo, por no hablar de su derrota, supondría ese giro a la derecha, esa reconstrucción reaccionaria del Régimen del 78 por la que aboga abiertamente el bloque de la derecha extrema. Evitarlo exige una movilización social con el objetivo consciente de un giro a la izquierda. Primero para poner en práctica las medidas anunciadas en el “programa de emergencia” por insuficientes que sean, segundo para darle coherencia y exigir, cuando choque con los límites estructurales de la crisis del Régimen del 78, que ponga por delante los intereses de los trabajadores, de las clases populares, sus derechos democráticos, nacionales y sociales, a los privilegios enquistados de las oligarquías reaccionarias y neoliberales.

Apoyar críticamente al gobierno de coalición progresista para ese giro a la izquierda implica el doble compromiso de contribuir a la movilización social en sus múltiples formas, defender su autonomía y auto-organización, y también defender la necesidad de una estrategia republicana y socialista para ayudar a construir una alternativa al régimen del 78, con sus objetivos y sus instrumentos. Porque la presión de la estrategia de la amenaza de golpe de las derechas extremas y la extrema derecha pondrá más pronto que tarde en evidencia la necesidad de esa alternativa.

Es un debate que, lejos de terminar con esta investidura y con la constitución del gobierno de coalición progresista, comienza y se hace más urgente.