A fines del año pasado, Jonathan Martínez Tijera, de 30 años, desapareció en el estado de Morelos. Su madre, Felicitas Tijera Carvajal, se sumó entonces a los cientos de miles de mexicanos que desde hace años buscan a algún familiar.

La incertidumbre duró poco. El 16 de enero, funcionarios de la Fiscalía Regional Oriente le entregaron en un cajón cerrado un cuerpo hallado a la vera de un río. Le dijeron que era su hijo. La víctima, muerta en circunstancias no aclaradas, fue velada y enterrada.

Tijera Carvajal anduvo penando su duelo, hasta que el 1 de febrero se enteró de que su hijo estaba vivo, tratando de recuperarse de sus adicciones.

Le habían entregado un cuerpo al que no se le habían aplicado protocolos básicos de identificación. Un cuerpo equivocado.

Su caso no es el único. Las morgues en México están colapsadas. La crisis forense ha sido reconocida incluso por las autoridades. Ningún país está preparado para tener más de 300.000 personas asesinadas y más de 60.000 desaparecidas en 14 años.

La guerra contra el narcotráfico

Eso es lo que ha padecido el país desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que exacerbó la violencia y que todos los días sigue sumando nuevas víctimas.

Como resultado del alud de muertos, los cadáveres se amontonan en las morgues y en las fosas comunes ilegales. Y cada tanto estalla el escándalo de familiares que reciben cuerpos ajenos como resultado de una serie de irregularidades: no se les practican necropsias ni se realizan perfiles genéticos, no se cotejan ADN ni huellas dactilares, los restos carecen del debido resguardo y no hay expedientes que expliquen los motivos del fallecimiento.

Está, por ejemplo, la historia de los 72 migrantes asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, en Tamaulipas. La mayoría provenía de Centroamérica con la intención de ingresar de manera irregular a Estados Unidos, pero en el camino fueron asesinados por el Cártel de Los Zeta. Las 50 víctimas supuestamente identificadas por las autoridades mexicanas fueron enviadas a su país de origen, incluidos 16 hondureños, pero al llegar allá varias familias rechazaron la entrega porque se dieron cuenta de que les habían mandado cuatro cuerpos equivocados. Uno de ellos fue Alejandro Espinoza, quien denunció que su sobrino era negro pero le querían entregar el cuerpo de un indígena brasileño.

Las identificaciones erróneas se suceden. Así ocurrió en mayo de 2015, cuando por lo menos dos de las 43 personas asesinadas en el rancho El Sol, en Michoacán, fueron entregadas a otros familiares. O en 2016, cuando un ciudadano canadiense que falleció en Puerto Vallarta fue incinerado por una familia que no era la suya. En marzo del año pasado, el Servicio Médico Forense de Culiacán, en Sinaloa, le entregó un cadáver equivocado a una familia que tuvo que devolver el cuerpo momentos antes de sepultarlo. Su verdadero familiar sigue reportado como desaparecido.

Objetivo prioritario para el gobierno

El año pasado, Roberto Cabrera Alfaro, el primer titular que tuvo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), presentó un informe de trabajo en el que reconoció que los servicios forenses estaban superados y que había cuerpos que se entregaban por error, aunque no hay una estadística oficial.

Su sucesora, Karla Quintana Osuna, presumió en agosto de 2019 que por primera vez se estaba haciendo un seguimiento cotidiano sobre la identificación y entrega de cuerpos. En diciembre, cuando puso en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que tendría un presupuesto ilimitado porque la búsqueda, reconocimiento y entrega de cuerpos era un objetivo prioritario. En Coahuila ya se destinaron recursos para la creación de un centro de identificación humana que opere a nivel regional en el norte del país. Y está en marcha la elaboración de un diagnóstico nacional forense para conocer las condiciones en las que trabajan los más de 250 centros forenses de México.

El mes pasado, el gobierno reconoció que hay por lo menos 61.637 personas desaparecidas, la mayor parte de ellas reportadas desde el inicio de la guerra narco. Durante el primer año de gobierno de López Obrador, se encontraron 873 fosas clandestinas en las que se exhumaron 1.124 cuerpos, se identificaron 395 y solo 243 se entregaron a sus familiares. Las cifras demuestran que la tarea de recuperar a las víctimas sin errores de identidad será titánica.