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La abdicación del rey Juan Carlos I se hizo como se hizo en 2014, porque, de no haberse hecho en ese momento, tal vez no hubiera podido hacerse más tarde. Se acababa de poner de manifiesto en las elecciones europeas celebradas en el mes de mayo que se había puesto fin al «bipartidismo dinástico», que había dominado nuestro sistema político desde antes incluso de que se iniciara el proceso constituyente de 1978. Todavía en el mes de junio de 2014 el bipartidismo seguía en pie. Con los resultados de las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2011, el dominio del PP y del PSOE era incontestable. Pero se tenía la seguridad de que no sería así a partir de las próximas elecciones generales en 2015, como efectivamente ocurrió.

Tanto el rey Juan Carlos I, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegaron a la conclusión de que o se hacía en ese momento la abdicación o tal vez no fuera posible hacerlo más tarde. En el mes de junio se podía controlar todavía la tramitación parlamentaria de la abdicación y se podía contar todavía con que no habría un escrutinio embarazoso por parte de los medios de comunicación sobre la misma. El bipartidismo que nace con La Restauración monárquica vestida de «Transición a la Democracia», volvía de esta manera a sus orígenes dinásticos. Cancela de manera controlada la primera fase de la Segunda Restauración y da paso, de manera más o menos ordenada, a la segunda con la sustitución de Juan Carlos I por Felipe VI.

No se puede dejar de reconocer que la intuición del rey Juan Carlos, del presidente del Gobierno y del secretario general del PSOE fue acertada. Es más que probable que a partir de octubre de ese 2014, momento en que estalló el escándalo de las «tarjetas black» de Caja Madrid, en el que estaba implicado el Jefe de la Casa Real del rey Juan Carlos I, ya no se hubiera podido controlar la abdicación de la manera que se controló en el mes de junio. No digamos nada lo que hubiera sido una abdicación con la composición del Congreso de los Diputados a partir de las elecciones de diciembre de 2015.

Corolario de la precipitación con que tuvo que hacerse la operación, fue la forma chapucera, constitucionalmente hablando, en que se materializó, regulando de manera separada la abdicación propiamente dicha de la definición del estatus jurídico del Rey tras la abdicación, del que hemos dado en denominar Rey emérito. La finalidad no era otra que la de proyectar de alguna manera la «inviolabilidad» del rey Juan Carlos I tras su abdicación. El rey emérito dejaba de ser formalmente inviolable, pero materialmente se intentaba conseguir que lo siguiera siendo. Este era el objetivo de la operación.

A medida que va pasando el tiempo y que va desapareciendo la conspiración de silencio sobre la ejecutoria del rey Juan Carlos I durante sus años de reinado, se comprende mejor por qué se hizo la abdicación en el momento en que se hizo y de la forma en que se hizo. Se entiende por qué la obsesión con la prolongación de la «inviolabilidad material» del rey emérito, cuya custodia se confió al Tribunal Supremo.

En esta atribución en exclusiva al Tribunal Supremo del conocimiento de la conducta del rey emérito descansa el rechazo de cualquier investigación sobre la ejecutoria del rey en sede parlamentaria desde entonces. La atribución al Tribunal Supremo ha sido interpretada no solo como exclusiva en el orden jurisdiccional, sino como excluyente, además, de cualquier investigación de naturaleza política.

Por eso no es fácil encontrar jurídicamente encaje a una comisión de investigación parlamentaria sobre la trayectoria del rey Juan Carlos I. Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados es prácticamente seguro que informarán en ese sentido ante cualquier iniciativa de cualquiera de los grupos parlamentarios que la adopten.

Pero, si se van confirmando las noticias que aparecen en los medios de comunicación, va a resultar sumamente difícil impedir la investigación parlamentaria. No se puede estar predicando que estamos en una lucha sin tregua contra la corrupción y negarse a examinar la evidencia sobre una conducta corrupta en la cabeza del sistema. Porque una sociedad puede convivir con el desconocimiento de la trayectoria corrupta del rey que ocupa la Jefatura del Estado, pero difícilmente puede aceptar negarse a ver la evidencia de la corrupción que se pone a la vista.

Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana, escribió Friedrich Engels en el Anti-Dührig. Durante muchos años se ha estado tolerando una conducta inaceptable en la confianza de que nunca acabaría llegando a la opinión pública. Se conocería en círculos reducidos, pero no se daría a conocer a través de los medios de comunicación. Da toda la impresión de que no va a ser así. La misma resistencia frente a la comisión parlamentaria, puede convertirla en una exigencia irresistible.

Fuente:

https://www.eldiario.es/contracorriente/comision-parlamentaria-rey-emerito_6_1002709739.html