La colaboración y coordinación de la represión de la disidencia política entre Argentina y Honduras(1979/83)

Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2023/06/10/la-colaboracion-y-coordinacion-de-la-represion-de-la-disidencia-politica-entre-argentina-y-honduras-avances-de-investigacion-1979-1983-por-julieta-rostica/                                                   Julieta Rostica                                                                             

Secuencia (111), septiembre-diciembre, 2021

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Resumen: Este artículo realiza un exhaustivo estado de la cuestión sobre la colaboración de la dictadura militar argentina (1976-1983) en la “lucha contrasubversiva” en Honduras y su coordinación con otros países de la región, un análisis crítico de la producción existente y su confrontación con la evidencia sistematizada proveniente de archivos latinoamericanos oficiales. Para ello indagamos en las agregadurías militares, en la formación militar en Argentina, en la integración de órganos de coordinación de inteligencia y operaciones y en la asesoría militar. Nuestra hipótesis es que la dictadura militar argentina colaboró con los gobiernos de Honduras de una forma muy específica y diferente a otros casos centroamericanos: en un comienzo integrando órganos de coordinación de inteligencia y operaciones (1980-1981), más luego enviando asesores militares (1982-1983). El objetivo principal no fue reprimir la disidencia política local, ni la persecución de internacionalistas argentinos en Centroamérica, sino entrometerse en el conflicto salvadoreño y nicaragüense..

INTRODUCCIÓN

La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía militar, económica, política y cultural, conocida como la guerra fría, se dirimió de una forma particular en América Latina, lo que valió diferentes interpretaciones y corrientes dentro de la historiografía que fueron sintetizadas en forma reciente por Vanni Pettina (2018). En la actualidad, el debate volvió a abrirse en la revista Cold War History entre Gilbert Joseph (2019, 2020) y Marcelo Casals (2020), pero sobre un común acuerdo: que la larga guerra fría latinoamericana tiene que escribirse corriendo el foco puesto en la historia de las superpotencias, a través de una reposición de la agencia de los sujetos latinoamericanos y desde la perspectiva de los estudios transnacionales. Para Casals (2020), la producción escrita en español, que es muy poco conocida en el mundo anglosajón, complementa, complica e incluso desdibuja los consensos explícitos e implícitos sobre los cuales avanza la historia de la guerra fría. La presente investigación se inserta en esta línea. La crisis centroamericana de fines de los años setenta y comienzos de los años ochenta, y especialmente el papel de Honduras en la región, generalmente fue pensada a través del prisma estadunidense. En este trabajo buscamos correr a la superpotencia del análisis, incluso a sus propias fuentes, y proponer una perspectiva latinoamericana, tal como, con otras temáticas, han impulsado Roberto García Ferreira y Arturo Taracena Arriola (2017), Tanya Harmer (2013), Joao Fábio Bertonha y Ernesto Bohoslavsky (2016), Benedetta Calandra y Marina Franco (2013), entre otros y otras colegas de la región. Según Aldo Marchesi (2017), en la llamada historia reciente”, dentro del campo de los estudios sobre la guerra fría latinoamericana: los intercambios transnacionales fueron evidentes para cualquier analista de la región, y diversos actores (guerrilleros, militares, movimiento de derechos humanos, etc.) coordinaron regionalmente sus proyectos, estos procesos políticos han sido explicados más que nada en términos nacionales o por medio de enfoques comparativos que, en los últimos años, reforzaron las diferencias nacionales sin considerar los modos como fueron construidos los diálogos regionales (p. 193).

El análisis de la transnacionalización de la violencia política a través de coordinaciones supraestatales de la represión, quedó generalmente delimitado al estudio del Plan Cóndor y al papel protagónico de Estados Unidos, aunque en menor medida el trabajo de Ariel Armony (2004), quien en la pionera obra compilada por Daniela Spenser sostuvo que “la cruzada argentina en Centroamérica fue un paso final en la creación de zonas de colaboración y contacto transnacional con distintos tipos de formalización […] zonas de contacto [que] no están ubicadas en un territorio determinado, sino que representan espacios de intercambio y circulación de ideas, vínculos y recursos” (p. 321). Por otra parte, la articulación entre Cóndor y los países centroamericanos generalmente se ha supuesto, mas no se ha demostrado cabalmente. Estas conjeturas nos condujeron a investigar, desde el año 2013, los vínculos específicos y bilaterales entre la última dictadura militar argentina (1976-1983) y los regímenes represivos de Guatemala, El Salvador y Honduras, con el fin de dilucidar si efectivamente existió la colaboración argentina en la “lucha contrasubversiva” en América Central, cuáles fueron las diferencias y las similitudes entre los casos nacionales a través de la utilización de la comparación analítica, y si hubo o no una coordinación represiva, pero desde el enfoque de la sociología histórica. Nos interesa pensar, incluso, si esa colaboración se tradujo en una coordinación de órganos de inteligencia y de operaciones entre diferentes Estados-nación para la persecución, detención ilegal, interrogatorio, desaparición forzada o asesinato de opositores políticos. En síntesis, intentamos brindar nuevos conocimientos y enfoques interpretativos a la reflexión sobre la guerra fría latinoamericana (García Fernández, 2018; Molinari, 2018; Rostica, 2018, 2021; Rostica, Kovalskis, Molinari y Oberlin, 2020; Sala, 2018, 2020).

Hacia mayo de 1978 la Junta Militar de la dictadura argentina dio por finalizada la situación de excepcionalidad en el esquema de poder y, en septiembre de 1978, un mes antes de que entrara en vigor la enmienda Humphrey-Kennedy,1 aprobó las primeras “Pautas de la Junta Militar para el Poder Ejecutivo Nacional (para el ejercicio de la acción de gobierno 1979-1981). En los anexos secretos se ofrecía una estrategia para paliar los problemas que acarreaban los vínculos tensos con Estados Unidos y la competencia con Brasil por la hegemonía en la región: diversificar al máximo las conexiones de Argentina con la sociedad internacional, en todos los campos, para crear y mantener abiertas opciones de política “positivas y flexibles”, ampliando el margen de su libertad de acción internacional “sin condicionamientos políticos”.2 Estas “Pautas” son la consecuencia de las fuertes presiones internacionales en torno a las denuncias por las violaciones a los derechos humanos y la futura visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) a Argentina, que se concretaría en septiembre de 1979, lo que la dictadura argentina interpretaba como “intervención en los asuntos internos”, puesto que es importante remarcar que, si bien existieron diferencias en torno a la cuestión política dentro de las Fuerzas Armadas, había un verdadero consenso en torno a la “lucha contra la subversión” (Canelo, 2016). La tibieza del gobierno de James Carter en el conflicto nicaragüense, el triunfo de la revolución sandinista en 1979 y la hipótesis de que la misma tendría un efecto dominó en las guerrillas de El Salvador y Guatemala provocaron una reacción antiamericana que aglutinó y generó una oportunidad política para la reactivación de las redes transnacionales de las derechas anticomunistas latinoamericanas. Mientras que, por un lado, la Confederación Anticomunista Latinoamericana, con los representantes de México y Paraguay presidiéndola, se posicionaba contra los demócratas estadounidenses y planificaba reunirse en 1980 en Argentina, por otro lado, la dictadura militar argentina estrechó sus lazos oficiales y en materia de seguridad nacional con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras a partir de ese mismo año. Los diplomáticos argentinos sabían que el apoyo económico y militar estadunidense era nulo y escaso para Guatemala y El Salvador, respectivamente, y no dudaban de la inacción del ejército hondureño. La dictadura argentina se encargó de profesionalizar a los altos mandos de la inteligencia de Guatemala y le dio el mayor apoyo político, económico y militar desde muy temprano como en 1978. En el caso de El Salvador, el apoyo se disparó en 1981, tras la “Ofensiva Final de enero por parte de la guerrilla unificada. Como hemos documentado en otros artículos, tras la declaración franco-mexicana de finales de agosto de 1981 no parece ser cierto que se haya concretado una operación interamericana contra la guerrilla salvadoreña con la inclusión de Estados Unidos y Argentina, pero no hay dudas sobre el grado de responsabilidad de Argentina en la represión interna (Rostica, 2021; Rostica, Kovalskis, Molinari y Oberlin, 2020).

Como veremos a continuación, desde el año 1983 ha habido una pródiga producción, especialmente periodística, que ha afirmado que la colaboración de la dictadura militar argentina en la “lucha contrasubversiva” en la región centroamericana tuvo su epicentro en Honduras y que esta estuvo encauzada contra la revolución sandinista, favoreciendo la formación de la Contra. Este artículo busca interrogar dicha afirmación a partir de una investigación basada en fuentes oficiales sobre el caso específico de Honduras y ahondar en la magnitud, la forma, la temporalidad de la colaboración argentina en materia de seguridad nacional y estimar su impacto y consecuencias en Honduras y la región centroamericana.

La documentación que utilizamos, recientemente desclasificada, proviene del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina (mrec), del Archivo General del Ejército de Argentina (age), de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica (Argentina) y del Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala), entre otros, para, precisamente, construir evidencia que no parta de los actores políticos y militares estadunidenses, sino de nuevos elementos empíricos, pero también para reponer una vieja deuda histórica del Estado argentino para con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, la cual ha hecho pedidos reiterados a Argentina, pero frustrados, para que desclasifique los documentos relativos a Honduras durante el periodo de la última dictadura. Creemos que es necesario e imprescindible enfocarnos en estas relaciones específicas durante uno de los periodos más duros de la historia latinoamericana.

El artículo, en primer lugar, elabora un análisis crítico sobre la literatura publicada hasta entonces y muestra los vacíos existentes. En segundo lugar, informa qué es lo que sí podemos afirmar hasta el momento sobre la presencia y accionar de la inteligencia civil y militar argentina desde el año 1980 en Honduras. Por último, analiza cuál puede haber sido el impacto y las consecuencias en materia de represión política. Nuestra hipótesis es que la dictadura militar argentina colaboró con los gobiernos de Honduras de una forma muy específica y diferente a otros casos centroamericanos: en un comienzo integrando órganos de coordinación de inteligencia y operaciones (1980-1981), más luego enviando asesores militares (1982-1983). En ambos casos el objetivo principal no fue incidir en los procesos políticos hondureños de reprimir la disidencia política local, ni la persecución de internacionalistas argentinos en Centroamérica de las organizaciones político-militares, sino entrometerse en el conflicto salvadoreño, primero, y en la lucha contra la revolución nicaragüense, después, para posicionarse con un importante rol geopolítico y económico en la región, ganar la amistad, los votos en los organismos internacionales, nuevos mercados y gestar una nueva alianza continental, de acuerdo con las Pautas elaboradas para 1979-1981.

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NOTAS:

1 Mediante la ley de asignación de fondos para la asistencia exterior y programas relacionados para el año fiscal que finalizaba el 30 de septiembre de 1978 y para otros fines (Public Law 95-148 del 31 de octubre de 1977), el Congreso de Estados Unidos decretó que no se podía asignar al gobierno de Argentina fondos destinados a la educación y entrenamiento militar. Asimismo, que no se podrían destinar créditos militares a los gobiernos de Argentina, Brasil, El Salvador y Guatemala. Las prohibiciones podían quitarse con la condición de que la situación de los derechos humanos mejorara antes del 1 de octubre de 1978, con gestos, como, por ejemplo, aceptando una visita de la cidh.

2 Acta de la Junta Militar núm. 75, 7 de septiembre de 1978, en Ministerio de Defensa (2014, pp. 87-91).

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