La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, organismo regional del Secretariado de las Naciones Unidas, se ha pronunciado a favor de un nuevo régimen de bienestar y protección social que incluya el establecimiento gradual, progresivo y sostenido de un ingreso básico universal en la región de América Latina y El Caribe.

El pasado 12 de mayo, su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, presentó el Tercer Informe especial COVID-19: El desafío social en tiempos del COVID-19 ¹, en el cual se dice textualmente:

“Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la CEPAL propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.” (p. 15)

Pero no sólo propone este ingreso básico de emergencia que cubra al menos con una transferencia no condicionada equivalente a una línea de pobreza a la tercera parte de la población, sino que:

“Desde una perspectiva de largo plazo, la CEPAL reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los estratos de ingresos bajos no pobres y los medios bajos. Esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país”. (p.15)

Desde hace diez años la CEPAL ha venido sosteniendo la necesidad de superar el estilo de desarrollo dominante ya que ha traído bajo crecimiento económico, alta desigualdad social y acelerada destrucción ambiental. Se cumplen diez años desde que la CEPAL señaló que esta debía ser la hora de la igualdad en América Latina y El Caribe, y por ello ha venido trabajando en desarrollar y profundizar con iniciativas y propuestas de gran calado en la dirección de construir un nuevo estilo de desarrollo en cuyo núcleo deben estar la igualdad y la sostenibilidad.

A esta perspectiva corresponden las propuestas de cambio estructural progresivo, pactos para la igualdad y la iniciativa por un gran impulso ambiental. En todos estos años desde CEPAL se ha insistido y reiterado en la necesidad de políticas sociales universalistas con enfoque de derechos. En esta década se han hecho distintas menciones a la importancia de la garantía de ingresos, de las posibilidades del ingreso ciudadano como mecanismo de emancipación y a la posibilidad de implementar una renta básica para las mujeres como herramienta para construir su autonomía económica. Y ahora la CEPAL se pronuncia por la necesidad de un ingreso básico universal y lo califica, más allá de la emergencia y el corto plazo, de objetivo estratégico.

De cara a las profundas debilidades de los régimenes de bienestar y protección social que ha puesto de manifiesto la pandemia, y al inusitado crecimiento del volumen de transferencias monetarias que bajo diversas modalidades han puesto en práctica los gobiernos de la región, se ha disparado en términos exponenciales el interés por la propuesta de la renta básica, el ingreso ciudadano universal o el ingreso básico universal. No sólo se resalta su atractivo filosófico, sino su potencia y utilidad para resolver problemas prácticos y lograr impactos inmediatos, oportunos y de amplias coberturas.

Bien se ha dicho que muchas veces los debates más intensos no se resuelven con nuevos argumentos, sino con grandes desenlaces. Este parece ser el caso con la propuesta del ingreso básico universal, cuyo debate, análisis y experimentación creció significativamente después de la gran recesión del 2008-2009 y que se ha colocado con una fuerza desconocida hasta hace semanas en la esfera pública y política en varios países de América Latina y El Caribe. Una idea a la que, todo parece indicar, le está llegando su momento.

Cada vez es más recurrente la pregunta de cuál hubiera sido el impacto y la dinámica de la pandemia si en lugar de tener sociedades altamente precarizadas y desprotegidas se hubiera contado con un ingreso básico universal operando en la práctica. Seguramente estaríamos hablando de otra historia en términos de pobreza, desigualdad e incertidumbre. Asimismo se podrían haber llevado a cabo con mucho mayor éxito y menor sufrimiento humano las reglas de distanciamiento físico y confinamiento en los hogares para todas aquellas personas que ante la pérdida súbita de ingresos tuvieron que seguir saliendo a las calles para tratar de obtener un ingreso de sobrevivencia.

Por todo esto, la CEPAL señala la importancia de contar con un ingreso básico universal, pero en el marco amplio de un Estado de Bienestar y un sistema de protección social fortalecido. Esto es, el ingreso básico como un pilar adicional de un nuevo régimen de bienestar, en donde de manera destacada debe superarse la fragmentación, jerarquización y mercantilización de los servicios de salud, como se dice en el mismo documento.

Respecto al tipo de políticas a instrumentar, nos dice la CEPAL:

“Desde 2014, antes de la pandemia, la región vivía un proceso de deterioro de la situación social en términos de pobreza y pobreza extrema, y un menor ritmo de reducción de la desigualdad.

• Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.

• Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar.

• Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo, necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, con otras de mediano y largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social.” (p. 19)

Si la pandemia COVID-19 es, como dice Ignacio Ramonet, un hecho social total, lo menos que puede hacerse es sacar las enseñanzas del caso y entender que la precarización social y la fragilización de la vida no pueden ser parte de la nueva normalidad, de la nueva realidad en la post-pandemia. No se puede, no se debe, repetir, o asumir como natural, tanto sufrimiento de tanta gente.

Nota: