Sólo algunos datos. El 21,5% de la población española, es decir, algo más de 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza. España es el segundo país, después de Grecia, con más pobres en edad de trabajar. Entre los años 2014-2018 un crecimiento del PIB del 17,5%, sólo consiguió una disminución de siete décimas en la tasa de pobreza. A pesar de tener empleo, 2,6 millones de personas están en el umbral de la pobreza. Alrededor del 50% de la población tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. La crisis no se expresó igual para todos, duró tres años para el 50% de la población con mayores ingresos; para el 25% más pobre lleva ya diez años.

Entre 2008 y 2017 los salarios reales se devaluaron un 10,8% (con porcentajes superiores los salarios más bajos) que afectó de manera particularmente negativa a las mujeres. La ganancia media anual por trabajador es inferior a la de 2008 en todos los tramos de edad situados por debajo de los 35 años, con diferencias de casi mil euros brutos entre los de 25 a 29 (17.434 en 2008, 16.440 en 2017) y de más de 1.500 en los de 20 a 24 (de 13.293 a 11.775). La pérdida es menor, de unos 700 en una década, entre los de 30 a 34, que cayeron de 20.528 a 19.847. El 22% de los empleos son temporales y entre los jóvenes de hasta 25 años el 70% de sus contratos son temporales y precarios. Según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) entre 2009 y 2017 (el último informe) las rentas del trabajo descendieron desde el 66,6% del PIB al 61%, en España eso significó una pérdida de alrededor de 3.200 euros anuales. Esta es la realidad. Los ricos y las derechas ya pueden ir anunciando el apocalipsis, quizás porque no quieren entender que gracias a sus políticas una parte muy importante de la población vive ya en la antesala.

Puestos a decir barbaridades, lo mejor es poner en circulación datos alarmistas que atemoricen a la población. O sea, métodos ya utilizados en el Antiguo Testamento actualizados con las nuevas técnicas de comunicación. Así, según un informe del BBVA, el aumento del salario mínimo a 900 euros que se produjo el año pasado significó la destrucción de 45.000 empleos y 60.000 más pasaron a la economía sumergida y, de pronto, la patronal CEOE se ha acordado de la España vaciada para decir que en esas zonas no se podrá pagar un nuevo aumento del salario mínimo. ¡Qué poco se acuerda cuando hay que invertir o crear industrias en esas zonas! ¿Datos científicos para demostrarlo? ¿Para qué? Se trata de atemorizar no de demostrar ninguna certeza.

También el servicio de estudios del BBVA se sentía profundamente preocupado por la suerte que deparaba a los solteros que vivían solos y ganaban 20.000 € anuales en el proyecto de financiación de una renta básica. En este artículo se respondía a esta indudablemente sincera (¡nadie puede dudar de lo contrario!) preocupación del BBVA por un sector social tan concreto.

Un salario mínimo europeoLos bajos salarios es uno de los problemas más preocupantes, incluso desde el punto de vista de los defensores del capitalismo. No hay que saber muchas matemáticas para entender que las grandes desigualdades sociales están en la base de estallidos sociales y revolucionarios. Incluso para mantener un determinado nivel de desarrollo, intercambios comerciales y consumo se necesita un cierto nivel salarial; si no la atonía económica o la amenaza de nuevas crisis sobrevolará a las sociedades.

Por eso, la Comisión Europea ha dado los primeros pasos para abrir el debate con los Estados miembros sobre el establecimiento de un salario mínimo europeo (SMI); no para que sea único sino para que se establezca en cada país sobre la base del 60% del salario medio. La diferencia entre los países es bastante grande. Mientras en España está en 1.050 € por 12 pagas (900 si es por 14) en Irlanda es de 1.656, Países Bajos 1.615, Alemania 1.557, Francia 1.521 y Reino Unido 1.453. Los países bálticos y los del Este tienen un salario mínimo muy inferior: en Polonia es de 523 €, en Chequia, 518 y en Hungría 464. El proceso para llegar a un salario mínimo europeo será todavía largo, pero es una ocasión para convertirlo en un objetivo sindical y social de movilización en el conjunto de Europa.

Este debate no es solo español, y tiene una larga historia. La ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, declaró: “El impulso del Smic (salario mínimo interprofesional) sabemos que destruye empleos, por lo que no es un buen método”. Como se ve, un argumento muy conocido por aquí. En un interesante trabajo publicado por Michel Husson en A l’Encontre desarrolla un repaso histórico del que extraemos algunas de las citas que reproducimos. La línea general de ese debate viene a ser la siguiente: las leyes económicas son las que son y tienen sus propias reglas, pretender saltárselas aún produciría más dolor. O también podría expresarse así: las leyes de la economía (capitalista) están para seguir manteniendo los beneficios (y la dominación de los capitalistas), y si no les hacéis caso siempre habrá un apocalipsis amenazador.

El filósofo y economista John Stuart Mill (1806-1873) fue uno de esos teóricos. “Si la ley o la opinión es favorable -escribió- a tener salarios por encima de la tasa resultante de la competencia, es evidente que algunos obreros se quedarían sin empleo”. Y aunque posteriormente él mismo renegó de su teoría: “La doctrina enseñada hasta ahora por la mayoría de los economistas (y entre ellos, yo mismo) que negaba la posibilidad de que las negociaciones colectivas pudiesen aumentar los salarios […] ha perdido su fundamento científico, y debe ser rechazada”. Sin embargo, sus primeras opiniones se mantuvieron en el tiempo y continúan siendo la argumentación oficial de gobernantes y patronos.

Tiempo después, el economista estadounidense John Bates Clark (1847-1938) siguió manteniendo la opinión de que “podemos estar seguros -sin que haya necesidad de estudios profundos- que el aumento de los salarios reducirá el número de trabajadores empleados […] cuando el producto específico de un trabajador es igual a su salario puede conservar su empleo […]. Exigir más de lo que produce su trabajo equivale en la práctica a pedir su despido”.

Argumentos que parecen muy modernos no son más que la repetición de ideas antiguas, cuyo fin es mantener niveles salariales bajos para, según dicen, no forzar las leyes económicas; cuando deberían decir, para seguir manteniendo un cierto nivel de los beneficios capitalistas.

El aumento del salario mínimo es un paso, aunque todavía quede lejos de la media europea y del 60% del salario medio. Otras medidas serían necesarias, como el aumento del IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples) que en nueve años ha subido unos 5 € y está congelado en 537 € desde hace tres años. Este indicador, creado por el gobierno Zapatero, se utiliza para determinar prestaciones a parados de larga duración, jornaleros, emergencia social, acceso a vivienda pública, ayudas para el comedor escolar, etc. Y aún sería mejor tomar medidas para el establecimiento de una renta básica universal como medida realmente seria y práctica en la lucha contra la pobreza.

¿Qué es el salario?

Desmontemos el fetichismo sobre el salario. Parecería que el salario es el pago del capitalista por el trabajo realizado y que su importe depende de la competencia y de la productividad, pero esa explicación esconde la realidad. Marx lo explicó así: “al parecer, el capitalista les compra a los obreros su trabajo con dinero. Ellos le venden por dinero su trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y una vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado […] La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con el reloj, ésta, con la balanza”. (Trabajo asalariado y capital. 1849)

Sobre esa particular relación, años más tarde Engels escribiría: “La transacción se puede describir, pues, de esta manera: el obrero da al capitalista toda su fuerza de trabajo diaria, es decir, toda la que puede darle sin imposibilitar la repetición continua de la transacción. A cambio de esto, recibe estrictamente los medios indispensables de subsistencia –y no más- que le permitirán repetir el trato cada día. El obrero da lo máximo que le permite la naturaleza de la transacción; el capitalista lo mínimo. Se trata, pues, de una justicia muy peculiar”. (Un salario justo por una jornada laboral justa. Artículo publicado en 1881 en The Labour Standard)

Es decir, no existe una relación de igualdad entre el capitalista y el trabajador, ya que éste solo dispone de su fuerza de trabajo y por eso el capitalista solo paga una parte del trabajo realizado (salario) y se queda con otra parte (plusvalía). Si el mundo fuera justo, es un decir, el salario debería consistir en el producto de su trabajo, sin embargo, lo que el trabajador produce se lo queda todo el capitalista y de ahí le paga una parte en forma de salario (incluyendo el conjunto de aspectos que forman el salario, impuestos, pensión, seguridad social, etc.)

Quizás puede parecer embrollado, pero es fundamental para comprender como funciona el sistema y la explotación capitalista. No es un contrato entre iguales, no es un salario justo sino un abuso dado que el capitalista paga el salario con el trabajo previamente realizado y, además, la tendencia general no es a elevar el nivel medio de los salarios, sino que los patronos también intentan imponer sus condiciones para que el valor del trabajo sea el mínimo. Así son las leyes del funcionamiento del capitalismo. Así es la lucha de clases. Para combatir esa situación las clases trabajadoras han levantado sus sindicatos y sus organizaciones de defensa y lucha contra la explotación, y a costa de grandes sacrificios y la combinación de pequeñas victorias y medidas gubernamentales han ido logrando ciertas mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Pero eso exige mantener una lucha constante, pues, como hemos vivido tras la crisis de 2008, las conquistas y los derechos no están garantizados, ni siquiera el salario básico. Ya hemos dicho que entre 2008 y 2017, los salarios se depreciaron en un 10,8%.

Al mismo tiempo que es una necesidad vital luchar por un salario digno, por arrebatar una parte de la plusvalía al capitalista, la ley del salario es como una soga que nos ata al funcionamiento del sistema. Engels lo explicó así: “Mientras la sociedad siga dividida en dos clases opuestas […] la ley del salario será omnipotente y forjará cada día de nuevo las cadenas con que el obrero es esclavizado por su propio producto -monopolizado por el capitalista”. (El sistema del salario. Publicado en 1881 en The Labour Standard). La solución para liberarse de esas cadenas está en romper con el sistema capitalista, en crear un nuevo sistema de relaciones sociales y económicas basado en la propiedad colectiva de los grandes medios de producción y financieros y en la colaboración y solidaridad entre los que solo tienen su fuerza de trabajo para ganarse la vida. Puede que sea larga la distancia entre la lucha por condiciones de vida dignas y un cambio radical de las relaciones sociales, pero es fundamental tener claros los objetivos para saber cuál es el camino a recorrer.

Ofensiva en los convenios

Si es importante lograr un salario mínimo, no lo es menos la lucha por salarios dignos en la negociación de los convenios colectivos. La reforma laboral que impuso el PP (que este gobierno debería derogar urgentemente) quitó y limito derechos que se notaron inmediatamente en las condiciones de la clase trabajadora. Algo se ha recuperado durante 2019. Según el Gabinete Económico de CCOO la media de los salarios pactados en la negociación colectiva fue del 2,33%, ganando 1,6 puntos porcentuales respecto a la inflación; los empleados públicos aumentaron un 2,5% sus salarios, 1,8 puntos y las pensiones públicas un 1,6%, 0,9 puntos más que la inflación. Todavía muy lejos de recuperar lo perdido desde 2008.

En el mismo informe se reconoce que todavía hay sectores importantes de la clase trabajadora que no han conseguido llegar al acuerdo marco firmado entre CCOO y UGT con las patronales, lograr un salario anual de 14.000 euros. “Todavía hay un porcentaje -dice el informe- elevado de trabajadores del sector privado cuya subida salarial media en convenio está muy por debajo de la recomendada por el IV AENC: en 2019 el 25 por cien tiene pactados convenios cuya subida no supera el 1,5%; el 32 por cien tiene convenios con subidas del 1,51% al 2%; y solo el 43 por cien tiene pactada una subida salarial superior al 2% (la recomendación del AENC)”. Queda trecho por recorrer. La ofensiva en la negociación colectiva anunciada por los sindicatos en numerosas ocasiones tiene que concretarse, porque tan importante es lograr un aumento suficiente del salario mínimo y recuperar lo perdido desde la crisis como volver a confiar en las propias fuerzas y en la organización de la clase trabajadora para luchar por sus propios objetivos.