La perspectiva de un ejecutivo que dejase inmutables todas las injusticias sociales, que quería desarmar la ciudad y estaba dispuesto a hacer recaer el precio de la guerra sobre los menos favorecidos, desató la rebelión. El 18 de marzo estalló una nueva revolución; Thiers y su ejército tuvieron que refugiarse en Versalles.

De lucha y de gobierno

Los insurgentes decidieron celebrar inmediatamente elecciones libres, para garantizar la legitimidad democrática de la insurrección. El 26 de marzo, una abrumadora mayoría (190.000 contra 40.000 votos) aprobó las razones de la revuelta y 70 de los 85 miembros electos se declararon a favor de la revolución. Los 15 representantes moderados del llamado «parti de maires» (partido de los alcaldes), grupo formado por ex presidentes de algunos distritos, dimitieron inmediatamente y no se incorporaron al consejo de la comuna. Poco después fueron seguidos por cuatro radicales. Los 66 miembros restantes, que no se distinguían fácilmente por su doble afiliación política, representaban posiciones muy variadas. Entre ellos había una veintena de republicanos neo-jacobinos (incluidos los influyentes Charles Delescluze y Felix Pyat), una docena de prosélitos de Auguste Blanqui, 17 miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores (incluidos los mutualistas seguidores de Pierre-Joseph Proudhon, que con frecuencia no estaban de acuerdo con los colectivistas afines a Karl Marx) y un par de independientes. La mayoría de los miembros de la Comuna eran trabajadores o representantes reconocidos de la clase trabajadora. De ellos, 14 procedían de la Guardia Nacional. Fue precisamente el comité central de esta el que depositó el poder en manos de la Comuna, aunque este acto fue el inicio de una larga serie de contradicciones y conflictos entre las dos entidades.

El 28 de marzo, una gran masa de ciudadanos se reunió cerca del Hôtel de Ville y recibió con alegría la inauguración de la nueva asamblea que oficialmente tomó el nombre de la Comuna de París. Aunque solo duró 72 días, fue el evento político más importante en la historia del movimiento obrero del siglo XIX. La Comuna revivió la esperanza de una población agotada por meses de penurias. En los barrios surgieron comités y grupos en apoyo. En cada rincón de la metrópoli se multiplicaron las iniciativas de solidaridad y los planes para la construcción de un mundo nuevo. Montmartre pasó a llamarse «la ciudadela de la libertad». Uno de los sentimientos predominantes fue el deseo de compartir. Militantes como Louise Michel dieron ejemplo por su espíritu de abnegación. Víctor Hugo escribió sobre ella: “Hiciste lo que hacen las grandes almas locas. Has dado gloria a los que están aplastados y sometidos”. Sin embargo, la Comuna no vivió gracias al impulso de un dirigente o de unas pocas figuras carismáticas. De hecho, su principal característica fue su dimensión claramente colectiva. Mujeres y hombres se ofrecieron voluntarios para un proyecto de liberación común. La autogestión ya no se consideró más una utopía. La auto-emancipación se convirtió en algo esencial.

La transformación del poder político

Entre los primeros decretos de emergencia proclamados para frenar la pobreza desenfrenada estaba el bloqueo del pago de los alquileres (era justo que «la propiedad hiciera su parte de sacrificio») y la suspensión de la venta de objetos – por un valor no superior a 20 Francos-, depositados en las casas de empeño. También se crearon nueve comisiones colegiadas para reemplazar los ministerios existentes: guerra, finanzas, seguridad general, educación, subsistencia, justicia, trabajo y comercio, relaciones exteriores, y servicios públicos. Posteriormente se nombró un delegado para gestionar cada una de ellas.

El 19 de abril, tres días después de las elecciones parciales tras las cuales fue posible reemplazar los 31 escaños que quedaron vacantes casi de inmediato, la Comuna redactó la Declaración al Pueblo Francés, en la que se aseguraba «la garantía absoluta de la libertad individual, de la libertad de conciencia y la libertad de trabajo” y “la intervención permanente de la ciudadanía en los asuntos comunes”. Se afirmaba que el conflicto entre París y Versalles «no podía terminar con compromisos ilusorios» y que el pueblo tenía «el deber de luchar y vencer». Mucho más significativos que el contenido de este texto, síntesis un tanto ambigua para evitar tensiones entre las distintas tendencias políticas, fueron los actos concretos a través de los cuales los militantes de la Comuna lucharon por una transformación total del poder político. Iniciaron una serie de reformas que tenían como objetivo cambiar profundamente no solo la forma en que se administraba la política, sino su propia naturaleza. La democracia directa de la Comuna preveía la revocabilidad de los representantes electos y el control de su labor a través de la vinculación de mandatos (medida insuficiente para resolver la compleja cuestión de la representación política). Los magistrados y otros cargos públicos, también sujetos a control permanente y la posibilidad de revocación, no serían designados arbitrariamente, como en el pasado, sino mediante oposición o elecciones transparentes. Había que impedir la profesionalización de la esfera pública. Las decisiones políticas no debían corresponder a pequeños grupos de funcionarios y técnicos, sino ser tomadas por el pueblo. Los ejércitos y las fuerzas policiales ya no serían instituciones separadas del cuerpo de la sociedad. La separación entre Iglesia y Estado era una necesidad indispensable.

Sin embargo, el cambio político no terminaba con la adopción de estas medidas. Debía ir mucho más a la raíz. La burocracia tenía que reducirse drásticamente, transfiriendo el ejercicio del poder a manos del pueblo. El ámbito social tenía que prevalecer sobre el político y este último -como ya había argumentado Henri de Saint-Simon- dejaría de existir como función especializada, ya que sería asimilado progresivamente por las actividades de la sociedad civil. El cuerpo social recuperaría así las funciones que habían sido transferidas al estado. Derribar la dominación de clase existente no era suficiente; había que extinguir el dominio de clase como tal. Todo esto habría permitido la realización del plan diseñado por los comuneros: una república constituida por la unión de asociaciones libres verdaderamente democráticas que se convertirían en impulsoras de la emancipación de todos sus componentes. Era el autogobierno de los productores.

La prioridad de las reformas sociales

La Comuna creía que las reformas sociales eran incluso más relevantes que las transformaciones en el orden político. Representaban su razón de ser, el termómetro con el que medir la fidelidad a los principios para los que había nacido, el elemento de diferenciación definitivo frente a las revoluciones que la habían precedido en 1789 y 1848. La Comuna ratificó varias disposiciones con una clara connotación de clase. La fecha de vencimiento de las deudas se pospuso tres años, sin pago de intereses. Se suspendieron los desahucios por impago de los alquileres y se adoptaron medidas para que las casas desocupadas fueran requisadas a favor de las personas sin hogar. Se hicieron proyectos para limitar la duración de la jornada laboral (de las 10 horas iniciales a las ocho previstas en el futuro), se prohibió, bajo sanción, la práctica generalizada entre los empresarios de imponer multas espurias a los trabajadores con el único propósito de reducir sus salarios. Se decretaron salarios mínimos decentes. Se adoptó la prohibición de la acumulación de múltiples puestos de trabajo y se estableció un límite máximo para los salarios de los cargos públicos. Se hizo todo lo posible para aumentar el suministro de alimentos y reducir los precios. Se prohibió el trabajo nocturno en las panaderías y se abrieron algunas carnicerías municipales. Se implementaron diversas medidas de asistencia social para los más vulnerables, incluido el suministro de alimentos a mujeres y niños abandonados, y se aprobó el fin de la discriminación entre niños legítimos y naturales.

Todos los comuneros creían que la educación era un factor indispensable para la liberación de los individuos, sinceramente convencidos de que representaba el requisito previo de cualquier cambio social y político serio y duradero. Por tanto, animaron múltiples y relevantes debates en torno a las propuestas de reforma del sistema educativo. La escuela sería obligatoria y gratuita para todos, niños y niñas. La enseñanza religiosa sería reemplazada por la enseñanza laica, inspirada en el pensamiento racional y científico, y los costes del culto ya no recaerían en el presupuesto estatal. En las comisiones especialmente creadas y en la prensa se produjeron numerosas tomas de posición destacando cuán fundamental era la decisión de invertir en la educación femenina. Para convertirse verdaderamente en un «servicio público», la escuela tenía que ofrecer las mismas oportunidades a los «niños de ambos sexos». Por último, debía prohibir «las distinciones de raza, nacionalidad, fe o posición social». Los avances de carácter teórico fueron acompañados de las primeras iniciativas prácticas y, en más de un distrito, miles de niños de la clase trabajadora recibieron material didáctico gratuito y entraron, por primera vez, en un edificio escolar.

La Comuna también legisló medidas de carácter socialista. Se decidió que los talleres abandonados por los propietarios que habían huido de la ciudad, a quienes se les garantizó una indemnización a su regreso, serían entregados a asociaciones cooperativas de trabajadores. Los teatros y museos -que estarían abiertos a todos y no serían de pago- fueron colectivizados y confiados a la dirección de quienes se habían adherido a la «Federación de Artistas de París», presidida por el pintor e incansable militante Gustave Courbet. En él participaron unos 300 escultores, arquitectos, litógrafos y pintores (entre muchos también Édouard Manet). A esta iniciativa le siguió el nacimiento de la «Federación artística» que agrupó a los actores y al mundo de la ópera.

Todas estas acciones y disposiciones se llevaron a cabo sorprendentemente en solo 54 días, en un París todavía atormentado por los efectos de la guerra franco-prusiana. La Comuna sólo pudo funcionar del 29 de marzo al 21 de mayo y, además, en medio de una heroica resistencia a los ataques de Versalles, en una defensa que requería un gran derroche de energía humana y de recursos económicos. Además, dado que la Comuna no tenía ningún medio de coerción, muchas de las decisiones tomadas no se aplicaron de manera uniforme en el amplio territorio de la ciudad. Sin embargo, constituyeron un notable intento de reforma social y señalaron el camino de un posible cambio.

Una lucha colectiva y feminista

La Comuna fue mucho más que las medidas aprobadas por su asamblea legislativa. Incluso aspiró a alterar sustancialmente el espacio urbano, como lo demuestra la decisión de demoler la Columna Vendôme, reputada como un monumento a la barbarie y símbolo reprensible de la guerra, y secularizar algunos lugares de culto, destinando su uso a la comunidad. La Comuna vivió gracias a una extraordinaria participación masiva y un sólido espíritu de ayuda mutua. En este levantamiento contra la autoridad jugaron un papel destacado los clubes revolucionarios, que surgieron con increíble rapidez en casi todos los distritos. Se establecieron 28 y representaron uno de los ejemplos más importantes de la movilización espontánea que acompañó a la Comuna. Abiertos todas las noches, ofrecieron a la ciudadanía la oportunidad de reunirse, después del trabajo, para discutir libremente la situación social y política, verificar lo que habían logrado sus representantes y sugerir alternativas para la solución de los problemas cotidianos. Se trataba de asociaciones horizontales que favorecían la formación y expresión de la soberanía popular, pero también espacios de auténtica hermandad y fraternidad. Eran espacios donde todos podían respirar la embriagadora posibilidad de convertirse en dueños de su propio destino.

En esta vía de emancipación no existía la discriminación nacional. El título de ciudadano de la Comuna estaba garantizado a todos los que trabajaban por su desarrollo y los extranjeros tenían los mismos derechos sociales garantizados que los franceses. Prueba de este principio de igualdad fue el papel predominante que asumieron varios extranjeros (unos 3.000 en total). El húngaro, miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores, Léo Frankel, no solo fue uno de los funcionarios electos de la Comuna, sino que también el responsable de la comisión de trabajo, uno de los «ministerios» más importantes de París. Los polacos Jaroslaw Dombrowski y Walery Wroblewski, fueron nombrados generales con mando de la Guardia Nacional y desempeñaron un papel igualmente importante.

En este contexto, las mujeres, aún privadas del derecho al voto y, en consecuencia, también de sentarse entre los representantes del Consejo de la Comuna, jugaron un papel fundamental en la crítica del orden social existente. Transgredieron las normas de la sociedad burguesa y afirmaron su nueva identidad en oposición a los valores de la familia patriarcal. Salieron de la dimensión privada y se ocuparon de la esfera pública. Formaron la «Unión de Mujeres por la Defensa de París y por la Atención a los Heridos» (nacida gracias a la incesante actividad de Élisabeth Dmitrieff, militante de la Asociación Internacional de Trabajadores) y jugaron un papel central en la identificación de batallas sociales estratégicas. Consiguieron el cierre de los burdeles, lograron la igualdad salarial con los maestros varones, acuñaron el lema «a igual trabajo, igual salario», reclamaron igualdad de derechos en el matrimonio, exigieron el reconocimiento de las uniones libres, promovieron la creación de cámaras sindicales exclusivamente femeninas. Cuando, a mediados de mayo, la situación militar empeoró, cuando las tropas de Versalles llegaron a las puertas de París, las mujeres tomaron las armas e incluso lograron formar su propio batallón. Muchos expiraron su último aliento en las barricadas. La propaganda burguesa las convirtió en objeto de los ataques más despiadados, acusándolas de haber incendiado la ciudad durante los enfrentamientos y atribuyéndolas el despectivo calificativo de “las petroleras”.

¿Centralizar o descentralizar?

La Comuna quería establecer una auténtica democracia. Era un proyecto ambicioso y difícil. La soberanía popular a la que aspiraban los revolucionarios implicaba la participación del mayor número posible de ciudadanos. A finales de marzo, se habían desarrollado en París una miríada de comisiones centrales, subcomités de barrio, clubes revolucionarios y batallones de soldados que flanqueaban el duopolio ya complejo compuesto por el consejo de la Comuna y el comité central de la Guardia Nacional. Este último, de hecho, había conservado el control del poder militar, a menudo operando como un verdadero contrapoder del primero. Si el compromiso directo de una gran parte de la población constituía una garantía democrática vital, la multiplicidad de autoridades sobre el terreno complicaban el proceso de toma de decisiones y hacían tortuoso la aplicación de las ordenanzas.

El problema de la relación entre la autoridad central y los organismos locales produjo no pocos cortocircuitos, lo que resultó en una situación caótica y muchas veces paralizante. El ya precario equilibrio saltó por completo cuando, ante la emergencia de la guerra, la indisciplina presente en las filas de la Guardia Nacional y una creciente ineficacia de la acción gubernamental, Jules Miot propuso la creación de un Comité de Salud Pública de cinco integrantes. – una solución inspirada en el modelo dictatorial de Maximilien Robespierre de 1793. La medida fue aprobada el 1 de mayo, por 45 votos a favor y 23 en contra. Fue un error dramático que decretó el principio del fin de una experiencia política sin precedentes y dividió a la Comuna en dos bloques opuestos. A los primeros pertenecían los neo-jacobinos y blanquistas, partidarios de la concentración del poder y, en última instancia, de la primacía de la dimensión política sobre la social. El segundo incluía a la mayoría de los miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores, para quienes el ámbito social era más importante que el político. Consideraban necesaria la separación de poderes y creían que la república nunca debía cuestionar las libertades políticas. Coordinados por el infatigable Eugène Varlin, hicieron público su claro rechazo a las derivas autoritarias y no participaron en la elección del Comité de Salud Pública. Para ellos, el poder centralizado en manos de unos pocos individuos contradecía los postulados de la Comuna. Sus cargos electos no eran los poseedores de la soberanía – esta pertenecía al pueblo – y, por tanto, no tenían derecho a enajenarla. El 21 de mayo, cuando la minoría participó nuevamente en una sesión del consejo de la Comuna, se hizo un nuevo intento de restablecer la unidad en su seno. Pero ya era demasiado tarde.

La Comuna, sinónimo de la revolución

La Comuna de París fue reprimida con brutal violencia por los ejércitos de Versalles. Durante la llamada «semana sangrienta» (del 21 al 28 de mayo) fueron muertos entre 17.000 y 25.000 ciudadanos. Los últimos enfrentamientos tuvieron lugar a lo largo del perímetro del cementerio de Père-Lachaise. El joven Arthur Rimbaud describió la capital francesa como una «ciudad dolorosa, casi muerta». Fue la masacre más violenta de la historia de Francia. Solo 6.000 comuneros lograron escapar y refugiarse en el exilio en Inglaterra, Bélgica y Suiza. Hubo 43.522 prisioneros. Un centenar de ellos fueron condenados a muerte tras juicios sumarísimos de los consejos de guerra, mientras que otros 13.500 fueron enviados a prisión, a trabajos forzados o deportados (en buena parte, especialmente, a la remota Nueva Caledonia). Algunos de ellos se solidarizaron y compartieron la misma suerte que los insurgentes argelinos que habían liderado la revuelta anticolonial de Mokrani, que tuvo lugar al mismo tiempo que la Comuna y que también fue aplastada violentamente por las tropas francesas.

El espectro de la Comuna intensificó la represión anti-socialista en toda Europa. Justificando la violencia estatal sin precedentes ejercida por Thiers, la prensa conservadora y liberal acusó a los comuneros de los peores crímenes y expresó gran alivio por la restauración del «orden natural» y la legalidad burguesa, así como su satisfacción por el triunfo de la «civilización» sobre la “anarquía”. Aquellos que se habían atrevido a cuestionar la autoridad y atacar los privilegios de la clase dominante fueron castigados de manera ejemplar. Las mujeres volvieron a ser consideradas seres inferiores y los trabajadores, con sus manos sucias y llenas de callos, que se habían atrevido a pensar que podían gobernar, fueron devueltos a los lugares que se les reservaba en la sociedad.

Sin embargo, la insurrección parisina dio fuerza a las luchas de los trabajadores y las empujó hacia posiciones más radicales. A raíz de su derrota, Eugène Pottier escribió una canción destinada a convertirse en la más famosa del movimiento obrero. Sus versos dicen: «¡Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional! (Groupons-nous, et demain, L’Internationale sera le genre humain!). París había demostrado que era necesario perseguir el objetivo de construir una sociedad radicalmente diferente de la capitalista. A partir de ese momento, aunque «El tiempo de las cerezas» nunca llegó para sus protagonistas (según el título de la célebre canción compuesta por el comunero Jean Baptiste Clément), la Comuna encarnó la idea abstracta y el cambio concreto al mismo tiempo. Se convirtió en sinónimo del concepto mismo de revolución, fue una experiencia ontológica de la clase trabajadora. En La guerra civil en Francia, Marx afirmó que esta «vanguardia del proletariado moderno» logró «acercar a los trabajadores de todo el mundo a Francia». La Comuna de París cambió la conciencia de los trabajadores y su percepción colectiva. Después de 150 años, su bandera roja sigue ondeando y nos recuerda que siempre es posible una alternativa. Vive la Commune!