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Juzgan a tres jóvenes por gritar: «los Borbones son unos ladrones», «la Policía tortura y asesina», «Estado terrorista, Estado fascista»
Tres alicantinos han sido llamados a declarar ante la jueza de Instrucción número 3 de Elda acusados de un delito de odio por cánticos contra los Borbones, los cuerpos policiales y el Estado.
Tres alicantinos han sido llamados a declarar ante la jueza de Instrucción número 3 de Elda acusados de un delito de odio por cánticos contra los Borbones, los cuerpos policiales y el Estado. La denuncia fue interpuesta por la policía española por los hechos que realizaron estos tres antifascistas durante una manifestación de unas 25 personas en Petrer, convocados por la Asamblea Popular Elda-Petrer, para mostrar su apoyo al rapero Pablo Hasel.
En concreto, los jóvenes gritaron expresiones como «los Borbones son unos ladrones», «la Policía tortura y asesina», y también contra la organización política de España: «Estado terrorista, Estado fascista». Estas consignas fueron recogidas por los agentes presentes en la protesta, ya que consideraban que se trataba de un delito de odio.
La policía español solicitó el documento de identificación a los organizadores y miembros del colectivo y posteriormente les interpuso una denuncia. Ahora, se enfrentan hasta a cuatro años de cárcel.
El pasado mes de febrero ya declararon dos de estos antifacistas y ahora ha sido llamado un tercero el próximo 4 de mayo, según ha avanzado ElDiario.es. La Asamblea Popular Elda-Petrer ya ha convocado una concentración de protesta ante las puertas del tribunal. «Ahí nos volverán a encontrar, reafirmándonos y con la cabeza alta», advierte este colectivo.
Objetivo: «silenciar»
El abogado de los jóvenes, Arturo Acón, ha denunciado que s enfrentan a hasta cuatro años de prisión y ha lamentado la acusación de un delito tan grave como el de odio por este «tipo de acciones no violentas» que, a su entender, se emmarcan en el derecho a la libertad de expresión.
En esta linea, a través de las redes sociales, el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urias, y el abogado y profesor de derecho procesal penal, Gonzalo Boye, también han mostrado su desacuerdo con este proceso judicial.
«El delito de odio es la mayor amenaza contra la libertad de expresión. Y se usa sobretodo para silenciar a los disidentes contra el poder. Llevo años diciéndolo y se está convirtiendo en realidad: prohibido gritar «Borbones ladrones» o «policía asesina» en las manifestaciones», apunta el experto.