La moratoria a la creación de nuevas instalaciones intensivas de porcino y de ampliación de las ya existentes aprobada el pasado enero en Castilla-La Mancha no afecta a aquellos proyectos que ya se encuentran en tramitación. A través de una Petición de Transparencia, lamarea.com ha conocido que la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta cuenta con 18 expedientes “pendientes de inicio” y 50 “en tramitación”. De acuerdo con la lista de expedientes remitida, si todos ellos obtienen el visto bueno de la Administración, el censo porcino podría verse incrementado en más de 250.000 animales.

Se trata, no obstante, de un dato incompleto, puesto que 11 de los 18 expedientes pendientes de inicio no vienen acompañados del número de cerdos que acogerían. De acuerdo con la Unidad de Transparencia de la mencionada consejería, esto se debe a que “aún no se ha procedido a la revisión y alta de esos expedientes, por lo que no se conoce ese dato del proyecto”. Esta información podría provocar un importante aumento de dicha cifra.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 1,7 millones de cabezas de porcino, según la Encuesta Ganadera 2021 del Ministerio de Agricultura. La «pausa procesal» –el término con el que García-Page ha definido la moratoria–, tiene como finalidad realizar estudios y ordenar el sector con “consenso” y con “cabeza” y teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que genera “sensibilidad social”. Así lo atestiguan las múltiples movilizaciones vecinales contra la instalación de macrogranjas en algunos municipios de esta y otras regiones españolas.

A preguntas de lamarea.com sobre si Castilla-La Mancha tiene capacidad para asimilar más de 250.000 nuevos cerdos, desde la dirección general de Economía Circular aseguran que únicamente pueden hablar “de impactos ambientales caso a caso de las instalaciones de porcino solicitadas”. Preguntados nuevamente si consideran una cifra aceptable que el censo porcino pudiera llegar a los dos millones de animales en la comunidad en el caso de autorizar todos los expedientes actuales, la respuesta es similar: “Las autorizaciones de instalaciones de porcino se tramitan de acuerdo a lo establecido en la legislación ambiental, con las limitaciones establecidas. No hablamos de cifras aceptables, sino de impactos ambientales posibles”.

La presidenta de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, explica que “casi la mitad de la superficie de Castilla-La Mancha está declarada como zona vulnerable a la contaminación por nitratos». «Llevamos muchos años reclamando a la Junta una Evaluación Ambiental Estratégica de todo el sector, porque hasta ahora solo se estima el impacto ambiental individual de cada macrogranja y no el acumulado de todas las explotaciones de una zona”, añade.

La organización que preside, sin embargo, es contraria al modelo de ganadería industrial en su conjunto, independientemente del lugar de ubicación de las granjas. Una opinión que también comparte Daniel González, coordinador de la campaña Stop Ganadería Industrial de Ecologistas en Acción. Según este pequeño ganadero, “aunque habría que ver dónde se van a situar todos estos animales, la cifra es muy alta, y, en general, la comunidad ya está masificada. Es decir, no es que no quepan 250.000 cerdos más, es que lo que tendríamos que hacer es reducir la cabaña ganadera que tenemos ahora”.

Tras analizar el listado de expedientes facilitados a lamarea.com, desde la Asociación Pueblos Vivos Cuenca denuncian que al menos 22 de ellos se encuentran en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Además, señalan algunos casos especialmente llamativos. Uno de ellos busca la autorización para una explotación con 2.100 cerdas con producción de lechones hasta los 6kg en Cardenete (Cuenca), una localidad situada en la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. En mayo del pasado año, el Ayuntamiento del municipio aprobó por unanimidad con los votos a favor tanto de PSOE como de PP una moción conjunta en la que se instaba al Gobierno regional a establecer una moratoria a las macrogranjas.

Otro de estos expedientes recoge una explotación de 4.000 cerdos de cebo en Polán. Este pueblo toledano con apenas 3.900 habitantes ya tiene un censo porcino que supera los 70.000 animales. El pasado 20 de enero, un bando del Ayuntamiento anunciaba el corte del abastecimiento debido a «la reacción del cloro con materia orgánica sin tratar». Varios vecinos, según recogió elDiario.es, apuntaron directamente a los purines de los cerdos y denunciaron que, en general, el agua del grifo «huele y sabe mal».

Una moratoria “trampa”

La medida fue aprobada en un momento en el que las  macrogranjas eran el tema de debate en España tras unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón. A pesar de las críticas del barón socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, su gobierno decidió aprobar esta moratoria a mediados de enero de 2022, la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. Pero, a pesar de lo novedoso de la norma, esta no ha contentado a las organizaciones que luchan contra este tipo de instalaciones industriales.

Remedios Bobillo denuncia que la cifra que se obtiene como resultado de sumar todos los expedientes que la Junta tiene que resolver puede quedarse corta si se tiene en cuenta una “trampa” incluida en la moratoria: “En la ley se dice que la moratoria no se aplicará a aquellos expedientes de creación de nuevas granjas de porcino en los que se incorporen las mejores técnicas disponibles para la valorización de los residuos”.

Se trata de una excepción en la norma que permitiría abrir nuevas macrogranjas, según ha explicado el propio consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, siempre y cuando se utilicen las mejores técnicas para el tratamiento de los purines. Según Bobillo, esto podría provocar que “con fondos europeos se vayan a construir plantas de biogás y que, con estas instalaciones cerca, se puedan abrir nuevas macrogranjas”.

Para Daniel González, la moratoria tampoco ha cumplido con las expectativas de Ecologistas en Acción: “Para empezar debería abarcar a todas las especies, y no solo al porcino. Pero es que ni siquiera abarca a todo el porcino, porque los proyectos que no requieren autorización ambiental integrada, es decir, los de menos de 2.000 cerdos, no se ven afectados”.

Castilla-La Mancha, en el punto de mira

El sector porcino ha puesto en apuros a la Junta de Castilla-La Mancha en al menos dos ocasiones. En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó a la Junta por haber apartado a dos veterinarios públicos que en 2016 denunciaron que en el matadero de Incarlopsa en Tarancón (Cuenca) no se estaba aturdiendo a los animales de manera correcta, lo que les provocaba un mayor sufrimiento.

La propia empresa pidió que ambos veterinarios fuesen apartados. “Petición que, sorprendentemente, la Administración se apresuró a satisfacer por la vía cautelar”, señala el fallo del TSJCLM. “Resulta completamente inaceptable que lo que puede ser un mayor rigor o diferencia de la apreciación de ciertos aspectos relativos al bienestar animal se pretenda solventar por la vía de un expediente disciplinario solo porque la sociedad controlada se queja de los funcionarios más rigurosos. Resulta completamente inexplicable la disposición de la Administración a ceder a la petición de Incarlopsa de esta forma”, añade.

También en 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró nula la Declaración de Impacto Ambiental de una macrogranja ubicada en Huerta de la Obispalía por no seguir el procedimiento legal establecido.

Pero más allá del defecto de forma en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, en el voto particular del magistrado Miguel Ángel Narváez Bermejo se dice lo siguiente: “Entrando en el fondo de la cuestión sustantiva debatida,[…] queda suficientemente acreditado […] que las aguas de consumo público del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos y vacas de la empresa autorizada, no siendo apta para el consumo humano”. De esta forma, se daba la razón al Ayuntamiento de la localidad vecina, que aseguraba que el agua potable del pueblo superaba el límite legal de nitratos