Como secuencia de una propensión, previa a la crisis sanitaria, se insiste en varios países que deben actualizarse los regímenes jubilatorios.

Antes de expresar una opinión, expondré alguna consideración previa: entre los objetivos de desarrollo sustentable la garantía en la seguridad de ingresos jubilatorios de los adultos mayores es una de las principales metas económicas que los Estados y las sociedades deben asegurar.

Es evidencia de justicia que al envejecer los asalariados no estén condenados a la miseria. Lograr lo anterior liga a los trabajadores con el derecho fundamental a la seguridad social que los proteja de la insolvencia. En este aspecto se debe señalar que en buena parte de la periferia del mundo desarrollado -vinculado con problemas estructurales sociales y de desarrollo económico- únicamente una fracción pequeña tiene posibilidades de sobrellevar penurias propias en edad avanzada. 

La OIT, en 2012, recomendó e instó a combinar las jubilaciones administradas por los Estados con las aseguradoras de pensiones para el retiro, porque así -según el organismo- se garantizaba una mayor calidad del ingreso pensionario. Esta recomendación, con sus variantes, es la que con diversos resultados fueron adoptadas por un puñado de países periféricos.

Aquellos cuyas neoliberales políticas privatizaron los regímenes jubilatorios no tuvieron las consecuencias de mejoras que se publicitaban y las prestaciones fueron disminuyendo. En favor de la OIT debe señalarse que la organización deposita la mayor responsabilidad del tema sobre el Estado, al que asigna la clave de los resortes principales de todo régimen.

Por otra parte, se admite que debido a propuestas de austeridad se están afectando los sistemas generales de remuneraciones al trabajo, por lo que -en consecuencia- esto recae gravemente sobre el renglón de jubilaciones, pasando por encima del entramado social.

Para cerrar esta parte, debemos resaltar que como amplio número de las jubilaciones y pensiones contributivas están en relación con las últimas percepciones salariales, los ingresos femeninos son -al no estar superada la discriminación- más bajos que los de los varones.

Asimismo, se publican -intentando que así lo crea la opinión pública- análisis que advierten acerca de que hay que reducir el impacto de jubilaciones y pensiones en las cuentas públicas porque el Estado no puede continuar financiándolas. Se ejemplifica con el hecho que en este siglo la esperanza de vida promedio es mayor que al finalizar el XX, haciendo notar que los humanos viven más años que antes.

Lo que ocurre es algo más sencillo: la mortalidad a edades tempranas bajó, con lo que aumentaron las poblaciones, de donde no se deduce que el jubilado de hoy viva más que el de antes. El cálculo de los pasivos no debe tener como base datos que sancionan al trabajador asumiendo automáticamente que viven más años.

Esos promedios no atienden a las diferencias de procedencia de clase, porque -decimos en Uruguay- los promedios ahogan a los petisos (bajitos): intentar generar nuevos puestos de trabajos ni se contempla.

Para que quede más claro y como señala Vicenç Navarro: “Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años”.

A otra catástrofe anunciada recurren los predictores del comportamiento demográfico-económico al sostener que en el futuro el Estado no podrá asumir sus responsabilidades financieras.

Presentan una serie de números sobre el impacto que las pasividades suponen como porcentaje del PIB manteniendo constante en este caso su valor actual mientras las jubilaciones pareciera que van en ascensor, sin considerar que con el régimen de aportaciones vigente, estas van escalón por escalón y los precios y la inflación en elevador al trasladar consecuencias de bajas percepciones de los trabajadores a unas pasividades misérrimas.

Debe entenderse que las aportaciones patronales tienen que ser consideradas una obligación y no parte de ajustes económicos empresariales, de arreglos administrativos -reales o ficticios- a la sombra de políticas neoliberales que sólo defienden al capital, desamparan a los trabajadores y merman los caudales fiscales de los estados.

Entre las naciones que pretenden modificaciones al sistema de jubilaciones está Uruguay, donde el Ejecutivo formó una comisión asesora sobre el tema, cuya mayoría pro-gobierno elevó un dictamen a Presidencia. El debate acerca de la propuesta que haga el Ejecutivo se dará sobre tres puntos: la edad jubilatoria mínima (pero no obligatoria), la participación del Estado en el régimen –que se aspira que sea menor al actual en beneficio de la reducción de la deuda fiscal- y el equilibrio con otros sistemas vigentes.

Aunque sectores integrantes de estos últimos regímenes permanecen callados, dicen los analistas que probablemente ya comenzaron a preparar argumentos, diseñar estrategias y a «hacer lobby» para mantener a salvo sus prebendas. Salvo por este punto, como se aprecia, no hay grandes diferencias con los debates en otras geografías generados por regímenes de similares prácticas antiobreras.

Lo que adicionalmente singulariza al país es el hecho paralelo que de aquí en más se tomarán acciones en función de un referéndum vinculatorio que se extenderá a una evaluación de la actual administración y que ocurrirá -seguramente- en marzo próximo.

El proyecto de reforma jubilatoria del Ejecutivo, al igual que los anuncios -en conferencia de prensa- sobre un TLC con China y la defensa de lo que se pretende derogar en el plebiscito (parte del plan de gobierno) intentan marcar ritmos políticos.