Blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. Estos son los delitos para los cuales la Fiscalía de Tribunal Supremo habría encontrado indicios que incriminarían al rey emérito Juan Carlos I. Así lo señala el diario El Mundo, que ha tenido acceso a la comisión rogatoria del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas el 24 de febrero, un día antes de que el exmonarca pagase 4 millones de euros en la que fue se segunda regularización fiscal con la Hacienda española.

En este documento, la Fiscalía sostiene –siempre según lo publicado por el diario– que el ex jefe del Estado español habría cobrado «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales».

Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre la fortuna del rey emérito y asegura que dispone de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación» que tendrían, en parte, una procedencia ilícita. Esto supondría la comisión de los cuatro delitos anteriormente mencionados: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

Campos, junto con el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, tienen abiertas tres diligencias de investigación en torno a Juan Carlos de Borbón. La primera y principal de todas ellas está relacionada con el supuesto cobro de 65 millones de euros por las presuntas comisiones que habría obtenido por su intermediación en la concesión del AVE a la Meca. Una segunda por un presunto uso de tarjetas de créditos opacas y, la tercera, por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos I en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

En Suiza, las autoridades trabajan en una investigación sobre la fundación Zagatka, del primo lejano de Juan Carlos de Borbón, Álvaro de Orleans. A través de esta organización se sufragaron los gastos de numerosos vuelos privados del rey emérito por los cuales tuvo que hacer la segunda regularización fiscal en febrero de 2021. Tres meses antes había tenido que hacer la primera por valor de 678.000 euros como consecuencia de la utilización de tarjetas de crédito con fondos opacos que pertenecían al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los casos investigados en España.

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