La elección presidencial del 2018 en Colombia se resolvió en la segunda vuelta en favor de Iván Duque quien alcanzó 10.362.080 votos, mientras el candidato de la oposición, Gustavo Petro, obtuvo 8.028.033.

Sin embargo, dicha elección está viciada de fraude por la compra de votos y alteración de actas de las mesas de votantes, lo que constituye un delito que de ser juzgado de acuerdo con la norma significaría la anulación de las elecciones y la destitución del presidente ilegítimo.

Las revelaciones que algunos medios alternativos y periodistas independientes (Gonzalo Guillén, Julian F. Martínez y otros) hicieron sobre compra de votos en favor de la candidatura de Duque por cuenta de José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, un reconocido narcotraficante, testaferro de la mafia y amigo entrañable de la clase política corrupta, demuestran que este procedimiento ilegal fue determinante para el triunfo de Duque y, en consecuencia, la “derrota” de Gustavo Petro.

De aceptarse como pruebas los vídeos, conversaciones y declaraciones del Ñeñe y sus socios en la compra de votos, estaríamos ante un delito electoral y la violación al derecho constitucional de todo ciudadano de elegir libremente.

Ya durante la campaña presidencial se habían hecho denuncias por compra de votos y el fraude que preparaba la alianza de extrema derecha, una coalición entre la vieja clase política tradicional (liberal-conservadora) y el narcotráfico, que ve en la oposición su enemigo principal y una amenaza a sus intereses y la conducción del Estado.

Para Duque poder llegar a la presidencia, la extrema derecha tuvo que aceitar bien la maquinaria de corrupción que es la que les ha garantizado la continuidad en el poder; el cual no habría podido lograr sino contara con instituciones claves como el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Registraduría, la Fiscalía y las altas Cortes, en manos de gente de su más absoluta confianza.

Esta vez aplicaron la misma fórmula vienen empleando desde hace décadas. Compra de votos, repartición de los cargos públicos, feria de contrataciones a grupos de poder y clanes familiares mafiosos, cuando no han acudido al uso de la presión armada y constreñimiento al electorado a través del paramilitarismo (1990-2010).

Hay que señalar que a Duque lo impusieron en medio de una profunda crisis de legitimidad que arrastra de tiempo atrás el Estado. Crisis caracterizada por una corrupción endémica, miles de crímenes de Estado, una impunidad vergonzosa, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el asesinato de los ex guerrilleros que lo firmaron, el exterminio sistemático de líderes sociales y la pobreza extrema en que viven millones de colombianos.

Duque, un completo inexperto en el manejo de los asuntos del Estado, fue un instrumento manipulable de la oligarquía decadente que buscaba desesperadamente darle continuidad a su proyecto de sociedad basado en la Seguridad Democrática 2.0, proyecto del cual no queda sino la memoria de la completa impunidad y aterrador sufrimiento que sufrieron millones de colombianos.

De no haber quién juzgue el fraude electoral, algo bastante probable, y declare ilegitimo el actual gobierno, es dable que acabe de hundirse en una crisis tal que el consenso y la base de legitimidad con que aún cuenta no le alcancen para continuar, generando un mayor vacío de poder del que ya existe.

La oposición política, la ciudadanía crítica, los estudiantes, la juventud consciente, el movimiento social, los líderes de opinión, los medios sociales alternativos, los artistas, el movimiento feminista, las comunidades campesinas, afros e indígenas están en mora de pasar a la ofensiva y retomar la iniciativa de la movilización popular hasta expulsar del poder a la oligarquía que hizo de Colombia un narco-Estado gobernado por un presidente ilegítimo.

Para ello habría que pasar de la batalla de ideas y de las revelaciones de fraude que han hecho un contingente valiente y honorable de periodistas y líderes de opinión, a un movimiento nacional capaz de rescatar al Estado social de Derecho de las garras de la pestilente alianza narcopolítica que lo tiene secuestrado. ¿O qué espera Colombia, más pruebas y más muertos?

Adenda: los trinos de Gustavo Petro donde compara el gobierno legítimo de Venezuela con el ilegítimo de Colombia solo demuestran dos cosas. Una, que Colombia carece de una izquierda fuerte y cohesionada, y de liderazgo. Y dos, Petro se equivoca al comparar la decadencia de la oligarquía colombiana y la instrumentalización que ha hecho del narco-Estado para sus fines, asesinato sistemático de líderes sociales, de firmantes de la paz y la eliminación de la oposición; con los problemas que enfrenta hoy la Revolución bolivariana, dos realidades completamente diferentes.