Fuente: Civio/El Boe nuestro de cada día/Eva Belmonte
Ingreso Mínimo Vital: el pulso de los más vulnerables con la administración
Buenos días.
No todo el mundo puede plantar cara a la administración en los tribunales.
En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda dirigida a paliar la pobreza extrema, los contendientes son por un lado, personas y familias con pocos o ningún ingreso y, en frente, la Seguridad Social. David contra Goliat. Y pese a la relación de fuerzas, el 42% de las sentencias sobre el Ingreso Mínimo Vital son contrarias al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según datos obtenidos por Civio. Esto significa que, en estos casos, la Justicia decretó que el Estado subestimó o denegó la prestación cuando no correspondía.
| ¿Por qué está llegando esta situación a los tribunales? ¿Qué falla en la implantación del IMV? ¿En qué provincias se están produciendo más denegaciones injustificadas según los tribunales? ¿Cómo se defienden los colectivos más vulnerables al darse estas situaciones, si muchas veces no disponen ni de un ordenador? ¿Qué se puede hacer para que ayudas como esta lleguen de verdad a quienes más las necesitan?
Hoy te traemos los datos detallados y las voces que tratan de responder a estas preguntas.
Como dice una experta, «si los derechos no son accesibles, dejan de ser un derecho y se convierten en un premio«. Más de 1.300 socios y socias hacen posible que podamos investigar esto a fondo, y que la información llegue en abierto y sin coste al mayor número de personas. Es una muestra más del periodismo de servicio público independiente, vigilante, preciso y con la gente en el centro que nos gustaría seguir haciendo. Si después de leerlo consideras que es necesario que esto se sepa, y que alguien lo vigile, te pedimos que tomes partido uniéndote hoy a Civio. Queremos que seas parte de esto.
Aquí tienes toda la información: |
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LO PÚBLICO
La mayoría de quienes reclaman antes de ir a juicio -porque les niegan la ayuda o les pagan menos de lo esperado- se quedan sin respuesta: un 56% de las alegaciones registradas en los primeros nueve meses de 2021.
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