Las encuestas son consistentes al medir una caída de la popularidad y de la aprobación a la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante el periodo Covid-19, aunque aún con valores elevados (47 por ciento, según GEA- ISA).

La “proximidad” de las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, cuando será renovada la Cámara de Diputados (500 asientos), 15 gobernaciones y 2.000 alcaldías, estaría incitando a la ofensiva política en una disputa por ubicarse competitivamente.

El presidente ha reaccionado tratando de cambiar el marco del debate político, instalando la idea de que podría adelantar un año la consulta sobre la revocación de su mandato, haciéndola coincidir con las elecciones de 2021 y no en 2022. Esta decisión le catapultaría como “gran elector” en esos comicios y constituye, por tanto, una herramienta dura para disciplinar posibles disidencias dentro de Morena.

El frente múltiple antigubernamental estaría, por ahora, centrándose en el subsecretario Hugo López-Gatell, portavoz del Gobierno para la pandemia, y en el presidente Obrador sólo por elevación. El frente tiene varios arietes y se apoya en los dos extremos: de un lado, la supuesta laxitud de la respuesta del Gobierno, de otro, en la versión negacionista de la pandemia.

La dirigencia política opositora, con el expresidente Felipe Calderón y sus cercanos, la Coparmex, el PAN y Movimiento Ciudadano a la cabeza.

Televisión Azteca (segunda en audiencia en México), propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, el millonario mexicano que niega la pandemia. El segundo hombre más rico del país, cercano a López Obrador, insta a sus empleados a seguir acudiendo al trabajo y desde su televisión llama a no hacer caso a las informaciones oficiales. Un dato completa el cuadro: el Banco Azteca es adjudicatario del manejo de los principales pagos de los programas de asistencia social.

Los gobernadores de regiones “ricas” (Jalisco -independiente, exPRD-, Nuevo León -independiente, exPRI-, Coahuila -PRI- y Tamaulipas -PAN) que amenazan con retirar a sus estados del Pacto Fiscal Federal. A este grupo se sumaron críticas en materia de salud pública de gobernadores de Morena, como el de Puebla o el bajacaliforniano Jaime Bonilla.

Las distintas cámaras empresariales, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la cabeza, están en contra de las medidas del Gobierno federal, al que acusan de no incluir rescates a empresas ni apoyos fiscales, ni contraer deuda pública.

La élite mediática internacional, que lo critica por su laxitud con la pandemia (El País, Washington Post, Deutsche Welle, Human Rights Watch, entre otros).

Los ejes discursivos más activos del frente mediático son los siguientes:

• Presiones del ala más neoliberal de la oposición para abrir un “diálogo nacional que defina el futuro del país” con un Plan Nacional de Emergencia.
• Presiones del establishment económico por la negativa de AMLO a promover un “estimulo fiscal y monetario” para rescatar la economía, aunque quizá habría que decir “su” economía. El 25 de marzo, el presidente de México marcó la línea divisoria asegurando que no pediría un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para rescatar al gran sector empresarial por la contingencia del Covid-19, pese a que tiene una línea de crédito disponible de USD 61.000 millones. Al hacerlo, puso el ejemplo de los compromisos con este organismo del expresidente Zedillo y descartó endeudarse para rescatar a grandes corporaciones enfatizando que “el 90 por ciento de los empleos formales los generan los pequeños, o sea, las microempresas, las pymes”
• Fuerte crítica a los megaproyectos estrella de AMLO: Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y, sobre todo, la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco (críticas que han hecho think tanks estadounidenses).

En lo tocante a los equilibrios internos del Gobierno mexicano destaca el papel del canciller Marcelo Ebrard y de su vicecanciller para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, quienes asumieron la máxima responsabilidad de coordinación de los esfuerzos contra el Covid-19 con la entrada de México en la Fase III (contención) el pasado martes 21. Este reforzamiento de la dirección aliviaría las presiones sobre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y elevará el papel político de la comisión gubernamental en un momento en el que se intensifican las medidas contra el virus en México:

1. Reconversión hospitalaria: 29 unidades 100% Covid-19, 155 unidades híbridas para atención Covid- 19 y urgencias, y 3 unidades nuevas adicionales y acuerdo con hospitales privados para sumar 1.732 camas.

2. Con la entrada en la Fase III se podrían implementar nuevas medidas de contención severas, como suspender reuniones de más de 10 personas, sanciones a empresarios que sigan trabajando y sean considerados no esenciales o cierre de fronteras por más de 10 días.

Finalmente, hay que destacar el frente económico que, en el caso mexicano, se ha recrudecido por el colapso global del precio del crudo:

La mezcla de petróleo mexicano de exportación cerró el lunes en -2.37 dólares por barril y cerró el viernes en 8,53 dólares. AMLO anunció que cerrará producción de crudo en campos nuevos y la producción básica para las refinerías. Pemex tiene una deuda financiera de más de 105.000 millones de dólares, perdió 18.000 millones de dólares en 2019 y la deuda de la compañía ha sido degradada a nivel “basura” por dos agencias calificadoras en las últimas semanas.

La ONG Oxfam calcula que unas tres millones de pequeñas y medianas empresas se verán afectadas por el decreto de emergencia sanitaria que frenó toda actividad no esencial. Esto significa que unos 28 millones de trabajadores, el 47 por ciento de la fuerza laboral en México, verán reducidos sus ingresos en una recesión —calculada en un 6,6 por ciento por el FMI— que ya es comparada a la de 1995, la más severa de la historia moderna de México. El programa anunciado de tres millones de créditos de 25.000 pesos (unos 1.000 dólares) está siendo denunciado por insuficiente desde distintos frentes empresariales y no gubernamentales.