Uno de los hechos evidentes de la actual coyuntura en Colombia es la complicidad de la mayoría de los organismos internacionales con el régimen de Iván Duque en la represión ejercida por este contra la juventud y el pueblo en los 38 días del Paro Nacional, tarea en la que cuenta con el respaldo de sus medios masivos de “información”.

El secretario general de la ONU, António Guterres; la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet; el secretario general de la OEA, Luis Almagro; la Unión Europea, el Parlamento Europeo, entre otros funcionarios e instituciones, no pasan de decir generalidades sobre lo que ocurre en Colombia.

La política de esas instituciones, que debería ser equilibrada y orientada a la defensa de los derechos humanos sin distingos, está absolutamente ideologizada y determinada por posiciones ultraconservadoras, afines a los intereses de Estados Unidos y de los países europeos.

Mientras frente a otras naciones orientadas por políticas diferentes a las de las grandes potencias y monopolios transnacionales las referidas instituciones han actuado de manera obsesiva, en Colombia, ante los graves hechos de uso criminal de la fuerza en la represión de la protesta popular por parte del Estado, esos organismos internacionales han brillado por su paquidermia, unos, y franca ausencia, otros, como es el caso del autodenominado Grupo de Lima.

Incluso la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido endeble, timorata, aunque es el único organismo que ha expresado algún asomo de atención a la forma como el Gobierno colombiano ha atacado, con violencia brutal, el Paro Nacional desde su inicio, el 28 de abril.

Todo lo anterior deja en absoluta evidencia el sesgo con el que las instituciones mencionadas actúan en favor de los regímenes de derecha y ultraderecha en América Latina, frente a los cuales miran de soslayo y obran con complicidad cuando violan los derechos humanos y reprimen con sevicia a los pueblos, como lo están haciendo el Gobierno uribista de Iván Duque y su policía.

Misión de solidaridad argentina

Contrastan las posiciones de esas instituciones con las tareas desarrolladas por organizaciones como la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, integrada por diversos colectivos argentinos, que acaba de dar a conocer su informe sobre la situación encontrada en Colombia.

La Misión concluyó que “el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del Paro Nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.

Sostiene, de igual forma, que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa prácticas inscritas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.

Manifiesta, también, que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo, representado por jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad Lgtbiq, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil”.

Agrega que “deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho”.

Y puntualiza: “El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”.

Representantes de las diversas organizaciones reunidas en la Misión Internacional de Solidaridad estuvieron en diferentes ciudades del país documentando los casos de represión, hablando con las víctimas y acopiando testimonios para el documento que dieron a conocer en las últimas horas.

Hicieron parte de la Misión argentina entidades de derechos humanos como Serpaj, Apdh La Matanza, Correpi y Xumec; organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie; organizaciones gremiales y de la sociedad civil como ATE, CTA-Autónoma y la Asociación Americana de Juristas.

“Se concluyó que era imperioso contribuir al resguardo de la vida y la dignidad humana, garantizar la justicia y la verdad y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos”, explicaron los integrantes de la Misión.

En Yumbo, «les manda saludes Duque»

Entre otras varias ciudades del país, la Misión estuvo en Cali y Yumbo, en el Valle, y Puerto Tejada, en el norte del Cauca.

Sobre lo encontrado hasta el 3 de junio, fecha de su informe, denuncia que fueron desaparecidas 93 personas, 46 fueron asesinadas en la represión a la movilización social, 240 fueron detenidas y 149 fueron heridas por armas de fuego.

“La situación que vive Cali ha desencadenado daños irreparables sobre la vida, la integridad física y psicológica de la población, profundizados a partir del Decreto 575 del Gobierno nacional, que estableció el toque de queda y la militarización de la ciudad. Otro rasgo característico ha sido la actuación de civiles armados disparando a la par y coordinadamente con las fuerzas públicas”, dice el informe.

El documento indica, igualmente, que “la represión en esta zona adquiere características particulares como la connivencia empresarial con la estructura represiva, llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura, así como punto de avituallamiento y cuartel. El escarmiento a la población ha recorrido hitos represivos que van desde las balaceras indiscriminadas con armas largas hasta los asesinatos atroces de personas previamente desaparecidas”.

“Se recibieron denuncias de referentes juveniles, sociales, sindicales, indígenas, afrodescendientes, religiosos, así como periodistas y activistas de derechos humanos, quienes son fuertemente perseguidos, judicializados e investigados bajo la modalidad de espionaje”, expresa más adelante la relatoría.

Asevera que “la Misión ha recogido denuncias provenientes de las comunidades negras donde se enfatiza la dinámica de limpieza social, el despojo territorial forzado y el racismo estructural”.

“Asimismo, cabe mencionar que un aspecto distintivo de esta zona (es) la connivencia empresarial en los hechos represivos, siendo los casos más emblemáticos la empresa Huevos Kike y la Empresa Integral de Empaques”, asegura el documento de los defensores de derechos humanos argentinos.

Y sobre Yumbo, expresa que “se pudo constatar varios homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, entre los que se encuentra el caso de Maicol López Cano”.

“Varios testigos relatan el ingreso al barrio de fuerzas de seguridad disparando balas de plomo, gases y bombas aturdidoras al grito de *‘Les manda saludos Duque’*. Producto de este hecho dos jóvenes perdieron la vida”, revela el informe.

Continuando con Yumbo, manifiesta: “El punto de resistencia de Ecopetrol ha sido público y nacionalmente conocido por ser el sitio desde donde un técnico de la Fiscalía disparó contra 3 manifestantes. En la zona, los organismos de derechos humanos denuncian la existencia de 149 heridos de bala y al menos 6 asesinatos”.

La masacre en Siloé

Sobre el plantón de resistencia de Siloé, en la Comuna 20 de Cali, el informe dice que “en este punto hubo una concentración de mecánicas represivas”, en el marco de las cuales se presentó “la desaparición forzada de una persona golpeado por miembros del Esmad y la policía nacional, encontrándose el cuerpo calcinado al día siguiente frente al (almacén) Dólar City”.

“Este punto de resistencia cuenta a la fecha con los siguientes asesinados por parte de las fuerzas de seguridad: José Emilson Ambuila, Kevin Antonio Agudelo Jiménez, Harold Antonio Rodríguez Mellizo, Daniel Andrés Forero Olave, Nicolás García, Cristhian Arturo Hinojosa Murillo, Nelson González, Andrés Antonio Mejía, Daniel Stiven Sánchez y Michael Andrés Aranda. Se le agregan dos víctimas encontradas en la Vía Cali-Palmira, cuyas identidades son: Gregorio Angelvis Bello Pérez y Carlos Sierra”, denuncia el documento.

Sobre lo ocurrido en Calipso, en el oriente de Cali, la relatoría expresa que “se recibieron denuncias sobre el local de tiendas Éxito utilizado como centro de detención y tortura. A la fecha funciona como centro de avituallamiento y acuartelamiento de la policía, denunciando los manifestantes que el traslado de armas y pertrechos se realizaba en una ambulancia”.

Mentiras mediáticas para silenciar

En la mañana de este viernes 4 de junio, día 37 del Paro Nacional, Julio Sánchez Cristo, director del noticiero de La W Radio, anunció lo que denominó como “una primicia” informativa, “una bomba” periodística que supuestamente demostraría un nuevo complot contra el Gobierno de Duque, aunque hipócritamente repetía que él no buscaba deslegitimar el paro (“a confesión de parte, relevo de pruebas”, dice el viejo axioma jurídico sobre las confesiones no pedidas).

La famosa primicia, para la cual los órganos de “inteligencia” del régimen instrumentalizaron a dos reporteros de Sánchez Cristo, era una conversación casi inaudible de uno de los delegados de la Misión argentina con un líder social de Bogotá en la que el primero le pedía al segundo su concepto sobre la situación del país, y en la que éste argumentaba que si había un golpe de Estado contra el Gobierno de Duque el mismo provendría del uribismo, sector político en el que, se sabe, hay una mayoría ultra recalcitrante interesada en una salida abiertamente fascista.

En eso quedó la “primicia” sobre el supuesto “complot” internacional, ahora argentino, contra el régimen… ¡Qué tal el ridículo de La W! Una conversación personal que no demostraba nada, más allá de que la policía de Duque anda a la caza de cualquier cosa para justificar la persecución a los defensores de derechos humanos, nacionales y/o llegados del exterior, como en este caso.

Ah, pero eso sí, ni una palabra sobre el informe de la Misión argentina, pues las graves denuncias formuladas por esta conjunción de organizaciones no les interesan ni a La W Radio ni a los demás medios de las élites y, por el contrario, buscan silenciarlas, incluso, haciendo filtraciones de supuestos “complots desestabilizadores” que, como el tan anunciado, se desinflan como globos pinchados tan pronto se difunden.

En días anteriores, la misma emisora se había esforzado por darle micrófono al expresidente Andrés Pastrana para que vertiera a través de las ondas hertzianas sus lunáticas y absurdas narrativas en el sentido de que el Gobierno del presidente Maduro de Venezuela “estaría detrás del Paro Nacional y la desestabilización de Colombia”. ¡Otra versión ridícula monumental!

Ya habían dicho lo mismo antes en relación con el Gobierno del presidente Putin de Rusia, pues la extrema derecha colombiana no solamente es cínica y mentirosa, sino que sigue usando sus medios, como La W Radio (para no hablar de otros más oscuros), con el fin de generar matrices de desinformación y echarle la culpa de su arrogancia e ineptitud a los fantasmas que crea.

Cada vez más sectores de la opinión pública creen menos estas matrices de los medios de las clases dominantes, y se orientan fundamentalmente por los espacios alternativos y la comunicación popular en las redes.

A pesar del cerco mediático, el Paro Nacional y la multiplicidad de resistencias juveniles a lo largo y ancho del país siguen su marcha.