Ilias Tahiri, nacido en Marruecos, llegó a Ceuta con 13 años de edad. Víctima de una burocracia ciega ante las necesidades de la infancia, nunca recibió una educación formal y comenzó a ganarse la vida como pudo. De esta manera terminó recalando en el Centro de Menores Tierras de Oria (Almería), donde cumplió 18 años en febrero de 2019.

La muerte de Ilias y la investigación judicial

Unos meses después, el 1 de julio de 2019, falleció en dicho centro, atado a su cama, porque según los trabajadores del centro se encontraba muy nervioso y agresivo y se le había aplicado el “protocolo antisuicidio”. Sin llevar a cabo ninguna investigación, el juzgado competente lo archivó al considerarlo una “muerte accidental”. Y eso a pesar de que se le había atado boca abajo en la cama, contraviniendo el propio protocolo del centro, que deja claro que cuando se aplica esta medida coercitiva “con carácter general, la posición del menor en la cama será de decúbito supino (boca arriba), salvo que por prescripción médica u otras circunstancias justifiquen o aconsejen la posición de decúbito prono (boca abajo)”. Pero, al fin y al cabo, ¿cómo iban a pensar que los vigilantes del centro podían tener alguna responsabilidad, cuando al fin y al cabo la víctima era un joven delincuente extranjero?

La familia de Ilias, con su hermano Abdelmunir a la cabeza, no se rindió y recurrió el archivo, alegando que la muerte no había sido un accidente sino un asesinato, lo cual . Y gracias a ello se ha dado con una prueba fundamental que podría terminar por dar alas al caso: El pasado 9 de junio, casi un año después de los hechos, El País publicó un vídeo de la muerte del joven que revela que durante los 13 minutos que duró el “protocolo de contención” Ilias no se resistió – pese a que los trabajadores dijeron que sí – y estuvo soportando la presión de la rodilla de uno de los guardas de seguridad en su espalda, incluso después de haberle colocado todas las sujeciones (lo cual se hace entre seis personas distintas) y de estar completamente inmovilizado. Seis adultos ataron a un niño, uno le asfixió y ninguno hizo nada.

Ginso, un viejo conocido

La Fundación Ginso, responsable del centro almeriense, ya estuvo envuelta en un caso similar en 2011. Ramón Barrios, de 18 años, perdió la vida tras ser inmovilizado por dos vigilantes de seguridad del centro de menores Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid). Ocurrió cuando Ramón cumplía su tercer fin de semana de internamiento, de los doce que se le habían impuesto, por pequeños hurtos. En aquel entonces, los vigilantes alegaron que estaba muy nervioso y que por eso le inmovilizaron boca abajo sobre su cama. Nadie fue investigado, ni condenado por ello.

Ginso, por cierto, fue denunciada por Podemos por formar financiar ilegalmente al PP de Esperanza Aguirre mediante el desvío de fondos destinados a centros de menores.

Por el fin de las contenciones mecánicas

La palabra sujeción mecánica es un eufemismo que esconde lo que es en realidad: atar a alguien boca arriba o boca abajo durante un rato hasta que se calme. La legislación española autoriza la sujeción mecánica de menores (así como el uso de la fuerza física, las defensas de goma y el aislamiento temporal) “para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas”, “impedir actos de fuga”, “impedir daños a las instalaciones” y “para contrarrestar la resistencia activa o pasiva a las instrucciones dadas por el personal”.

La publicación del vídeo ha generado una oleada de indignación entre distintos estamentos institucionales y ONG. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, publicó un informe el pasado 17 de julio (disponible aquí) analizando cientos de horas de grabaciones de sujeciones mecánicas, que parece una historia de terror: menores colocados en posturas muy forzadas durante dos o tres horas, lesiones físicas, sufrimiento imborrable, síntomas de asfixia, etc. Y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha recordado que ya en 2016 recomendó acabar con las contenciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Junta de Andalucía, los centros de internamiento para menores infractores en la comunidad aplicaron sujeciones mecánicas a jóvenes en al menos 360 ocasiones durante 2017 y 2018, según unos datos que obtuvo la diputada Maribel Mora. En el primer año, fueron 106 chavales diferentes los que soportaron esta práctica; y en el segundo, 121. Pero, por supuesto, no es una práctica que únicamente se ha dado en centros de menores. Hace dos años publicamos un artículo titulado “La campaña ‘Cero Contenciones’ reclama que no se ate a gente en ingresos psiquiátricos” (agosto 2018) en el que relatábamos los efectos de esta práctica en hospitales psiquiátricos y los esfuerzos de distintos activistas en el ámbito de la salud mental por abolirla.

La persecución de quien denuncia

Tras el estallido del caso de Ilias Tahiri, algunos ex-trabajadores del centro filtraron imágenes de malos tratos durante las contenciones mecánicas. Fueron denunciados por hacerlo y la Fiscalía solicita para ellos penas que oscilan entre los tres años y medio de prisión, y los cuatro años y ocho meses por la supuesta comisión de varios delitos relativos de descubrimiento y revelación de secretos al considerar que los menores que fueron filmados no prestaron su consentimiento para la adopción y difusión de las imágenes, por las que «se sienten perjudicados».

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que alguien se enfrenta a la Justicia por denunciar abusos ocurridos dentro de centros de menores. En el año 2012, por ejemplo, un grupo de personas que fueron identificadas en una manifestación en la que había una pancarta que decía que en los centros de menores se tortura, fueron imputadas por delitos de injurias y calumnias. Sin embargo, la causa finalmente se archivó.

Otros tipos de maltrato a la infancia

Más allá de las contenciones, existen otras formas de maltrato habitual a la infancia. La Fundación Raíces publicó el 22 de julio un informe que denuncia agresiones a 55 menores tutelados en Madrid desde 2016.

Los casos son la base de un informe que Fundación Raíces publica este miércoles para mostrar la vulnerabilidad de los menores extranjeros tutelados y la dificultad que tienen para denunciar y que se investigue a sus agresores. En sus relatos, los niños, de entre 12 y 17 años, apuntan sobre todo a los vigilantes de seguridad de los centros de primera acogida de Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, pero también a educadores y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las denuncias se circunscriben a Madrid, aunque la organización alerta de que las deficiencias del sistema, que acaban dando impunidad a los agresores, se repiten en todo el territorio nacional.

Entre los testimonios recogidos durante casi cuatro años está el de K. T. un argelino que con 15 años denunció la agresión de un vigilante de seguridad del Isabel Clara Eugenia. “Cuando la policía se marchó, me llevaron al cuarto de los vigilantes, esposado, cerraron la puerta. Él me pegó patadas hasta que caí al suelo boca abajo, los demás también me pegaron, pero no con tantas ganas como él. Ahí me tuvieron hasta que se cansaron. No sangré, pero sentía que me iba a desmayar, me dolía todo el cuerpo”. También puede leerse el caso de M. T., un adolescente marroquí que fue agredido tras subirse a un árbol para rescatar un balón con el que jugaban. “Cuando me dijo que me acercase ya sabía que me iba a pegar. Los vigilantes no hablan, solo nos hablan con sus puños”, contó. Las fotos que acompañan el informe muestran brazos escayolados, brechas en la cabeza y hematomas en todo el cuerpo.

Un 83,6% de los chavales que han relatado agresiones son marroquíes, el perfil mayoritario de los menores que migran solos a España. Pero hay también argelinos, guineanos, gambianos y cameruneses. La organización ha atendido igualmente a jóvenes españoles y destaca el caso de una adolescente de 16 años embarazada de tres meses que, tras recibir una patada en el abdomen de un educador, acabó sufriendo un aborto.