El 27 de enero se cumple el primer año de la Presidencia de Xiomara Castro en Honduras. Castro ganó con el 51,1 por ciento de los votos las elecciones en noviembre de 2021 encabezando la Alianza del Pueblo. Dicho frente electoral estaba compuesto por el partido de Castro (LIBRE) y el partido de Salvador Nasralla (candidato a vicepresidente), Salvador de Honduras (PSH).

Esta alianza, también conocida como Acuerdo Bicentenario, permitió quitar del poder al histórico Partido Nacional, cuyo candidato era Nasry Asfura (obtuvo el 36,93 por ciento) y al que pertenece el expresidente Juan Orlando Hernández. Asfura es el actual líder de la oposición.

A un año de Gobierno, hay algunos elementos a tener en cuenta para entender la situación política actual:

La alianza entre LIBRE y el PSH se rompió públicamente a mediados de octubre de 2022, quedando el primer designado presidencial (equivalente a un vicepresidente) Nasralla como opositor dentro del Ejecutivo, y los congresistas del PSH como potenciales obstructores de proyectos de ley.

La ruptura, anunciada por el actual asesor presidencial y coordinador de LIBRE, Manuel Zelaya, fue atribuida por este a las constantes críticas públicas de Nasralla a la presidenta, su gestión de Gobierno y el partido LIBRE.

Desde el PSH destacan que el deterioro de la alianza política es responsabilidad de LIBRE por no avanzar en los acuerdos del Bicentenario excepto la Presidencia de la Cámara Legislativa, que quedó para el PSH, y la excesiva interferencia en el Gobierno del expresidente Zelaya.

El panorama en el Congreso es complejo, porque al oficialismo, incluso todavía aliado con el PSH no le alcanzaban los votos para una mayoría simple. Esta necesitaría de 65 votos de 128 (86 la mayoría calificada) y LIBRE solo tiene 50 congresistas, de los cuales 20 dejaron de apoyar al Gobierno desde el inicio del mandato.

El PSH tiene 10, aunque en la práctica son 9 votos porque Luis Redondo es el presidente del Congreso, mientras que entre el Partido Nacional y el Partido Liberal suman 66 curules. Democracia Cristiana y Partido Anticorrupción suman dos más, normalmente favorables al Gobierno.

En definitiva, el partido de Gobierno no cuenta con capacidad para tener mayoría simple y no siempre su exaliado PSH votó a favor, como con la ley del Consejo de Defensa y Seguridad; por otra parte, el opositor Partido Liberal ha apoyado la ley de Presupuesto 2023.

La gran batalla que se librará en el Congreso próximamente, y en la que también están puestos los ojos de organismos internacionales como la OEA, es la elección de los 15 miembros de la Corte Suprema. El 23 de enero es la fecha límite para que la Junta Nominadora presente los 45 postulantes para ocupar esos cargos que tienen una duración de 7 años y de los cuales 7 deben ser mujeres.

La consecución de una Corte independiente e idónea es clave para llevar adelante la lucha contra la corrupción, entre otras razones porque tiene competencia para juzgar a congresistas y funcionarios. Cabe recordar que la Corte Suprema en 2009, compuesta por jueces designados por los partidos mayoritarios, emitió un pronunciamiento avalando el golpe de Estado a Manuel Zelaya y que en 2015 revocó el límite a la reelección posibilitando un nuevo mandato para Juan Orlando Hernández, actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico. También deben elegirse el fiscal general y el fiscal general adjunto.

El pasado 15 de diciembre, la presidenta firmó un memorándum de entendimiento entre el Gobierno hondureño y la ONU para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICICH), aunque no han trascendido detalles sobre su alcance y duración.

La solicitud no ha estado exenta de dificultades, dado que la ONU plantea que el mecanismo tenga facultades para “realizar investigaciones de forma independiente, así como constituirse como acusador privado”, y el Gobierno propone que la acusación penal corresponda siempre al Ministerio Público. En el ámbito interno, la disputa mayor se centra en la solicitud del Partido Nacional de garantizar que esta comisión investigue la gestión del expresidente Zelaya.

Las últimas encuestas realizadas en el país ERIC-SJ (julio 2022), y CID Gallup (septiembre 2022) arrojan algunos resultados relevantes sobre la percepción política actual de los hondureños:

i) el 65 por ciento de los entrevistados aprueba la labor gubernamental (Gallup) y el 66,7 por ciento considera que Xiomara Castro representa un cambio positivo (ERIC-SJ);

ii) las principales preocupaciones de la población son el desempleo, el alto costo de vida y la inseguridad (Gallup y ERIC-SJ); y

iii) el 71 por ciento de la población afirma que es muy o algo probable que, de tener los recursos para hacerlo, se iría del país en busca de mejores oportunidades (Gallup).

Entre las principales medidas adoptadas por la presidenta durante su primer año de gestión, destacan:

a) el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que provee gratuitamente de energía a los sectores más empobrecidos y los subsidios al combustible;

b) la abolición de las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zedes), implementadas por Hernández, que permitían la privatización de recursos naturales y minerales estratégicos;

c) la prohibición de la minería a cielo abierto;

d) el establecimiento del estado de excepción durante un mes (recientemente prorrogado por 45 días más) en 167 zonas del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y San Pedro Sula ante el crecimiento de los índices de delincuencia y para luchar contra las pandillas; y

e) la creación de distintos tipos de bonos, como los del programa Red Solidaria y el Bono Esperanza para poblaciones vulnerables.

Finalmente, a mediados de enero el Congreso aprobó el Presupuesto 2023, orientado a la ejecución de proyectos en Salud, Educación, Agricultura, Medioambiente y Equidad de género.