Mientras en los medios de información internacionales se destacaba la gran tensión mundial desatada por EU y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre la pretendida integridad de Ucrania “amenazada” pretendidamente por  Rusia, el pasado 15 de febrero en  Tegucigalpa, capital de Honduras, era apresado por la policía nacional el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH).

Las imágenes que han figurado en la prensa internacional aparece el exmandatario esposado de pies y manos. Con ello se retrataba una viva imagen de que la llamada “narcodictadura” llega a su fin. Incluso todavía algunas expresiones de apoyo se expresaban con declaraciones y manifestaciones de algunos miembros del Partido Nacional de Honduras (PN) frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se lleva a cabo el juicio a JOH. Así, Reinaldo Sánchez, expresidente y actual diputado, ha sostenido que es un tremendo golpe para su partido, la mayor fuerza política de la derecha hondureña.

Pensemos que la candidatura de Xiomara Castro en gran medida se apoyó en todo un discurso que caracterizaba el gobierno de JOH y del PN como una “narcodictadura”. Consigna que clarificó cual era la característica del engranaje del poder en ese país centroamericano. El Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Salvador de Honduras (PSH)   que postularon a Xiomara Castro a la presidencia y ganaron la elección el 27 de noviembre de 2021, dieron el primer paso para desmantelar al poder del narcotráfico. Estructura de poder que en los periodos de gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022) afianzó mucho más el poder del narcotráfico y el crimen organizado. Situación muy semejante a la del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) del Partido Acción Nacional en México, quien nombró como secretario  de  seguridad a Gerardo García Luna, gran aliado de “el Chapo” Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa.

La sombra del narcotráfico en Honduras se había hecho presente desde hace varias décadas. Pero comenzó a tomar más fuerza cuando el presidente Manuel Zelaya  sufrió un golpe de Estado en junio 2009. Esto generó que posteriormente llegaran a la presidencia los candidatos del Partido Nacional de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022). Con ello se afianzó una política de corte neoliberal y un debilitamiento del Estado, así como la privatización del país cayendo el poder político en manos del narcotráfico.

El origen de la acusación contra JOH por sus presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas en buena medida se hicieron más evidentes cuando su hermano Antonio “Tony” Hernández  fue apresado en Miami, Florida, por agentes de la DEA en noviembre de 2018, acusado de sus nexos con el narcotráfico y por presumir portar armas de manera ilegal en territorio estadounidense. En el juicio que se le entabló en la Corte de Nueva York fue también condenado como  culpable en octubre de 2019. Especialmente por sus vínculos con el cartel de los llamados “Cachiros”.  Cartel del narcotráfico que originalmente presumía de ser uno de los grupos que controlaban rutas de transportistas en territorio de Honduras. Asociación que también se conformaba por antiguos ladrones de ganado y que con el tiempo fue monopolizando el tráfico de la ruta de la cocaína entre Colombia y México. Originalmente se estimó que este grupo de narcoempresarios detentaban un capital que fluctuaba en aproximadamente casi mil millones de dólares.

Así que la aparición de grupos de narcotraficantes en Honduras (los “Cachiros”), de México (cartel de Sinaloa) o de Colombia (Cartel del Norte del Valle), no es casual en territorio hondureño y mucho menos en sus vínculos con la clase política catracha.  Se estima que los “Cachiros”, llegaron a adquirir la cocaína con organizaciones del narcotráfico colombiano. Ya en territorio hondureño trasladaban “la cocaína al Cartel de Sinaloa y a otros grupos mexicanos.”Los ‘Cachiros’ tenían grandes intereses empresariales y políticos, que se extendían hasta la élite hondureña. Tenían contactos importantes en el ejército y en la policía, particularmente en el departamento de Colón, el bastión del grupo” (:  https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-honduras/cachiros-perfil/  (13 de febrero, 2022).

En este contexto se puede reconocer que el sistema judicial estadounidenses en los últimos tiempos ha presumido de poner en el banquillo de los acusados a figuras prominentes del narcotráfico. Sin embargo, llama también la atención que los grandes barones de la droga estadounidenses no  han sido llevados a juicio y menos condenados a prisión como sus pares latinoamericanos.

Pensemos que la situación en 2021 en  el caso del Clan Hernández y sus estrechos círculos con los políticos del Partido Nacional de Honduras, crearon un escenario donde el narcopoder, ganó un descrédito internacional. Perdieron sus correas de transmisión con la Casa Blanca cuando Donald Trump tuvo que abandonarla muy a su pesar. Quedaron sumamente débiles internacionalmente y desacreditados nacionalmente por la reelección de JOH al realizar el fraude electoral (noviembre 2017), así como al reelegirse anticonstitucionalmente cuando la carta magna lo prohíbe. Otro lastre de JOH entre los muchos que le pesaron, es el femicidio de Bertha Cáceres, dirigente indígena de las comunidades lencas y la luchadora  ambientalista, quien fue asesinada en 2016

De esa manera con la sentencia a cadena perpetua de “Tony” Hernández y las evidencias de la corte  federal del Distrito Sur de Nueva York, contra JOH, hacen pensar que el narcopoder de los gobernantes y dirigentes del Partido Nacional de Honduras, tienen los días  contados. Esto se postula cuando la Embajada de EU dio a conocer la declaración del Secretario de Estado, Antony J. Blinken, al cancelar la visa de Porfirio Lobo expresidente de Honduras. Situación  semejante aconteció con la cancelación de la visa estadounidense de JOH. Este hecho se profundizó cuando el 15 de febrero de 2022, JOH, fue detenido por la policía  hondureña tras las acusaciones del gobierno estadounidense por sus vínculos con el narcotráfico.

Ese poder del crimen organizado nos muestra que Fabio Lobo, hijo del otro ex presidente de Honduras,  Porfirio  Lobo, también sufrió una condena de 24 años de cárcel en Nueva York en el año de 2017, precisamente  por cooperar en traficar 1,4 toneladas de cocaína en territorio estadounidense. Hoy a JOH se le acusa  de traficar más de 500  toneladas de esa droga  a EU. De ahí que seguramente vendrán otras detenciones de narcopolíticos, de miembros de las fuerzas armadas y policiales que harán mucho más evidente el estrepitoso colapso de la “narcodictadura” en Honduras.