En este mundo saturado de conflictos e injusticias, llama la atención una noticia que apenas los medios registran.

Se trata del caso Assange y sus implicaciones. Entre el 27 y el 28 de octubre se realizó la audiencia de apelación solicitada por EE. UU. ante la negativa de su extradición por parte del Tribunal Superior de Londres el pasado 4 de enero. Se estima que en un lapso de 4-6 semanas se conocerá el veredicto definitivo.

La decisión del Tribunal representó un logro parcial para el periodista australiano, en una época en que los derechos fundamentales se arrasan sin medida ni contemplación, en medio del manejo mediático y de la legitimación de las prácticas fascistas. La jueza que tomó la decisión dejó en claro que su dictamen solo se basaba en las condiciones inhumanas que este afrontaría en su lugar de destino, en su deteriorada salud física y mental y el riesgo que corría de suicidarse.

El proceso de apelación de EE.UU. se concretó antes de lo previsto. El presidente Biden informó que continuaría con el mismo y rechazó varias solicitudes de archivarlo.

El caso de Assange, fundador de WikiLeaks, es escandaloso e indignante. Entre 2010 y 2011 publicó más de diez millones de documentos clasificados de Washington, apoyándose en algunos de los principales diarios del mundo.

Se registraron allí múltiples denuncias de interés público, en especial crímenes perpetrados por el ejército estadounidense y sus aliados: asesinato a mansalva de civiles en Irak, las tenebrosas condiciones de los prisioneros de Guantánamo o los tratos crueles, inhumanos y degradantes en la prisión iraquí de Abu Ghraib, tan bien recreados por Fernando Botero.

La persecución contra Assange no dio tregua. En 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, cuando el gobierno de Rafael Correa le concediera asilo político. Permaneció allí durante casi siete años, hasta abril de 2019, cuando Lenin Moreno le retiró el asilo, cediendo al chantaje estadounidense.

El australiano fue entonces sacado a la fuerza de la Embajada y encerrado en la prisión de alta seguridad de Balmarsh, denominada el “Guantánamo británico” por Nils Melzer, Relator especial de la ONU sobre Tortura.

En un informe señaló que allí ha estado en condiciones de aislamiento más propias de un gran terrorista que de un periodista en prisión preventiva. Sus derechos a la defensa han sido violados sistemáticamente, en una actitud vergonzosa de la justicia de Londres en complicidad con Washington. Claramente, se trata de un intento de criminalizar el periodismo de investigación, concluyó.

Más recientemente, el portal Yahoo News destapó un complot orquestado por la CIA para “secuestrar o asesinar” al australiano cuando estaba en la Embajada. Se cree que una empresa de seguridad española, Undercover Global S.L, hoy bajo investigación en Madrid, lo espió permanentemente.

Assange no es ciudadano de EE. UU. ni tiene ningún vínculo laboral con ese país. No desarrolló labores de espionaje ni sustrajo la información. Lo hizo Chelsea Manning, una analista de información estadounidense que trabajó en Irak. Por su valor, fue condenada a 35 años en la tenebrosa prisión de Alexandria, en donde ha intentado suicidarse en tres ocasiones.

De ser extraditado, al lo podrían condenar a 175 años. Como lo señaló su abogado en la audiencia de apelación, no tendría un juicio justo ni mínimas garantías de defensa. Se le acusaría con base en pruebas clasificadas, sin acceso para su defensa, ante un jurado parcializado.

De hecho, el tribunal sobre espionaje de Alexandria nunca ha absuelto a un acusado. Su vida peligraría porque estaría en condiciones de aislamiento severo. Hay certificaciones serias sobre su extrema afectación mental y su riesgo de suicidio.

La movilización internacional a su favor ha sido notoria, como se vio en varias ciudades del mundo la semana pasada. El Tribunal Belmarsh, conformado por iniciativa de la Internacional Progresista, intensificó el trabajo por su liberación.

Es mucho lo que está en juego. Todo el proceso, catalogado como una farsa, muestra cómo se pretende castigar al denunciante del crimen y no a sus perpetradores. “Cuando decir la verdad se haya convertido en un delito, mientras los poderosos gozan de impunidad, (…) habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía incontrolada”, señaló Melzer.

Por otra parte, como afirmó Agnes Callamard, Secretaria general de Amnistía Internacional, “es grotesco, que casi 20 años después, prácticamente ninguna persona responsable de los presuntos crímenes de guerra cometidos por EE. UU. haya rendido cuentas (…)  y, sin embargo, un editor que sacó a la luz estos crímenes se esté enfrentando a una posible cadena perpetua.

Por último, si la extradición fuera negada, el gobierno británico podría desconocer esa decisión y concederla. A finales de los 90 negó la extradición de Augusto Pinochet a España, donde era requerido por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Le ofreció en cambio el perdón.

A este paso, los periodistas que destaparon los Pandora Papers podrían ser también procesados. Llama la atención la complicidad e indiferencia de los países poderosos, tan activos cuando se trata de censurar a Venezuela.