La empresa pública Hipódromo de la Zarzuela va a reabrir este domingo sus gradas al público por primera vez desde el estallido de la crisis del coronavirus y tras recibir el enésimo rescate del Estado para evitar su quiebra, que esta vez ha ascendido a 7,3 millones de euros.

La enésima inyección de dinero público para la empresa estatal se concedió hace ya meses, pero no ha aflorado hasta ahora. Está recogida en las cuentas anuales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el accionista minoritario del hipódromo con el 4,22% de las acciones.

En esas cuentas, recién publicadas, se explica que «el 23 de diciembre de 2019 la Junta General de Accionistas del Hipódromo de la Zarzuela aprobó una aportación de socios por un importe total de 7,3 millones», que se suma a la de 7,5 millones que ya se llevó a cabo en octubre de 2018. La mayor parte de ese importe lo ha puesto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el mayor accionista de la deficitaria empresa pública.

La SEPI prevé publicar en los próximos días sus cuentas de 2019, que Hipódromo de la Zarzuela tampoco ha hecho públicas aún. Las de 2018 reflejaban un nuevo quebranto de 7,94 millones.

El hipódromo, una joya arquitectónica propiedad de Patrimonio Nacional, ubicada en el Monte de El Pardo de Madrid y declarada Bien de Interés Cultural, estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola, padre del hotelero Kike Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública en octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas superan los 50 millones y nunca ha dado beneficios.

Reapertura al 60%

El recinto, que tras el estallido de la pandemia reinició las carreras sin espectadores el 14 de junio, abre este domingo sus puertas al público general conforme a las pautas establecidas en la orden 668/2020 emitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Hasta el 5 de julio, el aforo permitido será del 60%, pasando al 75% desde el 6 de julio en adelante.

«Después de más de 3 meses cerrados, hemos trabajado para implementar todas las medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19, a través de un protocolo específico para nuestros visitantes y empleados», destacaba esta semana la empresa estatal, que ha restringido la venta de entradas al canal online y ha implementado puntos de apuesta vía móvil.

Además, se han habilitado ventanillas exclusivas de pago en efectivo, «donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas» y se ha establecido el uso obligatorio de mascarillas salvo para los menores de 6 años ; el recinto ubicará dispensadores de geles hidroalcohólicos y habrá información y señalética para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Los diferentes espacios como tribunas, salas de interior, paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones «y estará controlado de forma rigurosa» y habrá un servicio de restauración con las medidas higiénico-sanitarias previstas por la Comunidad de Madrid.

Hace casi un año, el hipoódromo aprobó una inversión de 750.000 euros en un restaurante cuya gestión había adjudicado a una unión de empresas (UTE) formada por personas muy cercanas al presidente de la empresa estatal, Álvaro Gutiérrez de la Fuente. Tras trascender la adjudicación, la adjudicación lleva meses paralizada y no consta que el contrato se haya formalizado.