Parece que se pudiera entrar en una fase auténticamente bélica, dentro del gran contencioso que supone la guerra híbrida que Estados Unidos le tiene declarada a Irán, componente esencial de su política neoimperialista (económica, que no ya política ni jurídica), que, aunque abarca todo el mundo (potencia global), tiene, hoy día, uno de sus principales epicentros en lo que podríamos denominar de forma genérica como Próximo y Medio Oriente.

Efectivamente, el pasado 3 de enero de 2020, un bombardeo estadounidense acabó, en el aeropuerto de Bagdad (capital de un país supuestamente independiente y soberano) con la vida de un alto funcionario del Gobierno de Irán (país, también, supuestamente independiente y soberano), el general iraní, de cierto prestigio y renombre, Soleimaní, responsable, entre otras funciones, de las actuaciones de las fuerzas iraníes en el exterior y del apoyo a las milicias ideológica y religiosamente afines al régimen iraní, que operan legalmente en sus respectivos países, plenamente aceptadas por, y en muchos casos colaborando con, sus propios Gobiernos. Es decir, una especie de equivalente iraní al general jefe del Comando Central estadounidense (USCENTCOM). Acción, en la que también murieron otros ciudadanos iraníes e iraquíes.

Un asesinato selectivo, al parecer contrario a la opinión de los principales jefes militares estadounidenses, a los que el presidente Trump tantas veces ha desoído y menospreciado con frases del tipo: “no conocerán tan bien al enemigo cuando están perdiendo”. Opinión contraria fundamentalmente motivada por la reacción que pudiera tener de escalada bélica, como así parece que empieza a ocurrir, aunque, de momento, de manera moderada y contenida: algunos bombardeos poco precisos (¿intencionadamente?) de bases con presencia militar estadounidense, por parte iraní, y amenazas de nuevas sanciones económicas, por parte del presidente estadounidense.

Ante esta situación, diversos países y organizaciones internacionales han empezado a tomar medidas preventivas de protección de sus tropas desplegadas en Irak, como Alemania, la propia OTAN e incluso la Coalición Internacional contra el Califato Islámico. Mientras, España, con 555 efectivos (incluidos los guardias civiles) desplegados en el país en cinco ubicaciones diferentes, de momento, que se sepa, permanece muda.

Todo lo cual nos induce a la gran pregunta que, supongo, muchos españoles nos estamos haciendo: ¿No ha llegado la hora de que se repatrien las tropas españolas desplegadas en Irak? 555 soldados que pueden verse implicados, con riesgo de sus vidas, en un contencioso que no es de España. Fueron allí para colaborar con el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el pueblo iraquí a luchar contra el Califato Islámico, que ocupaba una considerable porción del territorio iraquí y golpeaba al resto con atentados terroristas. Pero, no sólo el Califato Islámico está casi desaparecido y con su capacidad ofensiva en Irak prácticamente mermada, sino que, fundamentalmente, el Gobierno y el Parlamento iraquíes han pedido la salida de las tropas extranjeras del país.

¿Por qué hemos los países occidentales de determinar la política de seguridad de otros países soberanos? ¿Por qué hemos de arriesgar la vida de nuestros soldados en nombre de un contencioso que no es el nuestro? ¿Por qué hemos de seguir colaborando con un hegemonismo y neoimperialismo agresivo, que lleva tiempo securitizando las relaciones internacionales y militarizando la seguridad, como el estadounidense?

Asumo que estas consideraciones me van a acarrear los epítetos de derrotista, cuando no de traidor, por propugnar que el Fuerzas Armadas españolas se retiren frente al peligro, abandonando a sus aliados, con el consiguiente deshonor (ya pasó en 2004 y también en Irak). Pero no, mis queridos amigos, los aliados son circunstanciales, aunque algunos crean que los de ahora son insustituibles y para siempre y el honor de un ejército no reside en luchar por luchar o en a ver quién es el más valiente. El honor de un ejército reside en hacer siempre lo que más convenga para defender y proteger a sus connacionales, sean soldados o civiles, y a sus intereses, siempre dentro de la más estricta legalidad y ética nacional e internacional.  Y ni los españoles ni sus intereses están en juego en este contencioso entre dos neoimperialismos, regional el uno, global el otro. Debe primar la seguridad y protección de nuestros soldados.

(artículo aparecido inicialmente en Nueva Tribuna, el 13 de enero de 2019)