El martes 18 de enero, el gobierno de coalición del Partido Socialista De España (PSOE) y Podemos aprobó una nueva ley que le permite asumir una participación mayoritaria en el accionariado de la Sareb (Sociedad para la Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración del Sistema Bancario), popularmente conocida como “banco malo”. La medida se produce después de que la Unión Europea (UE) dictaminara el año pasado que los pasivos de 35.000 millones de euros de la Sareb deben ser asumidos por el Estado y considerados ‘deuda pública’.

Esto representa alrededor del 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, y casi el doble de los aproximadamente €17.700 millones que España gastó en asistencia por desempleo en 2019. Como consecuencia de la reclasificación de la deuda de Sareb, el déficit global del país aumentó hasta el 10,97 por ciento del PIB en 2020.

Actualmente, el fondo de reestructuración bancaria del Gobierno español, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), tiene una participación del 45,9 por ciento en el banco, y el resto de las acciones de la entidad financiera son propiedad principalmente de otros bancos, incluidos CaixaBank (12,2 por ciento), Sabadell (6,6 por ciento) y Kutxabank (2,53 por ciento). Santander es el mayor accionista privado, con una participación del 22,2 por ciento.

La Sareb fue lanzada por el gobierno derechista del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy en 2012, a raíz de la crisis financiera mundial de 2008. Esto formó parte de un plan de reestructuración financiera más amplio impuesto por la troika (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), a cambio de un rescate de 100.000 millones de euros.

Alrededor de €50.000 millones en préstamos de riesgo y activos inmobiliarios ‘tóxicos’ —unos 100.000 complejos residenciales y vacacionales, viviendas individuales y parcelas de terreno— fueron transferidos a la Sareb desde otros bancos españoles después de la crisis de 2008. Junto a las entidades financieras españolas, inversores alemanes, británicos y franceses también participaron en el 55 por ciento del capital privado de la Sareb, supuestamente para evitar que la crisis en España derribara a otros bancos europeos.

Este juego de manos financiero permitió al gobierno de España entregar miles de millones de euros a los bancos, todo mientras mantenía a la Sareb como una entidad privada sin control administrativo directo ni rendición de cuentas al Estado. Los €50.000 millones de préstamos necesarios para comprar los activos tóxicos serían suscritos por el gobierno español, dejando al contribuyente responsable de pagar la deuda si la Sareb incumplía con la devolución de la misma. Sin embargo, el gobierno podría mantener esa deuda fuera de sus libros y blanquear el déficit presupuestario.

Tras la creación de Sareb, el entonces ministro de Economía español y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, declaró de forma tramposa que “esta operación nunca tendrá coste alguno para los ciudadanos.” Esta mentira ha sido completamente expuesta por la reciente socialización de las deudas de esta institución financiera en bancarrota.

La nacionalización del ‘banco malo’, que tenía un patrimonio neto negativo de €10.500 millones a finales de 2020, es la culminación de las desastrosas políticas aplicadas desde la crisis de 2008. Mientras que los bancos fueron protegidos de las consecuencias de su catastrófica bonanza especulativa por parte del Estado, la clase trabajadora se ha visto obligada a asumir el costo de la crisis, con rescates estatales de miles de millones de euros pagados con un programa masivo de austeridad.

A pesar de las demandas del partido ‘populista de izquierda’ Podemos de que el gobierno convierta a la Sareb en una ‘utilidad pública’ centrada en la promoción de la vivienda social, ni uno solo de los activos del ‘banco malo’ se ha utilizado para aliviar el grave problema de vivienda que enfrentan los trabajadores y jóvenes españoles. De 2007 a 2020, un asombroso millón de personas fueron desahuciadas en España, aunque hay más de 3,4 millones de hogares vacíos en todo el país.

Las condiciones de los trabajadores han empeorado constantemente desde 2008, y el aumento del costo de vida supera significativamente a las subidas de ingresos. Entre octubre de 2007 y octubre de 2021, la inflación aumentó un 21,7 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la Agencia Tributaria española indica que los salarios medios en el sector privado aumentaron solo un 5,1 por ciento entre 2007 y 2020, lo que llevó a una disminución significativa del poder adquisitivo.

Esto se ha visto exacerbado por el aumento de los costes del alquiler, que aumentaron aproximadamente un 20 por ciento entre 2007 y 2020, según Eurostat. En las principales ciudades de España, la situación ha sido aún peor, con alquileres que aumentaron un 51 por ciento en Barcelona y un 45 por ciento en Madrid desde 2014.

Los jóvenes se han visto particularmente afectados por la crisis de la vivienda. Un joven en España tendría que usar el 60 por ciento de sus ingresos para alquilar una propiedad o el 90 por ciento para pagar una hipoteca. Estos porcentajes duplican y triplican el máximo recomendado del 30 por ciento de los ingresos en vivienda. Por lo tanto, muchos jóvenes no han podido emanciparse de su hogar familiar, y solo el 14,9 por ciento de los jóvenes de 16 a 29 años vivían independientemente de sus padres en el primer trimestre de 2021, según el Consejo Español de la Juventud (CEJ).

El salario mensual promedio antes de impuestos para una persona joven en España es de unos míseros 1,207 euros, mientras que los costos de alquiler regularmente superan los 900 euros al mes en muchas de las principales ciudades de España. Los jóvenes se encuentran entre los más precarios de todos los trabajadores en España, la mayoría de las veces con contratos temporales y sufren la tasa más alta de desempleo, actualmente alrededor del 31,1 por ciento, una de las más altas de la zona euro.

Si bien el gobierno del PSOE-Podemos se comprometió retóricamente a abordar la crisis de la vivienda en su tan promocionado ‘proyecto de ley de vivienda’ en los presupuestospresentadosparaesteaño, las medidas que proponen no harán casi nada para ayudar a los jóvenes y trabajadores a garantizar un nivel de vida más decente.

Una medida clave en el proyecto de ley de vivienda es una propuesta para otorgar subvenciones mensuales o ‘bonos juveniles’ de €250 a jóvenes de 18 a 34 años que ganan menos de €23.725 por año, para ayudarlos a mudarse de los hogares de sus padres y cubrir los costes de alquiler. Según datos del CEJ, entre los menores de 35 años, solo el 1,7 por ciento de los 2,8 millones de jóvenes que viven de forma independiente y el 0,7 por ciento de los 6,8 millones que aún viven con sus padres podrán recibir esta ayuda, debido a las numerosas condiciones que deben cumplirse para poder acogerse a ella.

El alcance de las ayudas al alquiler será aún más limitado en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, con los precios de alquiler más altos, que superan con creces los costes máximos de alquiler de 900 euros al mes que hacen que un joven pueda optar a esta subvención. En Madrid, el 71 por ciento de los alquileres están por encima de esta cifra y en Barcelona es de hasta el 82 por ciento. El CEJ estima que solo unos 70.000 jóvenes se beneficiarán realmente del programa de ‘bonos para jóvenes’.

Muchos de los que son elegibles para recibir esa ayuda de €250 también probablemente verán como ese beneficio en gran medida se pierde, ya que los propietarios aprovechan el subsidio para aumentar los alquileres. Una medida similar aplicada en Francia significó que, por cada euro de dinero de la subvención recibido, 78 centavos fueron al propietario de la propiedad, mientras que solo 22 centavos fueron al inquilino, en gran parte debido al aumento en los costes del alquiler.

No hay nada progresista en ninguna de las políticas de vivienda del gobierno del PSOE y Podemos. No es posible hacerse ilusiones con el ‘populista de izquierda’ Podemos, un partido procapitalista cuyo historial en el gobierno demuestra que no hará nada que pueda impedir el flujo de ganancias a las arcas de los bancos y las grandes empresas. Poner la economía al servicio de las necesidades sociales sólo puede lograrse a través de una lucha por el socialismo, que requiere la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en España, Europa y en todo el mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de febrero de 2022)