“Dicen los que lo vieron / que maltratándote estaban / y un ruido se filtró en el aire / y un río de tu sangre te bañaba”. Los versos son de Avance, un grupo de rock español. Fueron escritos a finales del 1979. La sangre era de Gladys del Estal, una joven ecologista que murió ese año “por defender el sol, el agua y la libertad”, como rezaba el monolito que pusieron en su memoria en Tudela (Navarra), lugar del crimen. El ruido filtrado correspondía, quizás, al disparo que la mató. De todo ello se cumplen ahora cuarenta años.

Aquel 3 de junio de 1979, Gladys tenía 23 años. Llevaba en Donostia desde 1960, cuando abandonó Caracas junto a sus padres –Eugeni y Enrique, ambos donostiarras y ambos exiliados de la dictadura franquista- y se instaló en la capital guipuzcoana. Allí estudió Informática, lo que le dio acceso a trabajar como programadora en una pequeña empresa.

Pero el 3 de junio todo se detuvo. El tiempo se rompió para Gladys y la vida se destrozó para Eugeni y Enrique, que tuvieron que llorar la muerte de lo que más querían. 48 horas antes del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el movimiento ecologista se había movilizado en la localidad navarra de Tudela, en el marco de la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear.

La elección de ese municipio por parte de los Comités Antinucleares de Euskadi y la Asamblea para la Defensa del Medio Ambiente de la Ribera –organizadores de la movilización- no fue casual. El Plan Energético Nacional del Gobierno de Adolfo Suárez incluía la instalación de una central nuclear en esa localidad. Además, cerca de allí estaba –y sigue estando- el polígono de tiro militar de las Bardenas. De esta manera, la protesta ecologista adquiría también un carácter antimilitarista.

La jornada había transcurrido sin grandes sobresaltos. Sin embargo, las cosas se complicaron después del mediodía. “La gente acababa de comer y estaban a punto de reiniciarse las intervenciones en el quiosco cuando llegaron cuatro furgonetas y un autobús de la Policía Armada”, relata Martín Anso, portavoz de Eguzki, el colectivo ecologista vasco que desde hace varios años lucha para que esos hechos no se olviden.

Ahí empezó la tensión. “Los organizadores y algunos cargos electos trataron de dialogar con los mandos, pero fue inútil –señala Anso-. Con la excusa de que alguien había gritado ‘alde hemendik!’ (Fuera de aquí), los policías comenzaron a disparar pelotas de goma y botes de humo y la jornada antinuclear quedó abortada”.

En ese momento, la gente comenzó a retirarse hacia los autobuses. “El tráfico estaba atascado y, en aquellas circunstancias, algunas personas, entre ellas Gladys, se sentaron en el suelo, junto al puente del Ebro, para protestar de manera absolutamente pacífica contra aquel abuso”, señala. En ese momento, un grupo de guardias civiles se dirigió hacia los manifestantes. “El guardia José Martínez Salas, con un subfusil Z-70 en sus manos, se dirigió a Gladys amenazándola para que se levantase del suelo. Entonces se escuchó un disparo y Gladys se derrumbó. Una bala le había atravesado la cabeza de parte a parte, de atrás hacia adelante”, afirma Anso.

La versión oficial de la Guardia Civil era diametralmente opuesta. En un comunicado enviado a la prensa, la Benemérita aseguraba que “sobre las 17.30 horas cruzaron el puente un grupo numeroso de personas (la mayoría jóvenes) y cortaron la circulación, atravesando un vehículo, y se sentaron en la calzada, todo ello junto a la zona de estacionamiento”. Así empezaba la versión exculpatoria que luego asumirían los tribunales.

Según ese relato, “se formó el natural colapso en la circulación, por lo que la fuerza que se encontraba en el estacionamiento regulando el tráfico “un manifestante agarró por detrás, tirando con fuerza de la metralleta que, colgada del hombro, portaba uno de los guardias, tratando de arrebatársela. El guardia sujetó el arma, echándose hacia delante para contrarrestar el tirón, llegando casi a perder el equilibrio; en el forcejeo se produjo un disparo del arma, que alcanzó a Gladys del Estal, que se encontraba enfrente, la que resultó herida mortalmente en la cabeza, falleciendo al ser trasladada a un centro asistencial”.

Juicio y medalla

El guardia civil José Martínez Salas fue llevado a juicio un par de años más tarde. El 14 de diciembre de 1981, la Audiencia de Pamplona le condenó a 18 de meses de prisión como “autor responsable de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte”. Se fijaba además una indemnización de dos millones de pesetas a los padres de la víctima. “No hay constancia de que llegase a pisar la cárcel”, advierte Anso.

La revista Argia, que se edita íntegramente en euskera, publicó el pasado 31 de marzo un extenso reportaje del periodista Urko Apaolaza, quien desveló un detalle estremecedor: Martínez Salas no sólo recibió una condena menor, sino que dos meses y medio después del juicio fue condecorado por el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Posteriormente, en 1992 –entonces bajo el Ejecutivo de Felipe González– recibiría un nuevo premio: la Cruz del Mérito Militar.

Corcuera defendió que el guardia civil “se encuentra rehabilitado del delito de imprudencia temeraria»

José Luis Corcuera, ministro de Interior en aquel Gobierno del PSOE, justificó y defendió ese premio en el Congreso. Lo hizo el 4 de marzo de 1993 ante las preguntas del diputado de Izquierda Unida Antonio Romero, quien quería saber por qué motivos el Estado había premiado al autor de ese crimen. Según consta en el acta de aquella sesión, Corcuera defendió que el guardia civil “se encuentra rehabilitado del delito de imprudencia temeraria, con resultado de muerte, después de haber cumplido la condena que le fue impuesta por los jueces”. “Cumplida la condena en la prisión correspondiente y reintegrado al servicio, observó una conducta intachable, habiendo obtenido la cancelación de antecedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Código Penal, desde el año 1987”, apuntó.

“Por tanto, esta persona es actualmente un miembro más del Cuerpo de la Guardia Civil con los mismos derechos y deberes que el resto de los integrantes del Cuerpo, y entre esos derechos figura el de poder acceder a las recompensas a las que se haga acreedor”, remarcó el ministro.

Sin respuesta

Gladys del Estal, en cambio, no recibió jamás ningún reconocimiento por parte del Estado. Hace ya 15 años, cuando se cumplió un cuarto de siglo de su asesinato, el ayuntamiento de Tudela solicitó al Congreso que fuese oficialmente reconocida como víctima de la violencia policial. “No ha habido respuesta”, lamenta Martín Anso desde el colectivo Eguzki. A su juicio, se trata de algo “vergonzoso”.

En ese contexto, desde este sábado se realizarán distintos actos de homenaje en Donostia y Tudela para recordar a la joven asesinada hace ahora cuarenta años. Uno de los actos más especiales tendrá lugar el lunes en la Facultad de Informática donde estudió Gladys. Allí se inaugurará una sala que, a partir de ese momento, llevará su nombre. Cuatro décadas después, la batalla contra el olvido continúa.