Este artículo es la primera parte de una serie de dos.

Imágenes aéreas de las redes sociales muestran la magnitud sin precedentes de la devastación causada por los bombardeos israelíes sobre Gaza. Barrios enteros han sido arrasados. Más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. El sellado por Israel de las fronteras de Gaza y el corte del suministro de alimentos, combustible, electricidad e incluso agua potable han causado un sufrimiento inimaginable.

El número de muertos diarios es espeluznante.

Con sus ataques contra hospitales, escuelas y otros lugares de refugio, es cada vez más evidente que la doble política israelí de bombardeos en alfombra y privación de todos los medios de subsistencia tiene como objetivo expulsar a los palestinos de Gaza y garantizar que nunca regresen. Se trata de una política planificada de antemano que Israel lleva años intentando llevar a cabo mediante el desplazamiento forzoso de la población de Gaza al desierto egipcio del Sinaí, como han revelado documentos filtrados redactados por el Ministerio de Inteligencia de Israel y entrevistas publicadas en la prensa israelí. El domingo, la publicación en hebreo Mekomit informó de que ‘el documento recomienda el traslado forzoso de la población de la Franja de Gaza al Sinaí de forma permanente, y pide que se recurra a la comunidad internacional para el traslado’.

Ahora que los palestinos de Israel y los territorios palestinos ocupados superan ligeramente en número a los judíos, el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno fascista consideran que la única solución al ‘problema demográfico’ es la guerra y la limpieza étnica. Dirigiéndose a la nación, prometió que la respuesta de Israel al ataque de los palestinos a Israel del 7 de octubre ‘cambiaría Oriente Medio’ y que ‘lo que haremos a nuestros enemigos en los próximos días repercutirá en ellos durante generaciones.’

Esta guerra genocida contra la población civil de Gaza es una escalada de las políticas aplicadas por la burguesía israelí durante décadas, encaminadas a desposeer al pueblo palestino de sus tierras, propiedades y hogares, sobre las que la élite gobernante asume una amnesia histórica colectiva.

Desde la captura de Cisjordania y Gaza en 1967, las políticas de Israel hacia los palestinos, incluida la represión militar y política, se han endurecido cada vez más. Gaza ha sufrido 16 años de un bloqueo asfixiante por parte de Israel, la Autoridad Palestina (AP) y Egipto que las Naciones Unidas habían pronosticado en 2012 que haría inhabitable el enclave asediado para 2020, solo para advertir en 2017 que esto estaba sucediendo más rápido de lo que había previsto.

Estos acontecimientos se derivan inexorablemente de la creación de Israel como respuesta al problema de la persecución europea de los judíos, donde encontrarían un refugio seguro, justicia social e igualdad. En realidad, el Estado se basaba en la desposesión de otro pueblo y se mantenía mediante guerras crecientes, expansión territorial y represión, junto con la desigualdad social en el interior.

Precipitando una guerra con sus vecinos árabes que duró hasta 1949, Israel se estableció en 1948 en el 80% de la tierra controlada por los británicos en virtud del Mandato otorgado por la Sociedad de Naciones. El rey Abdullah de Transjordania, Estado cliente de Gran Bretaña, se apoderó de Cisjordania y Egipto de la Franja de Gaza. Esto era menos de lo que cualquiera de las diversas facciones sionistas quería. Pero el primer primer ministro de Israel, David Ben Gurion, adoptó un enfoque pragmático: establecer primero un Estado judío y cambiar las fronteras más tarde.

La guerra de 1967 y el saqueo de las nuevas colonias palestinas de Israel

La guerra de 1967 brindó a Israel la oportunidad de cambiar las fronteras, negando que su toma de Cisjordania y Gaza constituyera una ‘ocupación’ de territorios extranjeros, ya que habían formado parte de Palestina, no de Jordania y Egipto.

En junio de 1967, tras un periodo de escalada del conflicto con Siria, Israel aprovechó la oportunidad que le brindaba el presidente egipcio Gamal Abdul Nasser como líder de la nación árabe para lanzar un ataque preventivo, pero largamente planeado contra sus vecinos árabes, con el objetivo de ‘mejorar’ y ampliar las fronteras de Israel de 1949. Se apoderó de los Altos del Golán sirios, de Cisjordania y Jerusalén Este bajo control jordano, que se anexionó inmediatamente, y de la península del Sinaí egipcia, así como de la Franja de Gaza bajo control egipcio.

Aunque Israel devolvió el Sinaí egipcio tras la firma de los Acuerdos de Camp David en 1979 con el sucesor de Nasser, Anwar Sadat, y parte del Golán sirio tras la guerra de 1973, conservó la mayor parte del Golán, Cisjordania y Gaza, donde viven 1,4 millones de palestinos, muchos de ellos refugiados, que huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que se convirtió en Israel en 1948.

Israel actuó con rapidez —con algunas medidas adoptadas incluso antes de que terminara la guerra de los seis días— para incorporar a su economía los territorios recién conquistados. En efecto, los territorios palestinos iban a constituir una colonia de los últimos tiempos, incluso después de que las potencias europeas se vieran obligadas a conceder la independencia formal a sus colonias en África y Asia, con un impacto devastador en todos los aspectos de la vida palestina, al tiempo que beneficiaban a la élite comercial de Israel.

El gobierno laborista de Levi Eshkol impuso el régimen militar para defender su política de colonización sobre el terreno y subyugar a los palestinos. A los palestinos se les obligó a llevar documentos de identidad y se les restringió la libertad de movimiento con toques de queda y controles de carretera. A la resistencia se respondió con castigos colectivos, demoliciones de casas, deportaciones forzosas y detenciones sin juicio.

Israel se hizo con el control de las instituciones financieras y monetarias, obligando a quienes solicitaban préstamos iniciales a cumplir la normativa israelí y haciendo prácticamente imposible que los palestinos se industrializaran y compitieran con las empresas israelíes. Sustituyó las monedas jordana, egipcia y siria por la suya propia y controló férreamente el comercio palestino.

Por 1983, Israel había expropiado más del 52% de Cisjordania, la mayor parte de sus tierras agrícolas de primera calidad. En vísperas de los Acuerdos de Oslo de 1993, estas confiscaciones abarcaban más de tres cuartas partes del territorio. Durante los 10 primeros años de ocupación, cuando el Partido Laborista ocupaba el poder, se construyeron los primeros asentamientos alrededor de la población palestina de Jerusalén Este y en el valle del Jordán para bloquear la expansión de los barrios palestinos de la ciudad y ‘animarles’ a marcharse. En 1977, había 4.500 israelíes viviendo en Cisjordania y 50.000 en Jerusalén Este.

La elección de un gobierno del Likud presidido por Menachem Begin en mayo de 1977 convirtió la construcción de asentamientos en un proyecto etno-religioso. Los asentamientos se construyeron con una serie de incentivos financieros en el corazón bíblico de Cisjordania, junto a las principales ciudades palestinas. En 1983, el número de colonos en Cisjordania había aumentado a 28.400.

Las restricciones a la construcción y al desarrollo de infraestructuras y al acceso a los acuíferos bloquearon el desarrollo, incluida la agricultura, de la que dependían muchos palestinos, y les obligaron a abandonar la tierra, para que luego las autoridades confiscaran las tierras que quedaban sin cultivar. Sus antiguos ocupantes se vieron obligados a buscar trabajo en Israel, sobre todo en la construcción y la agricultura, donde formaban una reserva de mano de obra barata para los empresarios israelíes.

En 1974, un tercio de la mano de obra palestina trabajaba en Israel, y una proporción aún mayor procedía de Gaza. Esta dependencia permitió posteriormente a Israel utilizar el desempleo como castigo colectivo, cerrando las fronteras durante los periodos de tensión y las Intifadas de 1987-93 y 2000-05. Al mismo tiempo, la subida de los precios del petróleo en los países del Golfo animó a los trabajadores palestinos cualificados a buscar trabajo allí. En los años posteriores a la guerra, unos 700.000 se marcharon definitivamente, entre ellos no pocos expulsados.

Estas políticas pretendían aumentar el control de Israel sobre los palestinos y socavar el apoyo a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) del líder del Movimiento de Liberación Nacional Palestino (Fatah), Yaser Arafat, con su compromiso de lograr un Estado palestino mediante la lucha armada. Inmediatamente después de la guerra de 1967, la economía de Cisjordania creció un 15% anual y la de Gaza un 11%, recuperando los niveles anteriores a la guerra. Pero al mismo tiempo, la cuota de la industria en el PIB palestino cayó del 9% en 1968 al 7% en 1987.

Según la ONU, la pérdida de ingresos de la economía palestina entre 1970 y 1987 fue de 6.000 a 11.000 millones de dólares, es decir, el 13% del PIB. Estos cambios transformaron rápidamente los territorios palestinos de una sociedad diversificada de campesinos, pequeños empresarios y profesionales en una clase trabajadora y un ejército de reserva de mano de obra para los empresarios israelíes, sometida a los dictados económicos y políticos del capital israelí.

Los acontecimientos internacionales más amplios también pasaron factura. Tras el desplome de la bolsa en 1987-88, la caída de los precios del petróleo, las menores oportunidades de trabajo en el Golfo, las políticas deflacionistas aplicadas en Estados Unidos, los crecientes costes de la ocupación y los déficits presupuestarios y comerciales resultantes desembocarían en una grave crisis económica en Israel, al dispararse la inflación. Para los palestinos, esto significaba una fuerte caída del valor de sus salarios, condiciones de trabajo cada vez peores -ya muy por debajo de las de sus homólogos israelíes-, menos oportunidades de empleo y menos apoyo presupuestario. Los asentamientos construidos en tierras palestinas confiscadas y las tierras incautadas para construir carreteras exclusivas para colonos y asegurar los asentamientos se expandieron, socavando aún más la economía palestina.

La recesión económica fue uno de los factores —junto con la ira por la ocupación militar israelí durante 20 años y su guerra contra los palestinos y sus aliados en Líbano— que condujeron al estallido de la primera Intifada (levantamiento) en 1987. Estalló en gran medida fuera del control de la OLP, cuya dirección se encontraba entonces en Túnez tras haber sido expulsada de Jordania en 1970 y del Líbano en 1982 y abandonada por los regímenes árabes.

Estas condiciones, junto con el giro más amplio hacia la política islamista en el mundo árabe tras el colapso del panarabismo de Nasser, beneficiaron a Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica), afiliado a los Hermanos Musulmanes, un grupo clerical burgués que Israel al principio patrocinó y alentó en oposición a Fatah. Pero Hamás, con su fundamentalismo religioso, sólo ofrecía una forma más extrema de nacionalismo, articulando los intereses de la burguesía palestina, no los de los obreros y campesinos.

Oslo aprieta el nudo

La Intifada comenzó en diciembre de 1987 en el campo de refugiados de Jabaliya, en Gaza, después de que un camión de las Fuerzas de Defensa israelíes chocara contra un coche civil y matara a cuatro trabajadores palestinos, tres de ellos del campo. Israel tardó seis años en reprimir el levantamiento, con un coste de más de 1.000 vidas palestinas, 175.000 detenciones y 2.000 hogares demolidos. El conflicto devastó la economía palestina, con una caída del nivel de vida de entre el 30% y el 40%.

El levantamiento convenció a los líderes del Partido Laborista de Israel, fuera del poder desde 1977, de la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el líder de la OLP, Arafat, y los vecinos árabes de Israel. Creían que el establecimiento de un pequeño Estado palestino ayudaría a garantizar la estabilidad y el desarrollo de Israel y a mantener su mayoría judía. Arafat y una Autoridad Palestina (AP) asumirían el papel de Israel de controlar a las masas palestinas, a cambio de la aceptación de la OLP como único representante del pueblo palestino. Los gobernantes de Israel esperaban que esta autonomía garantizaría una dependencia económica continua, al mismo tiempo que abriría nuevos mercados que los que el estado guarnición de Israel jamás podría ofrecer y potencialmente lo transformaría en una potencia económica regional.

Continuará

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2023)