El debate incluye la legitimidad de la deuda, la necesidad o no de pagarla, en qué volumen y a qué ritmo y con qué reducciones posibles. Hay un defecto importante. En las estimaciones realizadas sobre el total de la deuda, se incluyen solo los gastos presupuestarios de 2020-2021 vinculados al apoyo a las empresas con grandes dificultades y a la recuperación de la producción y el consumo. Más allá de las declaraciones de buenas intenciones por la necesidad de hacer del choque de la pandemia una ruptura histórica, no hay ninguna valoración de la financiación de las grandísimas inversiones que se necesitan urgentemente para frenar el calentamiento climático, ni el total de los gastos sociales y de inversión que permitirían iniciar la tenue mejora de las condiciones cotidianas de existencia de los habitantes de departamentos completos como Seine-Saint-Denis y las periferias de otras grandes ciudades. La necesidad de situar estas inversiones en el centro del debate respalda este artículo. La forma más radical de anulación, a saber, su rechazo, está prohibida si no cambian las relaciones políticas en algún momento futuro desplazándose a favor de los asalariados, los trabajadores precarios o la población desempleada.

El artículo parte de una hipótesis optimista. Construida sobre una esperanza; a saber, que la reflexión permitida por los intercambios en los medios colectivos durante el confinamiento, el legado del movimiento de los chalecos amarillos, así como la lucha contra la ley sobre las jubilaciones, podrían haber creado en Francia condiciones objetivas de un combate, no solo para su alivio, sino para la eliminación de la deuda pública. Al comenzar mi investigación, el llamamiento “¡Abajo las mascarillas! lanzado por los cuidadores, para tratar de construir un movimiento popular”, acababa de publicarse el 30 de abril [2]. Se centraba sobre la situación en los hospitales públicos, pero tiene un alcance más general y puede inspirar a otros movimientos. Solo alude de pasada a la deuda. El artículo lo dirijo a los autores del llamamiento y a quienes intervienen en el video, acuciados por la rabia y la determinación, y también a los cientos de miles de hombres y mujeres que lo comparten. Aquí la cuestión se refiere a Francia, pero la anulación de la deuda pública es un combate que se impone a diversos países europeos. La lucha para anular la deuda de los llamados países en desarrollo, coloniales o semi-coloniales, se inició en los años 90. Aquí no la tratamos, salvo para subrayar al inicio del artículo, que es la primera vez que el combate para anular la deuda se debe realizar simultáneamente por los países en desarrollo y los capitalistas avanzados, además de imperialistas, como es el caso de Francia.

El nivel desaforado de la deuda pública actual resulta de políticas realizadas en los años 80

En febrero de 2020, el gobierno francés esperaba un déficit presupuestario limitado al 3,9% del PIB. El segundo proyecto de ley rectificado de finanzas, comportó una revisión mucho mayor, con un déficit estimado del 9,0% del PIB [3]. Antes de este segundo proyecto,  el gobierno preveía que la deuda alcanzaría el 112% del PIB a finales de 2020, hoy es más de 115% y posiblemente más. En la actualidad, el 11,4% del presupuesto se destina al servicio (intereses y reembolso) de la deuda, o sea, casi tanto como los gastos agrupados bajo el epígrafe de gastos sociales.

Figura 1. Reparto por grandes partidas de los gastos presupuestarios

Así como sostiene Anouk Renaud en Polits, “limitar el debate a la esfera técnica, a la cuestión del coste o la sostenibilidad de la deuda; es decir, a saber si es reembolsable, no permite preguntarse sobre su legitimidad; es decir, a saber si de verdad ha de pagarse. Las preguntas como: “¿Por qué se ha endeudado el Estado? ¿Cuáles han sido las condiciones y modalidades de los préstamos? ¿Quiénes son los tenedores?” se plantean escasamente en los platós televisivos y en las columnas de los diarios, eliminando con ellas la de las responsabilidades”. Comenzaré por contestar a las dos primeras preguntas que he tratado en mi libro de 2011 [4].

La subida de la deuda está ligada al movimiento de liberalización financiera. El gráfico que parte de 1978 muestra que nace y toma impulso solo a partir de 1982-83. Los gobiernos de Unidad de la izquierda, con Jacques Delors y después con Pierre Bérégovoy en Hacienda, liberalizaron los movimientos de capitales y procedieron a colocar en el mercado especializado de obligaciones, creado en la Bolsa de París, bonos del Tesoro y otros títulos emitidos por el Estado. Con la titulización, se abrió la vía para incrementar la deuda y transformar por completo la financiación de los gastos. La deuda pasó del 20% del PIB en 1980, al 35% en 1990. Su crecimiento se aceleró después, hasta alcanzar el 60% con el gobierno Juppé y casi el 64% al inicio de la crisis económica y financiera mundial de 2007-08. La indemnización a accionistas a raíz de las nacionalizaciones de 1980-81, lanzó el movimiento inicial. Fue un regalo hecho a los propietarios del capital de los grupos nacionalizados. El Estado socializó pérdidas anteriores. Después, organizó y financió la reestructuración y restableció su rentabilidad antes de retornarlas al sector privado, mediante privatizaciones. Hubo también gastos de la ley de programación militar de 1987-91 (los Rafales y otros portaaviones y submarinos nucleares) que acrecentaron claramente la deuda y reforzado el peso económico y político de los grandes grupos industriales y políticos del sector de armamento [5].

Figura 2. Evolución de la deuda pública francesa entre 1978 y 2009

A partir de 1991, el efecto conjunto de tasas reales de interés elevadas y crecimiento lento debido a las negociaciones con Alemania del Tratado de Maastricht, y después por la preparación de la entrada en vigor del euro, provocó, a partir de 1989, lo que los informes de la Comisión de Finanzas del Senado denominó desde 1994 (informe Auberger) el efecto “bola de nieve”. El informe de 1998 señaló que: “si se hubiesen financiado los déficit primarios estructurales registrados desde 1980, con préstamos cuya remuneración hubiese sido igual a la tasa de crecimiento corriente, solo habrían contribuido en 17,1 puntos del PIB a aumentar la ratio de endeudamiento, en vez del 29,3 actual. La divergencia supuso así 12,2 puntos del PIB, y los déficit primarios estructurales han estado casi siempre financiados a tipos de interés por encima de la tasa de crecimiento [6]. El servicio de intereses de la deuda, se convierte en el segundo gasto del Estado, después de la Educación nacional (sin Universidades) y por encima de los restantes Ministerios, incluyendo Defensa. La deuda está en manos de los bancos, las compañías de seguros y los Fondos de inversión extranjeros. A finales de 1995, los inversores financieros franceses tenían el 80% de la deuda y los extranjeros el 20%; en 2003, los primeros tenían aún el 56% y los segundos el 40%. En 2006, las cifras se invirtieron. A comienzos de 2010, la parte poseída por los inversores extranjeros, fondos de pensiones y de inversión, era el 69,8%. Después descendió al 53%.

El momento en que el servicio de la deuda se acrecienta fuertemente, es bajo el gobierno Jospin, cuando hay un proceso de reducción del impuesto sobre la renta, cuyo coste acumulado entre 2000 y 2010 fue, según cálculos realizados por el SNUI (Syndicat National Unifié des Impôts) y el sindicato Sud-Trésor, de 108 millardos de Euros. En los años 2000 está enmarcado por un crecimiento mayor que entre 1983 y 1988 (fecha del informe del Senado ya citado), del recurso creciente al préstamo, en tanto que disminuye  el peso del impuesto sobre el capital y el patrimonio. El gobierno de cohabitación reduce la fiscalidad y toma prestado de aquellos a quien decide no “gravar”. El servicio de intereses opera como una transferencia de riqueza que beneficia a los tenedores de títulos de deuda. Refuerza su poder económico y su peso político. Se benefician de reducciones de impuestos sobre el capital y el patrimonio, como han hecho bajo Nicolas Sarkozy después de 2007. Los “mercados” pueden entonces dictar su política a los gobiernos, en tanto que estos sermonean a los ciudadanos respecto a “la obligación moral de hacer frente a las deudas”. No hay que hablar más de “dictadura de los mercados” sino de profunda complicidad de los gobiernos con las finanzas, tan flagrante es lo que algunos denominan su “sumisión voluntaria” a los bancos y a los fondos de inversión.

Fue necesario entonces tapar las pistas, hacer a los ciudadanos responsables del endeudamiento, aunque es sobre ellos donde pesa, sobre todo por el IVA, la parte más elevada de la fiscalidad. Se reinventa el viejo lema “Francia vive por encima de sus posibilidades”. La expresión figura en la carta de la misión enviada por el gobierno Raffarin a Michel Pébereau, presidente del BNP-Paribas. Dirige la orientación del informe sobre la deuda pública que lleva su nombre. Datos bien seleccionados permiten al Informe proclamar que : “son fundamentalmente nuestras prácticas políticas y colectivas, sobre todo nuestra preferencia por el gasto público, las que originan nuestra situación financiera actual” [7]. Las reacciones de los sindicatos y las organizaciones políticas al informe Pébereau no fueron muy vivas por no decir más [8]. No fue mucho más tarde aprovechando la crisis de la deuda de los países del sur de  Europa en 2012, cuando se ahondaron las diferencias. Por un lado economistas como Jacques Attali, para quien: “la deuda soberana está condenada a crecer si el emisor no compensa la tendencia natural de que sus gastos crezcan mas aprisa que sus ingresos” [9]. Por otro, un rechazo del discurso dominante por parte de un amplio frente de economistas aterrados cuyo Manifiesto denuncia una “contrarrevolución fiscal” [10].

Francia es, junto al Reino Unido, el país donde la imposición sobre los más ricos, se ha reducido más. Uno de los principales factores que ha acelerado la consagración de una fiscalidad favorable al capital ha sido la evasión fiscal de los contribuyentes que disponen de medios y la deslocalización sistemática de las sedes sociales de las empresas. El hecho de que en Francia, el endeudamiento público tenga su fuente principal en el bajo nivel y la débil progresividad de la fiscalidad directa, así como la evasión fiscal, se confirma por dos informes preparados por la alta función pública fechados en 2010. Laurent Mauduit mostró que los datos muy precisos incluidos en esos informes pasaron desapercibidos porque no figuran ni en la introducción ni en las conclusiones de los informes [11]. Hay que leerlos atentamente para encontrarlos. El primer informe fue preparado bajo la responsabilidad del director general del Insee y su predecesor [12]. Escribe breve y claramente esto: “Desde 1999, el conjunto de nuevas medidas tomadas en materia de impuestos obligatorios, han reducido los ingresos públicos en cerca de 3 puntos del PIB: la primera vez entre 1999 y 2000; la segunda entre 2006 y 2008 (…). Como ejemplo, sin reducciones de impuestos, la deuda pública sería en torno a 20 puntos del PIB más baja hoy (2010) de lo que es, generando así un ahorro anual de 0,5 puntos del PIB” Poco tiempo después, otro informe se publicó con la firma del diputado Gille Carrez, informante general UMP de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, para preparar el debate de orientación presupuestario [13]. Según este informe, sin las rebajas de impuestos, el déficit público de 2010, hubiera sido solamente del 1,8%. El informe identifica igualmente a los principales beneficiarios de los 7,7 millardos de Euros de reducciones de impuestos votados desde 2000: “La mitad de las reducciones fiscales decididas entre 2000 y 2009 conciernen al impuesto sobre la renta. Lo dejado de ganar en 2009 sobre el impacto de este impuesto está en torno al 2% del PIB, contra el 0,6% del PIB para el IVA, y el 0,5% del PIB en el impuesto de sociedades”. La solución propuesta es la de la austeridad presupuestaria preconizada por Pébereau y desplegada por el gobierno Fillon. Los ingresos fiscales menguantes y el endeudamiento son un “atentado contra las generaciones futuras”, hay que recortar los gastos presupuestarios, congelar los salarios de los agentes del Estado, “reformar las pensiones”, iniciar la “reforma del Estado” (reducción del número de funcionarios y desmantelamiento del estatuto de la función pública) y acelerar la privatización de hospitales, de la enseñanza y de lo que queda de los servicios públicos. Esta política se habría realizado más descarnadamente, si los gobiernos no se hubieran beneficiado del largo período de reducción de los tipos de interés iniciado en 1995 y cuya aceleración se hace a partir de 2007.

Figura 3: Servicio de intereses de la deuda pública francesa entre 1978 y 2018 en % del PIB

Fuente: Alternatives Économiques, Ameco

Con el crecimiento de la deuda, hubo un alza del total de intereses pagados que se sitúan ahora en el 2% del PIB. Anouk Renaud subraya que el 2% del PIB pagado por intereses, “es con todo, una módica cantidad cercana a 40 millardos de Euros, (un poco más del 40% en 2019) que van cada año al bolsillo de sus tenedores. Una cantidad que podría invertirse en otra parte, mejorando por ejemplo el estado de servicios públicos en decadencia, como la educación, la sanidad, la cultura [14].

Breve repaso histórico sobre la condonación de deudas

El volumen de deuda pública del 98% del PIB a finales de 2019 es el resultado de cuatro décadas de acumulación de esta deuda. Antes de llegar a sus detalles, después de tres posibles escenarios, necesitamos un paréntesis histórico. La condonación radical de la deuda, mejor llamarla repudiación, fue la de la revolución de octubre, decreto del 20 de diciembre de 1917 [15]. En una perspectiva en que se trata de defender las condiciones de reproducción ampliada de capital y por ello de garantizarla, el principal teórico de los efectos negativos de las deudas contraídas por los Estados, respecto al capital-dinero rentista, lo que hoy se llama capital financiero, es Keynes. En su libro cargó contra el Tratado de Versalles de 1919, escribió que: “la existencia de elevadas deudas de guerra, amenaza en todas partes la estabilidad financiera. (…) En el caso de una deuda interna, las partes interesadas son a la vez deudoras y acreedoras, y el debate solo afecta al reparto de la riqueza en el interior del país. No ocurre eso en las deudas externas, y los países prestamistas pueden estimar rápidamente que sus intereses lamentablemente están vinculados a una forma concreta de gobierno o de organización económica en los países deudores”. El problema se plantea de forma distinta en el caso de una deuda interna; es decir, contraída con agentes económicos residentes. “Refiriéndonos a la deuda interior, soy de los que creen que un impuesto sobre el capital para limpiarlo por completo es la condición indispensable para poner en pie unas finanzas sanas”[16].Pero la anulación de las deudas, durante mucho tiempo deudas privadas únicamente, se remonta a la Mesopotamia babilónica. Más tarde, como lo ha recordado David Greaber, la ley bíblica del jubileo disponía que todas las deudas serían anuladas automáticamente cada siete años [17]. Encontramos el eco en la doctrina social del Vaticano [18]. Un largo artículo del CADTM nos informa de las condiciones para la anulación de las deudas privadas en Roma y también en el imperio romano [19]. Más actualmente y tratándose de un país capitalista industrial, los prestamistas en 1953 de la RFA (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) redujeron la deuda que había contraído en 1945 (intereses y capital) en el 62,5% y crearon también las condiciones financieras para que Alemania Occidental se reconstruyera lo más rápido posible [20].Fue menos el recuerdo de las posturas de Keynes lo que les empujó, que las exigencias de la guerra fría, (1953 es el año de la insurrección en Berlín este) y la necesidad de volver a hacer de Alemania el bastión del capitalismo en Europa.

Respuestas varias al endeudamiento del Estado

Hay tres respuestas al endeudamiento del Estado: pagar la deuda incluso si esto exige años; reducir su peso en parte por diferentes métodos; anularla completamente mediante repudiación. Atraviesan los tres escenarios de salida de la pandemia permitidos por las relaciones de fuerza entre capital y trabajo propuestas por Alain Bihr en su ejercicio de prospectiva [21]. Para medir lo que cada respuesta implica, hay que comenzar por examinar quien es el tenedor de la deuda. Cuatro de los cinco actores de la figura adjunta se identifican fácilmente, sabiendo que las OPCVM (Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios) son carteras cuyos fondos invertidos lo están en valores mobiliarios u otros instrumentos financieros. Es el instrumento financiero de las economías domésticas. La parte de los bancos corresponde a sus operaciones sobre fondos propios. Finalmente hay el quinto actor no especificado, “otros (francés)”. De hecho se trata de la fracción en poder del Banco de Francia por su adquisición de obligaciones emitidas por el Estado para financiar el déficit presupuestario. Resulta de la creación monetaria previa por el BCE, cuya eficacia y necesidad son defendidas por los economistas con un grado de convicción mayor o menor; el mayor es el de los economistas de Attac-France, Jean-Marie Harribey, Esther Jeffers y Dominique Plihon [22] y los autores de la nota de Terra Nova, Batiste Bridonnaux et Laurence Scialom [23]. Los títulos de deuda comprados al Tesoro por el Banco de Francia dan lugar al pago por el Estado de intereses, para los que Christine Lagarde y el gobernador del Banco de Francia, han excluido la anulación.

Figura 4: Tenencias de títulos de deuda negociable del Estado por grupo de tenedores último trimestre 2019

Fuente: https://www.aft.gouv.fr/fr/principaux-chiffres-dette

Veamos lo que ocurre con el pago de la deuda en el cuadro analítico de los tres escenarios entre los que dice Bihr, “evidentemente no se excluyen combinaciones parciales”

·      El primer escenario es “el de la recuperación y prosecución neoliberal del business as usual. Presupone que las relaciones de fuerza entre capital y trabajo quedará como ha sido globalmente estas últimas décadass; es decir, fundamentalmente a favor del capital. Y claramente en esta óptica es donde se sitúan los gobiernos actuales, desplegando ya los medios necesarios para tal fin”. En ese escenario, lo que se ha pedido es el pago de la deuda aunque exija mucho tiempo y el retorno a la austeridad presupuestaria en cuanto sea políticamente posible. Christine Lagarde ha dado su apoyo a la idea contestando a los periodistas de France Inter que la idea de la anulación de las deudas contraídas por los gobiernos de la zona euro le “parecía totalmente impensable”, aunque admitiendo que se necesitará “mucho tiempo”, dos, tres, cinco o diez años, para que los Estados de la zona euro salgan del endeudamiento. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, le ha seguido el paso declarando que sería preciso “en su momento, reembolsar la deuda pública contratada para enfrentarse a la pandemia” [24]. Oímos de nuevo en los medios, incluso liberales como Radio France, la vieja cantinela del peso aplastante de deudas que legamos a nuestros hijos y nietos. La austeridad presupuestaria como objetivo al que hay que poder volver, excluye inversiones importantes en infraestructura, por ejemplo, los que serían necesarias en la SNCF, como lo revela una sesión reciente en el Senado [25]. Por lo que se refiere a las inversiones destinadas a frenar el cambio climático, vemos que no hay ninguna cuantificación autorizada por el gobierno en la famosa Convención ciudadana sobre el clima. Incluso se ha hecho un cálculo demoledor de dichas inversiones. Han sido negativos: “el Estado se ha privado de ciertas herramientas para realizar esta transición, cuando no deja de subvencionar el consumo de energías fósiles en sectores claramente emisores de (GEI) gases de efecto invernadero (transportes, construcción pública, agricultura, …). De modo que el déficit de inversiones para reducir la huella de carbono de nuestra economía tradicionalmente se cifra en 185 millardos de euros anuales” [26]

·      El segundo escenario de carácter social-demócrata surgirá de una “inflexión de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo, cuya amplitud y duración dependerá del grado de su radicalidad y partiendo de su orientación dominante” así como de la prioridad dada por los partidos reformistas a la cuestión de la deuda. La inflexión vendrá “de los movimientos sociales que pidan cuentas a los gobernantes por su responsabilidad en este asunto imponiéndoles inflexiones respecto a orientaciones anteriores. Esos movimientos podrán fácilmente nutrirse del descrédito de tales gobernantes, surgido del espectáculo de su impericia; de la cólera y de las frustraciones engendradas por el confinamiento; de la voluntad de hallar responsables y culpables de este fiasco de gran magnitud. Ese descrédito podría recaer en el conjunto de las políticas neoliberales anteriores, cuyo carácter nefasto y claramente criminal se ha demostrado a gran escala en la crisis sanitaria engendrada por el deterioro del servicio público de salud, del que esas políticas son directamente responsables” [27]. Si tal inflexión tuviese lugar, están listas una serie de propuestas técnicas, las más concretas son las de Harribey, Jeffers y Plihon. Su horizonte es el de una “transformación sistémica” orientada a las cuestiones del cambio climático y las desigualdades sociales profundas. Incluyen una reforma global del sistema fiscal que elimine las fuentes principales de los déficits y la deuda pública: los regalos fiscales a los ricos y las multinacionales y la evasión fiscal. El estudio que han hecho para Attac estima que los recursos fiscales obtenidos podrían ser del orden de 200 millardos de euros, por tanto claramente superiores al déficit público. En lo concerniente a la deuda pública, su reestructuración “puede comportar varias formas: una reprogramación (aplazando vencimientos), exención del pago de intereses o anulación parcial o total. Pero para los economistas de Attac, la financiación por parte del BCE es la principal medida a tomar, pues “tiene el doble mérito de asegurar la mutualización de las deudas en el ámbito de la zona euro y permite su anulación. (Ella) incluye tres etapas: 1º la compra por parte del BCE de las deudas públicas emitidas; 2º su transformación en deuda perpetua no reembolsable, y 3º la devolución de los intereses cobrados por el BCE a los Estado miembros [28]. Por tanto permite eliminar el 20% de la carga de la deuda pública (intereses y reembolsos).

Una propuesta alternativa orientada a las inversiones ecológicas contempladas en este escenario la hicieron Bridonnaux y Scialom, para quienes: “una vez vencido el coronavirus, habrá que iniciar seriamente y sin tardar, el combate contra el calentamiento global. Lo que implica inversiones masivas en la reconversión ecológica de nuestras economías y para ello habrá que ampliar márgenes de maniobra presupuestarios”. Proponen una anulación parcial de títulos de deuda en posesión del BCE, condicionada por la reinversión de las mismas cantidades en inversiones públicas “verdes”, mediante nuevas emisiones de deuda. “Los Estados podrán financiar las inversiones de la transición ecológica endeudándose, sin que la ratio deuda/PIB aumente. Cualquier nuevo endeudamiento destinado a inversiones bajas en carbono ha de coincidir con la condonación por parte del BCE de un volumen de deuda similar. Este mecanismo de condicionalidad orientará de facto al plan de salida de la crisis hacia la transición ecológica”. Trátandose de dos propuestas, el tabú de la financiación monetaria de los gastos públicos fue claramente descartado por el Banco de Inglaterra y el Tesoro británico anunciando que los gastos públicos vinculados a la crisis sanitaria podría financiarse directamente por el Banco central. Harribey, Jeffers y Plihon lo han rechazado, indicando que incluso Alain Minc defiende la conversión de los títulos públicos adquiridos por el BCE en una “deuda pública a perpetuidad”.

·      El tercer escenario contemplado por Bihr señala “una ruptura revolucionaria que ahondaría las brechas del sistema capitalista  y el dispositivo político burgués”. Solo podría traducirse en una modificación sustancial de las relaciones políticas entre capital y trabajo. En tal escenario, se trataría de eliminar no solo el 20% de las tenencias del Banco de Francia, sino también el 6,3% de lo que mantienen los bancos franceses en fondos propios y el 53,6% de la parte que mantienen los no residentes cuyos títulos se repudiarían. Abriendo las cuentas de las compañías de seguros podríamos diferenciar el ahorro de los particulares de los beneficios de las sociedades.

El surgimiento del tercer escenario se basa en la hipótesis, que comparto con Bihr, de todos los que han conocido y conocen más que nunca antes, la mayor degradación de su situación en el mercado de trabajo y en los lugares de producción, asi como de sus condiciones de vida cotidianas. como consecuencia de la pandemia y de las políticas de reactivación de la producción de plusvalía. De tal situación podrían derivarse, “por presión de la necesidad y también por efecto de la solidaridad entre “los de abajo” conscientes de la incuria y la indiferencia de ”los de arriba”, movimientos sociales radicales. Estoy dispuesto a aceptar su observación de que “vemos desplegar y desarrollarse casi por todas partes a escala local, prácticas y redes de apoyo para enfrentarse a las dificultades y problemas que resultan del desarrollo de la pandemia y de las medidas de confinamiento, principalmente en favor de los más desprovistos entre los expropiados que son por definición los proletarios”. Estoy de acuerdo con Bihr en que “de muchas formas, la crisis actual abre boquetes en el sistema de relaciones, prácticas y representaciones mediante los que se ejerce normalmente el dominio del capital, con su inevitable conjunto de molestias que permiten fácilmente darse cuenta de que otro mundo es posible y que incluso es necesario y deseable, al fallar este dominio, como sucede en bastantes casos actualmente”. Las pruebas de las luchas desplegadas encontradas en la página Paris-luttes.info [29] son su expresión en la región parisina. Necesariamente van a exacerbarse a medida que el gobierno y la patronal tratan de volver al statu quo anterior. Para Bihr, dos escenarios distinguen este escenario de ruptura del anterior; por un lado, la importancia primordial asignada a las iniciativas tomadas por “los de abajo”; por otro, las medidas de ‘control popular’ de la producción (su finalidad y sus modalidades: ¿qué se debe seguir produciendo? ¿qué hay que mantener? ¿qué se debe abandonar? ¿qué hay que incautar? ¿en qué condiciones?) para imponer su reorganización en el marco de una programación democrática orientada según la definición de las necesidades colectivas”.

Por lo que atañe a la planificación democrática, un intento parcial con lenguaje muy politizado referido al cambio climático se publicó este mes por Cédric Durand y Razmig Keucheyan en Le Monde Diplomatique [30]. No contemplan la cuestión de la deuda pública, señalando sencillamente que la planificación radica en cinco pilares; el primero, es el control público del crédito y la inversión. “Este habrá de superar las reglas de austeridad que ha hecho a los Estados impotentes en materia medioambiental. En el seno del capitalismo neoliberal, son los mercados aupados por los bancos y el sector financiero no regulado, quienes actúan como nucleo en donde se decide la distribución de recursos”. No evocan la anulación o el reordenamiento de la deuda. En el mismo número de Le Monde Diplomatique, Cordonnier centra su artículo “¿Quién pagará? En una entrevista de Jean Tirole que analiza cuatro soluciones entre ellas la repudiación antes de pronunciarse por la monetización de todas las deudas (no solo la del Estado), Pero evita definirse. En suma, un número de Le Monde Diplomatique de extrema prudencia….

Intervenir para tratar de modificar las relaciones políticas

Si las distintas soluciones para pagar la deuda pública están condicionadas por el estado de las relaciones políticas entre capital y trabajo, esto no significa que haya que esperar pasivamente a su modificación. Hay que intentar contribuir a la consolidación de la toma de conciencia entre la clase trabajadora, incluyendo los desempleados, de la posibilidad de las soluciones propuestas, El momento en que la consigna del rechazo a las deudas se oiga no ha llegado. Incluso no hay dudas de que aún está muy lejos, pero no sucede lo mismo con las formas de anulación parciales asociadas al escenario social-demócrata. Así que tienen gran importancia, pues en la situación política actual, poseen un valor de reivindicación transitoria en el sentido del Programa de transición que Trotsky ayudó a redactar en 1938, De ahí, a su vez, la importancia que revisten la fuerza y la eficacia con las que son defendidas por quienes presentan estas propuestas. Van mejorando. En el caso del estudio de Harribey, Jeffers y Plihon, el enfoque que han tomado en su tribuna para Libération, era demasiado teórico (naturaleza de la moneda) para lograr un amplio apoyo popular respecto a la cuestión del pago de la deuda [31]. Afortunadamente, la página principal de Attac-France inserta su estudio titulado “La monda al servicio de la sociedad”, pero también en acceso gratuito el libro de Attac de 2012, La trampa de la deuda, cuyo título está exento de cualquier ambigüedad.

Por parte de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon insertó en abril, o sea hace ya un mes, un largo artículo en su blog [32]. Se refiere al subapartado sobre la deuda de su programa de 2016 [33]. En un estudio de la France insoumise realizado por uno de sus militantes, leemos que “como movimiento, está (la France insoumise) en el telar”. El autor desea que en un hipotético equipo futuro colectivo, Mélenchon acepte el papel de “viejo sabio” [34]. Leyendo sus aportaciones recientes en Mediapart, nada menos improbable [35]. El semanario L’Humanité acaba de publicar a doble página con artículos de Esther Jeffers, presentada como miembro de Economistas Aterrados, Jean-Marc Durand y Geneviève Azam [36]. Por parte de Economistas aterrados, de hecho encontramos posturas muy diversas. Así en un folleto publicado en abril con el título Las deudas en tiempo del coronavirus, Henri Sterdyniak dice que “no comprendo lo que quiere decir monetizar las deudas” [37]. En el semanario del NPA L’Anticapitaliste ha habido un artículo subido de tono de Henri Wilno sobre el carácter de reivindicación transitorio de la consigna de anulación de la deuda, que según parece aún no logra la unanimidad en el seno de su dirección. Por parte del diario Lundi Matin, nada. Todo esto no supera el círculo de sus militantes. Para llegar a conjuntos masivos de trabajadores, hay que ponerse a ello. (17 de mayo de 2020)