El termómetro escalaba imparable dentro de aquel ascensor. Era 11 de julio de 2019 en la residencia de ancianos Parque de Los Frailes (Leganés), Madrid batallaba contra una ola de calor y el reloj indicaba que llevaban más de hora y cuarto dentro cuando Carmen decidió llamar por teléfono a su hija. “Estamos encerrados en el ascensor yo, otro residente y una auxiliar”, acertó a explicar. Su hija avisó a los bomberos, que finalmente consiguieron liberarles tras dos horas dentro. Si Carmen no hubiera llevado el móvil encima, no saben muy bien que habría sucedido.

Familiares de las y los residentes han puesto más de 470 reclamaciones en los últimos dos años. Entre otras cosas, denuncian el mal estado de las instalaciones y algo mucho más importante: la falta de personal, un abandono que propicia este tipo de situaciones.

“Ese mismo día se había roto otro ascensor por falta de mantenimiento. Vino el técnico a arreglarlo y no pudo. Al final mi madre se quedó encerrada en el otro”, cuenta Carmen López, hija de Carmen y presidenta de la Asociación en Defensa de los Mayores de Los Frailes (ADEMAF). La residencia, que pertenece a la Comunidad de Madrid, está gestionada por la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A.

Esta empresa fue presidida por José Luis Ulibarri, pieza frecuente en las tramas de corrupción del PP, quien llegó a pasar dos meses en prisión preventiva, investigado en el caso Enredadera. Además, está investigado en la trama Gürtel y en septiembre estrenaba nueva causa, declarando como investigado en la Púnica.

Ávido constructor y empresario de medios de comunicación, Ulibarri es experto en ir a la caza de dinero público utilizando una técnica infalible: la puja a la baja en los pliegos de contratación. La compañía entró a gestionar la residencia de Parque de Los Frailes después de bajar el precio de licitación desde los más de 14 millones que aparecían en el pliego de convocatoria a los 12,5 por los que acabó adjudicándose. Así es como en Madrid la empresa se ha hecho con la gestión de tres residencias más en Vallecas, Ventilla y Peñuelas con una media de 200 plazas cada una.

“El pasado 6 de septiembre le han vuelto a conceder la de Peñuelas, aunque tiene tres expedientes en cada una de ellas. Aralia gana los concursos porque hace la oferta más económica y luego da los peores servicios”, cuenta López. Añade que los familiares de los diferentes centros han estrechado lazos para denunciar ante fiscalía. “El día 4 de septiembre presentamos un escrito ante la Fiscalía con las deficiencias que hemos encontrado en las cuatro residencias con más de 700 firmas y un montón de documentación”.

AUSENCIA DE REGULACIÓN

En Madrid existen 426 residencias para la tercera edad, según el informe Envejecimiento en Red número 18 del CSIC. 25 de ellas son 100% públicas y 18 tienen su gestión externalizada. El resto son privadas, algunas en su totalidad y otras tienen un porcentaje de camas en concierto con la administración. Raúl Camargo, exdiputado en la Asamblea de Madrid por Podemos y ponente de una propuesta de ley para residencias que pretendía mejorar las condiciones en estos centros, apunta a que el escaso porcentaje de residencia pública y la ausencia de un marco regulatorio favorece la entrada de empresas de todo tipo entre las que estarían ‘compañías pirata’ como Aralia, grandes multinacionales como Clece —del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez—, Eulen o Sanitas, y un nuevo actor que asoma por la puerta con mucha fuerza: los fondos de inversión.

En la Comunidad de Madrid, DomusVi cuenta con 18 residencias de mayores con plazas concertadas o de propiedad pública pero con gestión externalizada

“Los últimos años ha habido un proceso de concentración de las residencias en manos de empresas de capital riesgo, en un mapa donde las residencias totalmente públicas apenas representan el 5% y estamos a la cola del Estado en este aspecto”, cuenta Camargo. “DomusVi es el caso más importante, fruto a su vez de la absorción de Geriatros y SARQuavitae. Se está quedando con la mayoría, con la consecuente precarización de las condiciones de trabajo del personal y el aumento de precios”, explica Camargo.

Según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de 2014, durante ese año SARQuavitae —hoy DomusVi— era la empresa concesionaria que más dinero se había embolsado con la gestión indirecta de residencias públicas, con una factura de más de 15 millones de euros. Le seguían Clece, con 13 millones y medio, Albertia, con casi seis millones, y Eulen, con 5, 7 millones de euros.

A día de hoy, una de las compañías que acaparan la mayor parte del beneficio de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid es DomusVi, marca comercial de Geriatros-SARQuavitae, propiedad de DomusVi Group y en manos de uno de los mayores fondos de inversión paneuropeos de capital, Intermediae Capital Group (IGC) y de la compañía de inversión Sagesse Retraite Santé, fundada por Yves Journel, quien ha duplicado su patrimonio hasta los 1.000 millones de euros desde 2017, convirtiéndose en la 121ª fortuna de Francia.

DomusVi es uno de los tres principales actores que opera en este sector con especial incidencia en Francia y España, aunque en 2018 comenzó también a intervenir en territorio portugués, adquiriendo la empresa Carlton Life S.A. En la Comunidad de Madrid cuenta con 18 residencias de mayores con plazas concertadas o de propiedad pública pero con gestión externalizada, como la residencia de Madrid Sur en Vallecas, la ubicada en Mirasierra o la de Usera. Exceptuando algún centro como el localizado en Arturo Soria, que es 100% privado, el resto bebe de las arcas públicas.

Los padres de Elena Valero invierten casi la totalidad de la única pensión que reciben entre los dos, de 1.200 euros, en abonar las dos plazas que tienen en la residencia DomusVi Usera. “Mis padres pagan cerca de 600 euros cada uno. No les queda apenas nada para ellos”, cuenta Valero mientras describe que, a cambio, reciben un trato totalmente deficitario debido especialmente a la falta de personal. “Las ratios no se cumplen. Meten personal de jardinería, cocineros o conductores para que se cumplan”, desvela.

En Madrid, la francesa Orpea cuenta con 23 residencias, según su página web

“Hay dos auxiliares por planta y hay tres plantas. Los principales problemas están en la segunda y tercera planta, donde hay grandes dependientes. No se realizan los cambios posturales, los cambios de pañal no se hacen todo lo que se deberían y hay infecciones de orina… Debería haber una enfermera por planta y muchos días hay una para todo el centro. No pueden ni preparar la medicación, llevan el carrito de las medicinas al comedor y lo dejan en manos de las auxiliares”, describe mientras asegura que las reclamaciones se han vuelto una constante. “Los familiares ponemos entre cuatro o cinco reclamaciones todos los días”, añade.

CALIDAD A BAJO COSTE

En Francia hay cerca de 2.000 residencias privadas que pertenecen a grandes grupos empresariales. Envoyé spécial, un programa de investigación que se emite en la cadena pública France 2, grabó el año pasado con una cámara oculta, a iniciativa de algunas familias, las terribles condiciones en las que viven las personas mayores que residen en estos centros y que abonan en torno a 3.000 euros mensuales.

Orpea es otro de los grandes grupos franceses que lideran el sector. En Madrid cuenta con 23 residencias, según su página web. En una entrevista en ese mismo programa a un antiguo director de centros de Orpea que ha trabajado cerca de 20 años para este grupo en varios centros diferentes, relata que “la norma Orpea es ofrecer calidad a bajo coste”. Cuando le preguntan si es posible, responde: “No demasiado”. Expone que el objetivo del grupo es únicamente financiero y que Orpea obtiene unos beneficios del 30%. Esto se traduce en falta de personal para la atención de los residentes, medias jornadas en lugar de jornadas completas de los asistentes de los centros, etc.

En España se consolidaron como uno de los líderes del sector al apoderarse de la empresa Sanyres en 2016 sumando 7.334 camas en 43 nuevos centros y duplicando así el tamaño de su red. El 55% de las residencias adquiridas en esta operación de expansión empresarial se encuentra ubicado en Madrid. Las residencias del grupo Orpea tienen plazas concertadas en la totalidad de sus residencias de la Comunidad de Madrid.

Y, dentro de estos fondos buitre, hay que prestar atención a un tercer actor: Amavir, que es la marca comercial de la sociedad Planiger S.A., participada en su mayoría por Maisons de Famille, sociedad participada a su vez por el fondo de inversión también francés Creadev, propiedad de la familia Muillez. Cuenta con 21 residencias en la comunidad y 3.843 plazas residenciales. Todos los centros disponen de plazas concertadas e incluso algunos de ellos indican que la totalidad de las plazas del centro disponen de este concierto con la Comunidad de Madrid, como es el caso de la residencia de mayores Amavir El Encinar-Leganés, con 132 plazas residenciales y 30 de centro de día, o la de Collado Villalba, con 140 plazas residenciales y 45 de centro de día.

Gérard Muillez, el patriarca creador del grupo empresarial, es la quinta fortuna de Francia con 32.000 millones de euros y es propietario de compañías como Auchan, Decathlon, Kiabi, Norauto, etc.

ÁNIMO DE LUCROEn esta merienda de dinero público en la gestión de residencias destaca una famosa asociación sin ánimo de lucro. Mensajeros de la Paz, fundada por el reconocido Padre Ángel, a través de su filial Edad Dorada, gestiona ocho residencias en la Comunidad de Madrid. Tres de ellas —Parque Coimbra, Getafe Alzheimer y Villaverde Alzheimer— son públicas con gestión externalizada. El resto tiene plazas privadas y plazas concertadas. También tiene un concierto municipal con el Ayuntamiento de Pinto para la residencia Dolores Soria. Un buen paquete de negocio que se ha enfrentado a protestas sindicales.

“La residencia se está cayendo a cachos de manera literal. La falta de medios, la falta de materiales —no tenemos pañales, geles, cuchillas de afeitar, guantes— se suma a la falta de personal”, explica Mari Ángeles Maquedano, delegada sindical de CGT Madrid en la residencia Parque Coimbra. Maquedano, que lleva diez años en el centro, cuenta que antes del desembarco de Mensajeros de la Paz, que fue en 2011, la situación era mucho mejor y pone de ejemplo sus condiciones laborales.

“Nos redujeron media hora al día para que fuéramos a trabajar más días a la semana. Llegábamos a trabajar siete días seguidos. Pusimos una demanda en el juzgado, hicimos manifestaciones en la puerta del centro. Al final, ganamos la demanda”, explica esta trabajadora, que se embolsa 930 euros al mes con diez años de antigüedad. Lo que tiene claro es que la lucha ha dado sus frutos. “A mí ya nadie me va a meter prisa por atender a un residente ni voy a dejar que me la metan”, asegura Maquedano.

Con este espíritu, familiares y personal de las diferentes residencias de Madrid están fraguando una alianza. Es la Marea de Residencias, plataforma que acaba de ver la luz y que el pasado 16 de octubre mantenía su tercera reunión. “Queremos que cambien las políticas en las residencias de mayores. Es necesario que haya una ley que revise las ratios actuales, que están fijadas en un decreto de 1990; hoy tenemos más grandes dependientes y se necesita más personal”, explica Carmen López, que participa también en esta agrupación y que va a remar en este sentido. “Si algo es público debe ser gestionado por la Comunidad de Madrid y los asuntos sociales no deben dar beneficio, sino cubrir la necesidad de las personas mayores”, sentencia Elena Valero, compañera también en la lucha.