Fuente: https://contrainformacion.es/fiscalia-del-estado-se-hace-cargo-investigacion-casos-pederastia-iglesia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-contrainformacion_1
La Fiscalía del Estado se hace cargo de la investigación sobre los casos de pederastia en la Iglesia
El Ministerio Púbico ha solicitado a las 17 fiscalías superiores de las comunidades autónomas todas las denuncias y querellas que se estén tramitando sobre abusos y agresiones a menores en cualquier institución religiosa
Este lunes la Fiscalía General del Estado ha pedido a las 17 fiscalías superiores de las comunidades autónomas que remitan, en un plazo de 10 días, todas las denuncias y querellas sobre agresiones y abusos sexuales a menores, tanto cometidos no solo por miembros de la lglesia Católica, sino también por parte del resto de instituciones religiosas, según ha adelantado El País.
Dolores Delgado, fiscal general del Estado, ha solicitado a los 17 fiscales superiores esa documentación relativa a procedimientos «incoados tanto en sede judicial como fiscal» coincidiendo con el pronunciamiento de los letrados del Congreso de los Diputados, que se han mostrado favorables a admitir a trámite la iniciativa de Unidad Podemos, Esquerra republicana y EH Bildu para crear una comisión de investigación en el Congreso.
Este martes se decide la admisión a trámite de la iniciativa para debatirla en el pleno de la Cámara y, precisamente, este lunes se ha conocido que el PSOE votará a favor de calificar la propuesta, aunque el partido no está convencido del formato ni el contenido planteado.
También se están estudiando maneras alternativas para llevar a cabo este estudio, como impulsar una comisión con expertos independientes «de prestigio». Sin embargo, la iniciativa de la Fiscalía no sustituye a la que se está promoviendo en el Congreso de los Diputados, según han confirmado fuentes del Gobierno.
La recopilación que llevarán a cabo los fiscales no representará la totalidad de estos delitos, ya que una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que ya han sido juzgados por los obispos y los superiores de las órdenes religiosas y, en algunas ocasiones, ya se han encargado de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.
Indignación y sorpresa en el seno de la Conferencia Episcopal
Esta decisión ha provocado «indignación» y sorpresa en el seno de la Conferencia Episcopal, que no la conocía previamente, y creen que la investigación tiene poco recorrido. Por otra parte, los obispos, denuncian que la comisión del Gobierno es una campaña política y mediática. «Eso nos preocupa [….] nos parece especialmente doloroso que se pudiera utilizar, incluso, la situación de las víctimas en la disputa política, en la confrontación propia del Parlamento o de la vida social y política española», declaró el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, en una entrevista con los medios del Vaticano.
En abril de 2021, la Iglesia reveló por primera vez datos de casos de abusos sexuales a menores desde el año 2001 y cifró en 220 los sacerdotes españoles acusados de pederastia en los últimos 20 años, de los que 151 casos habían sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.
El pasado 19 de diciembre, el Papa Francisco ordenó una investigación sobre los casos de abusos en la Iglesia española después de que el corresponsal de El País en Roma, Daniel Verdú, le entregase una investigación periodística de 385 páginas en la que se recogían 251 nuevos casos de abusos a menores en la Iglesia española desde 1943 hasta 2018.
Tras la noticia, Argüello confirmó a elDiario.es que se envió una nota a la diócesis y congregaciones religiosas en la que ofrecían a los obispos investigar los casos que detallaba el dossier si lo consideraban «necesario».
El único paso dado hasta ahora por la Conferencia Episcopal ha sido la apertura en cada diócesis, por orden del Papa, de una oficina de atención a las víctimas para denunciar, pero el portavoz de la Conferencia Episcopal afirmó que si alguna víctima se dirige a los obispos la atenderán, pero que no harán nada por saber la verdad: ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado. «No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general», añadió.