The New York Times y The Guardian, que publicaron parte del material de Wikileaks filtrado supuestamente por Chelsea Manning, se libraron de ser procesados en el caso al ponerse en contra de Assange y ayudar a Washington a demonizarlo.  El resto de los medios de comunicación mainstream se unieron, incluyendo Wikipedia, que informa falsamente de la situación como lo hace con la mayoría de los asuntos que se han convertido en controversias.  Hoy casi nadie conoce la verdadera historia.

Los problemas de Assange comenzaron cuando dos mujeres suecas, atraídas por su celebridad, lo llevaron a su casa.  Una de las mujeres se preocupó por un episodio de sexo sin protección y pidió a Assange que se tranquilizara haciéndose un test de del SIDA.  Él se negó tontamente.  La mujer preguntó a la policía si se le podía ordenar que se hiciera la prueba.  Fue esta pregunta, y no una acusación de violación por parte de ninguna de las mujeres, la que dio lugar a la investigación policial por violación.  La fiscalía sueca investigó y, como no había cargos ni pruebas de violación, cerró el caso.  Assange era libre de salir de Suecia.

Se fue al Reino Unido. Inexplicablemente, pero tal vez por la insistencia de Washington, otro fiscal sueco logró reabrir la investigación cerrada y emitió una solicitud de extradición para que Assange fuera devuelto a Suecia para ser interrogado.  No se presentaron cargos contra Assange.

Como a Assange se le buscaba para interrogarle, no para acusarle de nada, la ley de extradición no es aplicable.  Pero Washington sabía que los tribunales británicos responderían a la presión de Washington.

Al darse cuenta de que no tenía ninguna protección bajo la ley ya que Washington puede anular la ley a su antojo, Assange huyó a la embajada de Ecuador y se le dio asilo.  Residió en la embajada desde 2012 hasta 2019, cuando un cambio de gobierno en Ecuador permitió a Washington comprar la retirada del asilo de Assange.  Mientras tanto, la segunda fiscal sueca había abandonado su investigación al no existir pruebas.  Pero ahora que Assange estaba en manos británicas, Washington podía hacer que lo transfirieran a sus garras.

Desde 2019, Assange ha estado retenido en el Reino Unido en unas condiciones que los activistas de derechos humanos califican de tortura mientras se desarrollaban las audiencias de extradición pro forma.  Ayer [20 de abril], después de una década de persecución y encarcelamiento de una u otra forma, el Reino Unido, un estado títere estadounidense obediente, cumplió con las instrucciones de su amo y aceptó extraditar a Assange a Estados Unidos para ser juzgado como espía por ejercer los derechos de la prensa libre.

El caso, por supuesto, no tiene nada que ver con el espionaje. El gobierno de Estados Unidos quiere vengarse y ha pasado por encima de todas las leyes conocidas para vengarse.  A los ojos del gobierno, la publicación por parte de Wikileaks de documentos oficiales que mostraban los crímenes de guerra de EE.UU. y el engaño intencionado a los aliados de EE.UU. desafió el control de Washington sobre las narrativas.  Washington llegó a la conclusión de que no podía operar en un mundo de libertad de prensa y optó por destruir la protección del periodismo de la Primera Enmienda.

Los medios de comunicación estadounidenses, británicos y occidentales participaron voluntariamente en la destrucción de su derecho a informar.  Posiblemente Assange vivirá lo suficiente después de su condena, lo que dada su demonización es seguro, para que su caso llegue al Tribunal Supremo de Estados Unidos y se anule su condena por motivos constitucionales.  Por otro lado, al igual que los tribunales británicos responden a las presiones de Washington, también lo hacen los tribunales estadounidenses.  Al igual que el poder ejecutivo ha reducido el Congreso de EE.UU. a una situación de casi impotencia, el gobierno federal ha reducido la independencia y el valor del poder judicial.  El propio Tribunal Supremo se está politizando, como demuestra el último nombramiento.  En los Estados Unidos de hoy, los derechos, o quizás más precisamente los derechos especiales, son las prerrogativas de las personas de color, y los estadounidenses blancos sufren discriminación y disminución de los derechos ante la ley en las admisiones universitarias, la contratación, la promoción, el lavado de cerebro en la formación de sensibilidad, y en una serie de formas adicionales.

Los Padres Fundadores confiaban en una prensa libre protegida por la Primera Enmienda para exigir responsabilidades al gobierno, al igual que confiaban en la separación de poderes.  Todas estas salvaguardias se han erosionado.  La consecuencia es que ahora nos enfrentamos a la tiranía de un gobierno que no rinde cuentas y que puede controlar todas las explicaciones.