La legislatura en España ha explotado después de que salió a la luz un escándalo de espionaje masivo de colosales dimensiones. Las medidas para frenar los efectos económicos del conflicto en Ucrania, las reformas legislativas, los adelantos electorales y cualquier otro elemento ha quedado oscurecido por las revelaciones que se han conocido durante las tres últimas semanas.

Primero fue Citizen Lab, un laboratorio canadiense independiente especialista en ataques informáticos, que alertó que 65 políticos y líderes independentistas catalanes habían sido espiados con el programa israelí Pegasus. Después, el Gobierno confirmó que el mismo software había infectado hace un año los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) confirmó que estaba detrás del espionaje de al menos 18 figuras catalanas.

La crisis abierta es de tal dimensión que sus consecuencias todavía son imprevisibles, pero podría conllevar un conflicto diplomático de altura con Marruecos o poner en riesgo la legislatura cuando todavía se encuentra a la mitad.

¿Cómo comenzó el escándalo?

El escándalo se destapó el 18 de abril cuando Citizen Lab hizo público su informe. Recogía que entre los líderes independentistas espiados por el programa israelí se encontraban todos los presidentes de Cataluña desde 2010, incluido el actual, Pere Aragonés.

Además, relataba que entre los móviles infectados estaban los de periodistas, eurodiputados, líderes de la sociedad civil, abogados y también familiares de estos. Aunque no señalaba con nombres y apellidos a un responsable, sí mencionaba que los indicios apuntaban al Estado español. El espionaje se había producido entre 2017, año en que se produjo el referéndum de autodeterminación ilegal, y 2019.

Indignación en Cataluña

En el ámbito de Cataluña la reacción fue de absoluta indignación. Aragonés afirmó que «la operación de espionaje masivo contra el independentismo catalán es una vergüenza injustificable» y que se trata de «un ataque a los derechos fundamentales y a la democracia extremadamente grave».

Por su parte, el Gobierno español negó las acusaciones por boca de su portavoz y ministra de Política Territorial, Raquel Sánchez, que al día siguiente afirmó que la administración actual «no tiene nada que ocultar» y la ley de seguridad nacional establece «asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta». «No se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley», sostuvo la portavoz.

El presidente y la ministra de Defensa también espiados

El escándalo dio una vuelta de tuerca el último domingo, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó a los medios que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con Pegasus en mayo de 2021.

Desde Moncloa señalaron que las intervenciones son «ilícitas», «externas», «ajenas a los organismos estatales» y «no cuentan con autorización judicial». El caso se ha judicializado y se encuentra bajo secreto de sumario, además, el juez ha ofrecido a Sánchez y Robles la posibilidad de estar presentes en el proceso.