Según documentos desclasificados de EEUU a los que ha accedido Público, el Departamento de Estado llegó a plantear en un documento que las tropas españolas actuasen en «misiones» militares en suelo afgano sin la «aprobación previa de las autoridades españolas», algo completamente ilegal. También presionó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que incrementase los recursos económicos en esa guerra.

George W. Bush no tenía límites. En plena guerra de Afganistán, la administración estadounidense ejerció una fuerte presión sobre el Ejecutivo español para que destinase mayores cantidades de dinero a esa operación e incrementase su colaboración militar en el terreno. Incluso planteó que las tropas españolas se saltasen la Ley de Defensa Nacional y ampliasen su ámbito de actuación a otras zonas del territorio afgano sin pedir la «autorización previa» del Congreso.

Documentos desclasificados del Departamento de Estado a los que ha accedido Público muestran las continuas presiones de Washington sobre Madrid para tratar de arrancarle nuevos compromisos en la denominada «lucha global contra el terror», término que acuñó Washington para justificar su intervención en Afganistán tras los ataques contra las Torres Gemelas y que sirvió como excusa para distintas intervenciones en el extranjero posteriores, como la invasión a Irak.

Todo ocurría en un escenario complejo: poco después de llegar a La Moncloa en 2004, Rodríguez Zapatero cumplió con la promesa de retirar las tropas de Irak. Aquella decisión no sentó bien a la Administración Bush, que había cultivado una excelente relación con el Gobierno anterior de José María Aznar, uno de los protagonistas de la recordada «foto de las Azores».

Zapatero sacó los contingentes militares de Irak, al considerar que era una guerra ilegítima (la excusa fue la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en el país árabe, que después se confirmó que no existían), pero decidió que siguieran en Afganistán. En este último caso, Zapatero avaló la continuidad de las tropas en términos de cooperación humanitaria. El adiós definitivo de la misión no se produciría hasta este jueves 13 de mayo de 2021, día en el que oficialmente regresó a Madrid el último contingente que quedaba sobre suelo afgano. Atrás quedan casi 20 años de una misión que costó la vida a 102 militares españoles y dejó más preguntas que respuestas.

Ahora, informes del Departamento de Estado ya desclasificados permiten conocer distintos aspectos de lo ocurrido durante esas dos décadas. Uno de esos documentos hace referencia a los asuntos que EEUU consideraba prioritarios ante la llegada a Washington del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, quien en 2008 fue designado por el Gobierno de Zapatero como embajador en ese país.

En un escrito previo a la reunión que la entonces secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, mantendría con Dezcallar el 19 de septiembre de 2008, el Gobierno estadounidense fijó los principales puntos que iban a estructurar las relaciones bilaterales. Entre ellos figuraba Afganistán.

En el apartado dedicado a la intervención militar en el país asiático, la Casa Blanca defendía abiertamente que España levantara «su advertencia de que cualquier misión de su fuerza de reacción rápida» fuera del Comando Regional Oeste de Afganistán, nombre que recibía la zona donde se encontraban las tropas, debía «ser aprobada previamente por las autoridades españolas».

«Saltarse la ley»

El exdiputado de IU Gaspar Llamazares, quien desde el Congreso siguió de cerca la intervención española en Afganistán y solicitó reiteradamente el fin de dicha misión, afirmó a Público que ese planteamiento de la Administración Bush «viene a decir que se salten la ley y que modifiquen la misión militar sobre la marcha». Esa posibilidad chocaba con la Ley de Defensa Nacional que había aprobado el Congreso en 2005 y que fijaba, entre otras cosas, que toda misión en el exterior debía contar previamente con el visto bueno parlamentario.

«Lo que ocurre es que nuestra misión allí no tenía prevista ninguna acción ofensiva –salvo que fuese en defensa propia–, y a los americanos no les gustaba esa autolimitación que se imponía España», señala el exparlamentario.

En otro documento desclasificado de febrero de 2006, el Departamento de Estado señalaba: «el despliegue en Afganistán goza de un sólido apoyo político, pero la opinión pública española es generalmente escéptica ante todos los despliegues militares en el extranjero». «En consecuencia –continuaba–, el Gobierno español ha hecho hincapié en el carácter humanitario de esa misión».

«El Gobierno socialista ha explicado que apoya los esfuerzos de seguridad en Afganistán porque las operaciones fueron legalmente sancionadas por Naciones Unidas, firmemente apoyadas por la OTAN y forman parte de la Guerra Global contra el Terrorismo», destacaba la Jefatura de la Diplomacia estadounidense en otro documento sobre las relaciones bilaterales redactado en mayo de 2007.

Casi 4.000 millones de euros

La Casa Blanca también buscaba insistentemente que España se comprometiese a ampliar los recursos que preveía destinar a la guerra en Afganistán. De hecho, en el documento previo a la reunión entre Rice y Dezcallar se pedía instar a España a que «contribuya económica y militarmente para apoyar la expansión del Ejército Nacional Afgano», poniendo incluso una cifra: «Pedimos a España que done 50 millones de dólares anuales a partir de 2010 y hasta 2014».

Según datos recogidos por el Centro Delàs de Estudios por la Paz extraídos de informes oficiales del Gobierno ante la Comisión de Defensa, el coste total de la intervención española en Afganistán sumaba 3.821 millones de euros, una cantidad considerablemente superior a los 745 millones de euros que costó la participación en la guerra de Irak.

Cabe recordar que las tropas españolas fueron retiradas de Irak después de que Zapatero llegara al Gobierno en 2004, mientras que en Afganistán se han mantenido hasta esta misma semana.

Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs, destacaba este jueves en Twitter que «el enorme gasto militar que ha supuesto la intervención occidental en Afganistán ha sido 400 veces el PIB del país de 2001 (año en el que comenzaron las operaciones militares) y eso sólo considerando el gasto de EEUU. Estamos hablando de cifras escandalosas».

«Entre enviar soldados o dinero para cooperación y no hacer nada, como ocurría antes del 11-S y como volverá a suceder ahora, hay muchas opciones que se podrían haber tomado», afirma Pozo a Público. Este periódico solicitó al Ministerio de Exteriores información sobre la ayuda brindada a Afganistán en estos años, y la respuesta ha sido escueta: la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) «no tiene ningún programa allí en estos momentos».