El relato oficial dice que entre la muerte de Franco en 1975 y el fallido golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981), España sería una Arcadia idílica (de apellido Transición), en la que los líderes de la oposición al régimen de Franco y los reformistas del interior pactaron una agenda para preparar al Estado español para su anhelada entrada en Europa así como garantizar la democracia y el progreso generalizado, todo ello bajo la supervisión del rey Juan Carlos I como valedor de la balbuciente democracia.

En el plano político, asistimos en España a un escenario distópico fruto del Tejerazo de 1981, en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el sistema monárquico y la unidad indisoluble de España al tiempo que estaríamos asistiendo a la progresiva implementación en el Estado español del Tardofranquismo, anacronismo político que beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas.

El Tardofranquismo judicial tendría a la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder mediante el status de aforado ( léase casos Rato y Cifuentes), a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal) y devenido en punta de lanza contra el Gobierno Sánchez.

El Catalangate

En el ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez se habría despertado con el llamado Catalangate. Así, según la entidad Citizen Lab con sede en Toronto (Canadá), Pere Aragonés y 62 independentistas catalanes y vascos habrían visto hackeadas sus conversaciones de móvil en el 2019 mediante el sofware Pegasus de la empresa israelí NSO Group, programa que según el diario el País, habría sido comprado por el CNI por 6 millones de dólares por lo que todo apuntaría a los Servicios Secretos como responsables de dicho espionaje.

Ello ha provocado la congelación de relaciones de ERC con el Gobierno hasta que “el Gobierno central asuma las responsabilidades hasta las últimas consecuencias” en palabras del Presidente Pere Aragonés y aunado con la desafección de Unidas Podemos tras la decisión personal de Pedro Sánchez de incrementar su aportación a la OTAN hasta el 2% , (lo que implicará incluir en los Presupuestos del Estado del 2023 una partida adicional estimada en 10.000 millones €) , podría provocar que Sánchez quede huérfano del sustento parlamentario de Unidas Podemos además de los grupos periféricos vascos y catalanes para la confección de los nuevos Presupuestos y verse obligado a convocar Elecciones anticipadas.

Dado el riesgo de estanflación en la economía española, no sería descartable que tras las próximas Elecciones Generales asistamos a un acuerdo de Gobierno entre el PP y PSOE que contará con las bendiciones de los poderes económicos del establishment español (condenando de paso al ostracismo a los partidos nacionalistas vascos y catalanes), y que procederá a la metamorfosis del Régimen del 78 mediante una reforma edulcorada de la actual Constitución vigente, siguiendo la máxima del gatopardismo (“Cambiar todo para que nada cambie”).