Reciente se ha revelado una investigación que ha dejado perplejo a la opinión pública. Se trata de la filtración más grande de documentos de este tipo. El trabajo tiene como fuente a más de catorce firmas de abogados especializados en la creación de sociedades financieras en paraísos fiscales; estas firmas cuentan con diferentes clientes en varias partes del mundo. Es una colaboración periodística denominada Pandora Papers . Este trabajo contó con la participación de más de 600 periodistas de todas las latitudes, 117 medios de comunicación que analizaron diferentes tipos de archivos sometiéndolo análisis rigurosos para develar las maniobras que hacen figuras públicas con la intención de evadir impuestos en sus países.

La filtración señala a más 27.000 compañías, casi 30.000 beneficiarios; entre los que se cuentan a 14 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, Once son exmandatarios.

Los presidentes en ejercicios vinculados al hecho son:

Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador; este banquero ha tenido vínculos con compañías offshore y fidecomisos en Panamá, Dakota del Sur y Dalaware en Estados Unidos. El mandatario que nos habla sobre la necesidad de atraer inversiones en todas los campos al Ecuador, aquel que anunció con “bombos y platillos” en las Naciones Unidas su eslogan de gobierno “Más mundo en Ecuador y más Ecuador en el mundo”. En este país particularmente la Ley prohíbe a los candidatos y servidores públicos tener cuentas offshore. Lasso, pico adelante y se puso a la orden de la Asamblea Nacional para responder las preguntas necesarias sobre este caso. Algunos actores políticos han solicitado la renuncia del mandatario. Este se enfrenta al primer escándalo después de llegar al gobierno el pasado 24 de mayo.

Sebastián Piñera, Presidente de Chile tiene un negocio de familia que vincula la compraventa del proyecto minero Dominga. Una empresa vendida en 2010 cuando Sebastián ya era Presidente. Esta Operación fue llevada a cabo en las Islas Vírgenes Británicas. Desde la Presidencia de ese país se argumenta que esto fue investigado antes por la justicia chilena y no se hallaron pruebas en contra del mandatario. Recordemos que Piñera es el cuarto hombre más rico del país.

Por otra parte, Luis Abinader, presidente de República Dominicana aparece junto a sus hermanos vinculados a dos empresas creadas en Panamá. El argumento esgrimido por el mandatario es que su país al momento no tenía leyes corporativas suficientes para que las compañías locales hicieran negocio en el exterior.

También se menciona al exalcalde de Bogotá y ahora precandidato presidencial Enrique Peñalosa que tuvo dos empresas en Panamá, dedicadas a la consultoría en planeación urbana. En ese bando incluimos de igual manera a los “celebres” expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.

Si bien es sabido que los paraísos fiscales no son del todo ilegal es necesario sopesar un balance entre lo ético y el deber de los líderes políticos en nuestros países. Según los datos de Tax Justice Project una organización especializada en evasión fiscal, América Latina pierde más de 40.000 millones de dólares en impuesto cada año; no hace falta mencionar que nuestras naciones han tenido serias dificultades para atender eficientemente la pandemia generada por el Covid-19, también para la adquisición de vacunas, donde a quedado en evidencia un precario sistema de salud de la región.

Por último, es necesario resaltar que hasta ahora, ninguno de los mandatarios y político pertenecen a la izquierda latinoamericana, tampoco son parte del llamado gobierno bolivariano y chavista de Venezuela, menos de los países miembros del ALBA. No queremos imaginar el tratamiento mediático por parte de la prensa internacional si en esa lista apareciera un Nicolás Maduro, Diaz-Canel, Evo Morales, Luis Arce, Daniel Ortega, Rafael Correa, Cristina Kirchner entre otros y otras.
Esperemos que en algún momento los involucrados en estos vergonzosos actos rindan cuenta a las ciudadanías; que los organismos internacionales condenen las actuaciones de los ricos en los paraísos fiscales; que se pueda llevar a cabo en los distintos países de la región una legislación rigurosa para prohibirlos y evitar que los servidores públicos tengan bienes y capitales en estos territorios.