El lunes, el “Equipo Especial sobre la Organización y Empoderamiento de los Trabajadores” publicó su reporte para el presidente Joseph Biden resumiendo una serie de medidas que buscan fortalecer los sindicatos proempresariales como instrumentos críticos para suprimir la lucha de clases.

El equipo fue creado por orden ejecutiva en abril del año pasado, después de que la campaña de sindicalización en el almacén de Amazon en Bessemer, Alabama, fuera derrotada a pesar de una promoción agresiva por parte del Gobierno de Biden. Está copresidida por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Trabajo, Marty Walsh, un exoficial sindical en construcción y exalcalde de Boston. Incluye a miembros del gabinete que dirigen algunas de las funciones más importantes del Gobierno estadounidense, como el secretario de Defensa, Lloyd Austin, la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La intervención sin precedentes históricos del Gobierno de Biden es una respuesta de la facción que representa de la élite corporativo-financiera al crecimiento de la oposición de la clase obrera, que está asumiendo la forma de una rebelión contra los sindicatos. La Casa Blanca quiere una fuerza policial laboral que cuente con el respaldo completo y el financiamiento del Estado.

El equipo presenta 70 recomendaciones para avanzar su “misión sin precedentes” de fortalecer los sindicatos, que han visto caer el porcentaje de trabajadores estadounidenses que son miembros de 30 por ciento en los años cincuenta a 10,3 por ciento en 2021, incluyendo a solo 6,1 por ciento de los trabajadores del sector privado.

Incluye propuestas para prácticamente todas las agencias federales del Gobierno para que “eliminen las barreras innecesarias que impiden que los sindicatos puedan organizar a los trabajadores federales y aumenten sus listas de miembros”. Los oficiales sindicales contarán con acceso a bases militares, parques nacionales y edificios federales.

Propone el uso del poder de gasto del Gobierno federal para promover la sindicalización de los empleados de las empresas que tengan contratos con el Gobierno. Explícitamente instruye al Departamento de Defensa que les diga a sus contratistas que pueden cobrarle al Gobierno “los costos que implique tener funcionarios sindicales, comités obrero-patronales, publicaciones de los empleados y otras actividades relacionadas”.

Como “comprador de bienes y servicios”, prosigue el informe, el Gobierno federal “tiene interés en que sus contratistas alcancen los primeros acuerdos de negociación colectiva para promover la estabilidad y minimizar la interrupción de los servicios y bienes adquiridos por el Gobierno federal”.

Al decir “promover la estabilidad” y “minimizar las interrupciones”, el grupo de trabajo se refiere a la utilización de los sindicatos para evitar las huelgas de los proveedores críticos del Gobierno. Biden ha puesto esto a prueba en los últimos meses, apoyándose en el United Steelworkers (USW) y otros sindicatos para evitar huelgas de los trabajadores de los astilleros de Mississippi y Virginia, propiedad del contratista de defensa Huntington Ingalls, que retrasarían la entrega de los buques necesarios para la campaña de guerra de la Administración contra Rusia y China.

Más allá de las empresas directamente contratadas por el Gobierno federal, el grupo de trabajo pide a la Junta Nacional de Relaciones Laborales que colabore con el Servicio Federal de Mediación y Conciliación para “asistir en el proceso de reconocimiento voluntario de los sindicatos por parte de los empleadores”. En este último caso, los sindicatos suelen firmar acuerdos a espaldas de sus posibles miembros a cambio de la “neutralidad” del empleador o del reconocimiento sin votación.

El informe no solo pide que se fomente la afiliación sindical. Propone la financiación directa del Gobierno para apuntalar estas organizaciones desacreditadas desde hace tiempo. El grupo de trabajo afirma que deben eliminarse las barreras que “impiden a los sindicatos competir y obtener subvenciones y contratos federales”. Estas subvenciones financiarían los programas de capacitación laboral controlados por los sindicatos y los organismos obrero-patronales, que han sido utilizados, sobre todo por el sindicato UAW, para canalizar miles de millones de dólares a los ejecutivos de los sindicatos.

Bajo el subtítulo “Garantizar que los sindicatos tengan un asiento en muchas mesas consultivas federales”, el informe insta a prácticamente todas las agencias federales a “incluir las voces de los sindicatos en sus debates consultivos formales y en las redes informales, en la divulgación y en otras interacciones”.

El documento de 43 páginas está repleto de propuestas en esta línea, que, dejando de lado el absurdo lenguaje sobre el “empoderamiento de los trabajadores”, tienen como objetivo una cosa: el fortalecimiento de una fuerza policial laboral, compuesta por ejecutivos de clase media-alta, para hacer cumplir los dictados de la clase gobernante.

Hace 82 años, León Trotsky, el gran marxista revolucionario y líder de la Cuarta Internacional, señaló (en un ensayo, “Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista”) que “hay una característica común en el desarrollo, o más correctamente en la degeneración, de las organizaciones sindicales modernas en todo el mundo: es su acercamiento y desarrollo cada vez más unido al poder del Estado”.

Escribiendo poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Trotsky explicó: “Los sindicatos democráticos en el viejo sentido de los términos–organismos en los que luchaban más o menos libremente diferentes tendencias en el marco de una misma organización de masas– ya no pueden existir”.

Trotsky escribió esto poco después del estallido de luchas semiinsurreccionales, que incluyeron huelgas con ocupaciones de fábricas y llevaron a la formación de los sindicatos industriales de masas en EE.UU. Sin embargo, su análisis de la tendencia al “desarrollo cada vez más unido” de los sindicatos, el Estado y las empresas fue extraordinariamente premonitorio. Este proceso continuó durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluso mediante la depuración de los trabajadores socialistas y militantes de los sindicatos antes y después de la fusión de la AFL y el CIO en 1955.

Comentando las transformaciones que han tenido lugar desde el análisis de Trotsky, el presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, David North, señaló que “el proceso de integración económica mundial y la producción transnacional privaron a los sindicatos de un marco nacional en el que pudieran ejercer presión para lograr reformas sociales limitadas. No quedaba espacio ni siquiera para el recurso más moderado a los métodos de la lucha de clases para conseguir unas ganancias mínimas. Los sindicatos, en lugar de extraer concesiones de las corporaciones, se transformaron en auxiliares del Estado y de las corporaciones que sirven para extraer concesiones de los trabajadores”.

Referirse a la AFL-CIO y a sus organizaciones afiliadas como “sindicatos” es un anacronismo histórico. Estas organizaciones desacreditadas y odiadas solo existen por la voluntad de los empresarios y del Estado.

Frente a una crisis económica y política intratable, una facción de la clase gobernante, liderada por Trump, ha respondido con la promoción de conspiraciones fascistizantes para anular la Constitución. Otra facción, liderada por Biden y los demócratas, busca fortalecer un tipo de estructura tripartita de Gobierno-empresa-sindicato de la cual fue pionera la Italia de Mussolini.

Organizada en torno a la defensa reaccionaria de los “intereses nacionales”, el objetivo es sofocar cualquier expresión independiente de la clase obrera de sus propios intereses de clase, al tiempo que se suprime la disidencia interna y se disciplina a los trabajadores en preparación para una guerra contra Rusia y China. A cambio, los ejecutivos de los sindicatos, ya generosamente pagados, recibirán acceso a cuotas sindicales y otras formas de ingresos directamente del Estado capitalista.

Sin embargo, sean cuales fueren los objetivos de la Casa Blanca, la lógica de la lucha de clases se está convirtiendo en una rebelión abierta de los trabajadores contra los sindicatos. Los contratos apoyados por los sindicatos son rechazados rutinariamente por el 90 por ciento o más de los trabajadores.

Los trabajadores de Volvo Trucks, John Deere y los educadores de todo el país han hecho suyo el llamamiento del World Socialist Web Site para la formación de comités de base independientes, que han encabezado la lucha contra la clase gobernante y su fuerza policial sindical. Biden, intensamente consciente de estos acontecimientos, visitó una planta de Volvo Mack Trucks el pasado mes de julio para promover al sindicato United Auto Workers (UAW), menos de dos semanas después de que Volvo y el UAW aprobaran un contrato favorable a la empresa ante la oposición masiva de los trabajadores de la planta de New River Valley en el sur de Virginia.

Durante la pandemia, los sindicatos han pasado de imponer la entrega de concesiones contra los trabajadores a imponer condiciones que han provocado la muerte de cientos de miles de trabajadores, incluyendo en los sectores de salud, educación, empaquetado de carne, logística y manufactura. El sindicato American Federation of Teachers ha encabezado la política de vuelta a las aulas, que ha acelerado la propagación de la mortal enfermedad, mientras que el UAW, el USW y otros sindicatos industriales han mantenido a los trabajadores en sus puestos de trabajo en fábricas igualmente peligrosas.

Frente a la revuelta de los trabajadores de la empresa BNSF, los sindicatos ferroviarios han hecho cumplir un requerimiento de un juez federal que despoja a los trabajadores del derecho a manifestarse contra una política de asistencia abusiva. Los trabajadores de las refinerías están ansiosos por hacer huelga contra las compañías petroleras, que están obteniendo beneficios récord, mientras que el USW trata desesperadamente de evitar un paro, que se convertiría rápidamente en un conflicto directo con la Administración de Biden.

Hay que intensificar y ampliar la lucha por el desarrollo de comités de base independientes en las fábricas y en todos los centros de trabajo, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) debe ampliarse a todos los sectores de la clase obrera.

Esto debe combinarse con la construcción de una dirección revolucionaria en la clase obrera. La lucha contra la pandemia, los estragos de la inflación y las exigencias de austeridad de los gobiernos capitalistas debe fusionarse con la lucha contra las guerras imperialistas y la dictadura y con la lucha por el socialismo mundial.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de febrero de 2022)