De abril de 2021 a abril de 2022

En Cali, Colombia, persisten fuerzas incendiarias de extrema derecha que sueñan con ver convertida la ciudad en campo de batalla, en una pesadilla para, según creen, extirpar de un tajo la justa protesta popular y los exitosos resultados de las opciones políticas alternativas.

Esas fuerzas, identificadas por juristas, investigadores sociales y analistas políticos como paramilitarismo urbano, actuaron entre el 28 de abril y finales de junio de 2021 con total impunidad en múltiples puntos de la urbe y en municipios del departamento del Valle del Cauca contra quienes participaban en el Paro Nacional.

Se paseaban de un lado al otro por la Avenida Cañasgordas, Ciudad Jardín, Meléndez, La Luna, Parque de los Artesanos, Portada al Mar, Paso del Comercio…

Iban amenazantes, blandían y disparaban armas. Les pusieron incluso el apodo de ‘camisas blancas’, porque muchos de ellos querían diferenciarse usando ese color en sus prendas, y por las lujosas camionetas 4 x 4 de color blanco en las que se desplazaban.

Algunos les decían “gente de bien”, como si el pueblo trabajador y la gente humilde no fuera también gente de bien.

En una sociedad segregacionista, con una clase dominante como la de Cali: rancia y nostálgica de los esclavistas españoles, discriminadora desde siempre, se generalizó la idea de que ser adinerado, blanco y con poder político era ser “gente de bien”. ¡Qué error!

Ese es un calificativo inmerecido para muchos que, por el contrario, han sido gente del mal, por su racismo, por su clasismo excluyente, por su aporofobia, por su odio a la justicia social, por su desprecio a una sociedad con equidad.

El 9 de mayo de 2021 los paras urbanos emboscaron a una minga indígena y causaron una decena de heridos a bala. En ello contaron con la complicidad de agentes de Policía, que los veían parapetados con armas en sus camionetas, y no hacían nada para evitarlo.

Luego, el 28 del mismo mes, dispararon contra estudiantes y una muchedumbre que marchaban pacíficamente desde el barrio Siloé por la Calle Quinta, en el sur, para participar en un concierto conmemorativo del primer mes del Paro Nacional en la Universidad del Valle.

Allí montaron su propio escenario de guerra, convirtieron los muros de los antejardines y edificios del exclusivo sector de Ciudad Jardín en trincheras para abrir fuego, con armas cortas y largas, contra los manifestantes. Se sentían ‘Rambos’ criollos protagonizando una película a la luz de miles.

De nuevo, todo lo hicieron con la más pasmosa complicidad de policías, que más parecían sus segundones o guardaespaldas, y hasta les recibían a los muchachos golpeados detenidos ilegalmente por los particulares, que asumieron funciones de persecución que nadie les había entregado en Cali.

En el sector de La Luna la comunidad en resistencia también fue víctima del paramilitarismo urbano, que “patrullaba” en sus portentosas camionetas, y en otros puntos de la ciudad esos mismos personajes aparecían y aterrorizaban.

Numerosas víctimas hablaron de civiles armados, pero también de policías de civil disparando. Durante los meses transcurridos desde abril y mayo de 2021 reinó la impunidad. Solo en las últimas semanas se inician procesos judiciales contra varios de esos civiles armados y de unos pocos policías sindicados, pero la audiencia de imputación de cargos fue aplazada hasta mayo del presente año.

“Armas en pie para las que sea”

El interrogante obvio que ronda ahora en toda Cali es, entonces, si la laxitud e impunidad con las que se ha tratado a los conspiradores paramilitares que atacaron armados al pueblo caleño en paro durante el año 2021 ha estimulado su reedición en 2022.

La pregunta surge como consecuencia de la grabación de una reunión de la campaña de Federico ‘Fico’ Gutiérrez realizada el miércoles 30 de marzo en el restaurante Rancho de Jonás, en el sur de Cali, según constatan informaciones textuales, de audio y videográficas que han circulado por las redes sociales y en medios de comunicación de manera profusa desde el domingo 3 de abril.

Se ve en la grabación a un individuo con acento extranjero micrófono en mano trazando orientaciones a los asistentes al encuentro, en cuya mesa principal él ocupaba espacio central, siendo reiteradamente aplaudido por los seguidores de ‘Fico’.

El personaje de marras decía que, “sea cual sea el resultado” de las elecciones del 29 de mayo, saldrían a “defender los puntos vitales”: los acueductos, la Base Aérea, la Tercera Brigada, la sede de la Policía Metropolitanas, “los sitios estratégicos de Cali”, como si en la ciudad no hubiera autoridad y él y los contertulios se convertirían en ella, es decir, de facto se anuncia que asumirían funciones públicas que nadie les ha entregado.

Luego informa, con arrogancia, sobre los dispositivos que poseen ya: “un batallón de drones que van a estar vigilando los diferentes puntos de acceso, para ver dónde se nos necesita más: que sea el Ancla, que sea la Portada, que sea el sur, todos los sitios estarán cubiertos”, es decir, los puntos de Cali donde reside la élite empresarial.

“Va a haber grupos móviles que van a llegar inmediatamente al grupo que lo necesite”, agrega el individuo, y remata diciendo: “Por favor, cuento con ustedes, porque ya son armas en pie para las que sea”. ¿“Armas en pie para las que sea”? ¿A qué se referirá el señor? (Al final del artículo, anexo el video).

Ante la gravedad de las denuncias, en un estilo muy uribista, Federico Gutiérrez trató de voltear la torta afirmando, con cinismo, que a lo mejor el personaje de la conspiración en Cali “había sido enviado por otra campaña”, como si él mismo no hubiera fanfarroneado con un trino en el que hace alarde la reunión denunciada.

Por eso, Alejandro Ocampo y José Alberto Tejada, representantes a la Cámara del Pacto Histórico electos por el Valle del Cauca, interpusieron el lunes siguiente, 4 de abril, luego de conocerse el video mencionado y grabaciones de audios en las que otras personas aupaban al sujeto, las denuncias respectivas ante la Fiscalía en Cali.

Al escuchar a lunáticos como el de la reunión de ‘Fico’ Gutiérrez en Cali, resulta inevitable volver a recordar los meses aciagos vividos por el pueblo caleño entre abril y junio de 2021, cuando aparecieron los grupos de civiles dotados de armas largas y de ostentosas camionetas recorriendo puntos neurálgicos de la ciudad para atacar, con la complicidad de no pocos agentes de la Policía, la movilización popular.

Historia trágica y guerra sucia

Colombia se aproxima a conmemorar, el 28 de abril, un año del inicio del gran Paro Nacional contra la Reforma Tributaria y en reclamo de derechos esenciales para la población, conculcados por el gobierno neoliberal de Iván Duque.

Se trató de la más portentosa protesta nacional contra un régimen político en el último medio siglo, incluso superior al combativo Paro Cívico Nacional de 1977 contra el llamado mandato caro de Alfonso López Michelsen.

Entre abril y junio de 2021, como en septiembre del 77, los gobiernos arremetieron contra el pueblo que reclamaba sus derechos. Pero en el 21 la violencia estatal fue de mayor magnitud y dejó más de 80 personas asesinadas por la represión policial y parapolicial, 48 de ellas en Cali y 18 en municipios del Valle del Cauca.

Está demostrado históricamente que Colombia tiene unas élites oligárquicas supra violentas, y que en la coyuntura actual éstas sienten cada vez con mayor fuerza que su reinado tambalea y que es inevitable el triunfo de una nueva opción, la del Pacto Histórico y la amplia convergencia alternativa que se abre paso en torno de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.

Esa perspectiva tiene enloquecida a la extrema derecha que desata una nueva guerra sucia combinando todas las formas de acción: propaganda mentirosa que no duda en incurrir en la más descaradas injurias y calumnias; intentos de desconocer los logros electorales del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara; chantajes grotescos a trabajadores y jefes de hogar en entidades públicas y privadas; ventajismo de los organismos institucionales con la contratación estatal y con las maniobras de la Federación Nacional de Municipios en favor de Federico Gutiérrez, y muchos ejemplos más.

Ahora, con la acuciosa y diaria instigación de sus medios más abyectos, tipo RCN y El Tiempo, agregan la fábula de la “financiación rusa” de las protestas de 2021, una narrativa fantasiosa con la que el gobierno instala una nueva matriz de manipulación para tratar de desacreditar la multitudinaria movilización ciudadana del año anterior y, paralelamente, sembrar la falsa idea de que “agentes extranjeros” intervienen en favor de las opciones de cambio político en Colombia.

Y, para completar, Duque espera trámite de urgencia en el Congreso de la República de un proyecto de ley con el que pretende cercenarle al nuevo presidente, que seguramente será Gustavo Petro, la posibilidad de acceder a la información de Estado en la transición de mando, lo cual es, en primer lugar, el reconocimiento de la inminente derrota de la derecha y del uribismo, y además, de que muy graves comportamientos esconde este gobierno de corrupción y despotismo.

Todo lo anterior, en medio de un dramático panorama de masacres y asesinatos de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y defensores de derechos humanos, lo mismo que de la reedición de los falsos positivos.

El caso más grave de esto último ocurrió con la masacre de once campesinos en zona rural del municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo, a manos del Ejército Nacional, que aún hoy siguen siendo presentados como “integrantes de disidencias de las Farc dados de baja”.

La misma historia de los 6.402 crímenes de Estado cometidos en el mandato de Álvaro Uribe, repetida en el gobierno de Duque y culmen de la política criminal de un régimen que decidió hacer trizas los Acuerdos de Paz.

Como me dijera el padre de uno de los muchachos asesinados en Cali en la ola de violencia desatada por el gobierno de Duque contra el Paro Nacional de 2021, los represores privados y oficiales se han montado en una película en la que han convertido al pueblo, y especialmente a los jóvenes, en sus enemigos.

“¡Pueblo, por vuestra victoria, a la carga!”

Esa visión paramilitar de la sociedad fue derrotada en Cali y el Valle del Cauca en las elecciones del pasado 13 de marzo, en donde el Pacto alcanzó una histórica votación.

Y será nuevamente derrotada el 29 de mayo por un pueblo que, como el de esta región, se ha convertido en pilar y epicentro de la resistencia antioligárquica de Colombia.

He ahí la razón del desespero de los afiebrados y fanáticos de la extrema derecha que llaman a la confrontación y a desconocer con la violencia el seguro triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las presidenciales de mayo.

Hoy, cuando se cumplen 74 años del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán a manos del régimen conservador, con la complicidad de la cúpula liberal de la época (1948), gran parte del país vuelve a hacer suya la consigna del caudillo:

“Pueblo, por la restauración moral, a la carga; pueblo, por la derrota de la oligarquía, a la carga; pueblo, por vuestra victoria, a la carga”, ahora con los votos en las urnas, por el cambio en 2022.