“Las fuentes de energía, electricidad, gas, minas, los grandes bancos, fueron nacionalizados. Ahora esto fue como el programa recomendaba: ‘…el retorno a la nación de los monopolizados medios de producción, frutos del trabajo común, fuentes de energía, riqueza de las minas, de compañías de seguros y de los grandes bancos; la institución de una verdadera democracia económica y social involucra la salida de los grandes feudos económicos y financieros de la dirección de la economía”.

Indignaos, Stephane Hessel, (sobre el programa salido del Consejo de la Resistencia.)

“Con los monstruos no se puede utilizar la educación”

Xosé Manuel Beiras

El 23 de junio se conocía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se condena a la Xunta de Galicia por vulnerar mis derechos fundamentales como diputado, recogidos en el artículo 23.2 de la Constitución española, por ocultar durante años información oficial sobre la fusión de las cajas de ahorro gallegas, y le exige al gobierno gallego que me entregue dicha documentación después de 7 años solicitándola.

Las cajas gallegas significaban el 40% del ahorro de todo el país con una implantación total en el territorio y una fidelidad a prueba de preferentes. Instrumentos financieros con carácter social nefastamente gestionados por unos directivos que fueron sus amos y señores durante décadas con la administración gallega, que tenía las competencias de vigilancia, como cómplice de la carrera especulativa a la que se sumaron, aunque en mayor medida Caixa Galicia.

El proceso de fusión impulsado por Feijoo, acabó con la venta a precio de saldo a un Banco venezolano, Banesco, con un patrimonio neto muy inferior a la entidad que compraba.

Se gastaron 9.400 millones de dinero público en sanear la entidad resultante de la fusión, y se vendió apresuradamente por 1.003 millones, a pagar en cómodos plazos y a lo que se sumaban varios beneficios como, por ejemplo, el pago de los efectos de la anulación de las cláusulas suelo. ¡Beneficios que hacen que existan estimaciones que dicen que el precio neto de compra fue en realidad de – 2.177 millones! Y todo esto, sin ninguna justificación a la ciudadanía gallega de convidada de piedra,

En el ejercicio posterior a la venta, el señor Escotet, el dueño venezolano, declaró un beneficio de 1.157. Es decir, en el primer ejercicio recuperó con creces lo que le costó el banco. Desde su compra acumula 3.000 millones de beneficios.

Por si fuera poco, la estafa a gran escala perpetrada que muestran los datos, Abanca, el nombre de la entidad, generó parte de esos beneficios deshaciéndose de la cartera de empresas que tenían las dos cajas con el centro de decisión en Galicia, produciendo un efecto directo en el empleo gallego.

Sólo un ejemplo. R, un operador de telefonía e internet con una red propia de fibra sufragada en gran parte con ayudas públicas de la Xunta de Galicia, fue vendida por Abanca por 203 millones a Euskaltel, lo que conduciría poco después a la deslocalización del trabajo de cientos de empleos.

Y así en muchos más casos que destruyen empleo con empresas que son víctimas de especuladores que se benefician del desmantelamiento del sistema financiero gallego con la complicidad al mando de Nuñez Feijoo.

Complicidad en las decisiones que acabaron por ser la mayor estafa económica a gallegas y gallegos en este siglo, al menos, y complicidad en la posterior ocultación pertinaz de la información clave que viene de exigir la justicia con esta sentencia.

A pesar de que, salvo honrosas excepciones, en Galicia hay un enorme manto de ocultación mediático, la verdad fue saliendo a la luz. Sabemos de la gran mentira de Nuñez Feijoo, que dijo que esa fusión se había hecho avalada por una auditoría independiente. Años después conocimos que ni era auditoría ni avalaba la fusión, y conocimos más tarde de las irregularidades en la contratación por valor de 1 millón de euros. Y sabremos más cuando se cumpla la reciente sentencia.

La condena llega tarde porque la estafa fue perpetrada, pero aún es tiempo para que la ciudadanía gallega conozca la verdad y se puedan depurar responsabilidades. La mayoría parlamentaria del PP tiene congelada la Comisión de Investigación sobre la fusión de las cajas gallegas desde el año 2013 sin permitir nuevas comparecencias, información ni emitir las conclusiones.

Fue un proceso lleno de mentiras, ocultación y negligencias que hipoteca nuestro futuro y que no debe quedar impune. Después del regalo, Abanca promueve un Universidad privada favorecida por la Xunta de Galicia y acaba de aplicar unas comisiones de mantenimiento abusivas a sus clientes mientras mantiene el idilio con el PP de Galicia.

Y es que con mentira, manipulación y corrupción nos han quitado un instrumento financiero fundamental, sistémico para Galicia, más que Bankia para el Estado español, que debería de estar apostando por nuestra economía productiva y lo que tenemos es un banco privado venezolano que utiliza Galicia como fuente de financiamiento para invertir y dar crédito fuera.

Es un hito más en la sistemática política de desmantelamiento económico del país por parte de Nuñez Feijoo y el PP. No tienen otro programa de gobierno que el saqueo de lo público y su entrega a los capitales especulativos.

El PP en Galicia es un Caballo de Troya del capital espoliador

Nuestra infraestructura viaria más importante, la AP9, fue privatizada por el gobierno de Aznar en el año 2004, después de ser saneada con dinero público, con Feijoo de Conselleiro de Política Territorial sin abrir la boca en contra de ese saqueo. Porque una vez más la privatización fue a precio de amigo.

Con una concesión hasta 2048, AUDASA, a partir de una infraestructura sin competencia posible, con el práctico monopolio de la comunicación viaria en la línea que une Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, factura anualmente unos 145 millones, obteniendo el 50% de beneficios antes de impuestos. ¿Hay alguien que conozca actividades productivas que generen año tras año y sin competencia posible, ese beneficio? É un caso más de corrupción legalizada.

Ante la amenaza de despido de más de 500 trabajadores de Alcoa, Feijoo está constantemente afirmando que es una empresa estratégica para Galicia.

Pero lo que ahora es Alcoa era hasta 1998 una empresa pública que fue privatizada por… sí, el PP, por 403 millones de euros, con descuentos de más de 300 y ayudas públicas en el precio de la energía en los últimos 20 años, estimadas en más de 2.000 millones de euros.

Una escandalosa privatización de una empresa que en la que los años anteriores se habían efectuado importantes inversiones en sus 13 centros de producción en el Estado español, fundamentalmente Galicia y Asturias.

Y a partir de ahí quien decide sobre el futuro de los trabajadores, en la factoría que según Feijoo es fundamental para el futuro de Galicia, es la multinacional que es la única que desde entonces recibe cuantiosísimas ayudas públicas, no cumple con ninguna contrapartida, no garantiza trabajo, invierte en factorías de Arabia o Islandia, chantajea a los gobiernos y en definitiva es la única que realmente puede tomar decisiones.

Nos dejarán una peligrosísima balsa de lodos peligrosos sin restaurar como una muestra más de la socialización de costes después de años de la privatización de beneficios.

Se queja de que ENDESA cierra la térmica de As Pontes, eso sí después es capaz hablar de la Galicia verde, pero ése es otro cantar. Pero una vez más quien privatizó ENDESA siendo una empresa pública rentable y sin competencia posible, fue el partido del señor Feijoo. Podemos hablar también de los negocios de Villar Mir, famoso donante del Partido Popular, que en Galicia tuvo siempre derecho de pernada.

Ferroatlántica es una empresa de ferroaleaciones que obtuvo una concesión para la explotación hidroeléctrica del río Xallas a cambio del mantenimiento del empleo en las factorías.

Las centrales son un impresionante negocio, lo que no impide que, a pesar de la condición de mantenimiento de empleo en la concesión, el empleo bajase de los 500 en 1992 a menos de 300 actualmente.

A cambio la Xunta, en vez de incoar expediente de caducidad de la concesión aprueba nuevas centrales hidroeléctricas disfrazadas de repotenciaciones, que darán más beneficios a la empresa sin garantías laborales.

El dinero público invertido en investigar la fabricación de silicio solar, a partir del producto fabricado en Ferroatlántica, para placas voltaicas desarrollado en su totalidad en Galicia, acabará con la implantación de esta actividad productiva en Puertollano.

En vez de cerrar el ciclo productivo con la actividad que genera más empleo, se cierra el círculo del espolio, deslocalizándola.

Como buen Caballo de Troya también le abrió más la puerta al negocio de la sanidad privada, que anunció en 2019, que en Galicia había alcanzado la mayor cuota de mercado de la historia.

En el campo de la atención a mayores, el PP de Feijoo no creó, en 11 años, ni una sola plaza de residencia pública de gestión directa a pesar de que Galicia está muy por debajo de la media estatal en plazas. Todo el incremento de estos años fue a parar a empresas privadas y amigas, como Domusvi, tristemente conocida en esta pandemia por ser protagonista de una escandalosa cifra de fallecidos, por su política criminal de recortes de medios y personal, con los que lograr grandes beneficios, y que es la principal beneficiada de los conciertos de la Xunta de Galicia.

Lo de la connivencia del gobierno Feijoo con estas empresas no es ya que lo digan las trabajadoras, los sindicatos o los familiares, sino que lo dijo el Consello de Contas de Galicia que, en un informe de 2017, manifestó que pese a haber incumplimientos en materia de ratios de personal y otras condiciones, la administración autonómica no abrió en el periodo fiscalizado por el organismo oficial ni un expediente sancionador.

En la minería también Feijoo juega a privatizar beneficios y socializar costes. Ya perdimos la cuenta de las actuaciones de restauración que se acometen con dinero público o no se acometen después de que esas empresas que abandonan la explotación sin restaurar.

O podríamos hablar de como ex-conselleiros lideran empresas del sector eólico que pasan por encima de los derechos de los habitantes del rural, del patrimonio natural, cultural o paisajístico para incrementar un negocio que ya factura más de 600 millones anuales, de los que son beneficiarios bancos, fondos buitre, constructoras o eléctricas, mientras para el pueblo quedan las molestias, los impactos y las migajas.

Con estos ejemplos, y muchos otros que se vienen repitiendo, vemos que el único programa del PP en Galicia es el sistemático saqueo económico de las bases de nuestro desarrollo.

En las elecciones hay dos alternativas

El 12 de julio hay elecciones en Galicia y hay dos alternativas: o la continuidad del robo institucionalizado como forma de gobierno o una alternativa de las fuerzas progresistas.

Nunca tan fácil estuvo el consenso. Sólo se necesita estar de acuerdo en devolver una mínima decencia y dignidad al gobierno, la defensa de lo público y de unos mínimos democráticos en la práctica diaria de la administración y de la relación con los medios de comunicación y con la recuperación del respeto a la ciudadanía. Lo importante es lograr el resultado que lo permita.

Para ello non hay peor cosa que dar carta de normalidad a lo que está pasando. La izquierda tiene que hablar claro. Ser muy contundente.

No es una situación normal. La corrupción sistémica ocupa el gobierno, una mafia que aspira a controlar todos los resortes para entregar el negocio al capital especulativo. Los que nos roban el futuro nos gobiernan. No se puede asumir con naturalidad esta situación, toca rebelarse y gritarlo bien alto. Los que roban, aunque vistan traje y usen el DOG o el BOE, en vez de pistolas o navajas, son ladrones.

Esa ciudadanía que sufre las consecuencias de los eólicos, del desmantelamiento económico industrial, de la precarización de la sanidad pública, de la privatización de las residencias de mayores, la ciudadanía estafada con las preferentes, con las cláusulas abusivas de bancos rescatados con dinero público, los que son desahuciados por lo que eran las cajas, y en definitiva, la ciudadanía agredida constantemente por aquellas instituciones que deberían de defenderla, necesita que se hable claro de lo que está pasando, sin asumir como normal esta situación.

Porque es la movilización de toda esa gente la única que puede acabar con 11 años de estas políticas y para votar necesitan ver reflejada en la instancia política la indignación y la rabia ante tanta infamia continuada.

Si en esta campaña ven eso, hay partido y mucho.