El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogía la mañana de este viernes 1 de octubre la rueda de prensa del Frente Polisario tras darse a conocer la decisión de la justicia europea sobre los acuerdos comerciales y pesqueros UE-Marruecos. En la mesa, el abogado francés Manuel Devers, el representante del Frente Polisario en Europa, Oubi Bachir y el Delegado en España Abdulah Arabi. Pesos pesados en la diplomacia saharaui que pese al cansancio, ayer mismo se encontraban en Bruselas celebrando el fallo y realizando una intensa jornada de trabajo, no escondían en sus caras la satisfacción por la victoria judicial.

La decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) da un espaldarazo a la causa saharaui, «un triunfo histórico» califican desde el Polisario. El letrado francés desgranó el proceso judicial y aseguró que la Comisión Europea era consciente de que los acuerdos que firmaba con Marruecos eran ilegales desde el inicio.

«Somos el único representante legítimo»

Devers recordó que ya existían tres sentencias dictadas en 2018 y 2019, lo que permitió a los tribunales europeos generalizar un criterio respecto a todos los acuerdos UE-Marruecos, excluyendo al territorio saharaui de las negociaciones entre el club comunitario y Rabat. Sin embargo, la Comisión Europea vulneró su propio derecho y negoció dos nuevos acuerdos con el Reino de Marruecos -un acuerdo agrícola y un acuerdo pesquero- que incluían explícitamente la zona bajo ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Justificando la inclusión mediante una supuesta «consulta» con el ocupante marroquí y los colonos. Al hilo de lo anterior y como reacción, el Frente Polisario interpuso en 2019 dos recursos de nulidad contra las decisiones del Consejo de la UE de aprobar estos acuerdos ilegales.

Al frente de la diplomacia saharaui en el viejo continente se encuentra Oubi Bachir, quien maneja con maestría los limitados recursos saharauis y ha conseguido crear un dolor de cabeza a Marruecos en la UE. La sentencia es la consecución de una estrategia mucho más amplia y trabajada desde hace años, el Polisario combina con inteligencia la judicialización y la presión política.

Así las cosas, es habitual ver como en el Europarlamento reaparece una y otra vez la causa saharaui de mano de representantes de distintos países y grupos políticos; los saharauis miman la «pluralidad» ideológica en la defensa de su causa, conscientes de que su lucha por la independencia va más allá del espectro «izquierda-derecha» y lo ubican insistentemente como una cuestión de Derecho Internacional. Es así como el Polisario se ha consolidado como un actor reconocido y fiable dentro las entrañas de Bruselas, donde contrapesa la intensa labor de lobby que Marruecos ejerce de mano de grandes empresas con el apoyo inestimable de algunas élites políticas, especialmente francesas.

En todo caso, el fallo ratifica dos extremos fundamentales para los saharauis: en primer lugar, el TGUE se pronuncia explícitamente definiendo al Frente Polisario como parte interesada e interlocutor; y en segundo lugar, deja claro el carácter ilegal del acuerdo y la necesidad de negociar con una contraparte saharaui para poder explotar dicho recursos. En este contexto el Polisario, en un alarde de propositividad, ha tomado la iniciativa al ofrecer a la UE un nuevo acuerdo que permita continuar la explotación pesquera de sus aguas.

«Nos importan mucho los intereses de los pescadores españoles. Estamos dispuestos a ayudar, pero dentro de los marcos establecidos en esta última sentencia. Si la Unión Europea quiere seguir haciendo negocios en el Sáhara Occidental ya saben a quién se tienen que dirigir, al Frente Polisario, que es el único representante jurídico capaz de dar consentimiento sobre los recursos del Sáhara» dijo con rotundidad Bachir durante la rueda de prensa.

El Polisario deja así la puerta abierta para establecer una alianza estratégica con el sector pesquero español, ante quien se presenta como una parte afectada más y propone un nuevo marco «beneficioso para todos». Una estrategia similar la vimos en el ámbito agrario, cuando los saharauis tejieron lazos con la organizaciones del campos español en la denuncia del acuerdo agrícola UE-Marruecos. Ambos señalan la explotación de la tierra saharaui en la producción ilegal de frutas y hortalizas, cuyo precio y condiciones de siembra y recolección -con escaso seguimiento sanitario y penosas condiciones laborales- «destrozan» el mercado al venderse mucho más baratas en Europa.