He recibido de mi amigo Manuel Cámara, quien fuera secretario general de CC.OO. hasta 1996 y también senador unos años después, este vídeo sobre la represión franquista contra trabajadores en Sardina del Norte, Gran Canaria, en septiembre de 1968, con dos heridos graves por disparos de la Guardia Civil y condenas de hasta once años de cárcel a trabajadores que violaron las leyes de la época, también aplicadas por jueces que habían estudiado Derecho.

Entonces, mitad alegre y mitad nada, le he dicho a Manolo lo que él también sabe: con la nueva Ley de Memoria Democrática de la que el Gobierno tanto presume, aquella sentencia injusta será anulada, aunque medio siglo después y cuando ya no sirva para reparar la injusticia. En cambio, y aunque solo lo sería simbólicamente, no serán reprendidos ni los mandos policiales que dispararon a personas desarmadas a las que podrían haber matado, ni los jueces que sabían que condenaban a inocentes.

Es tal el número de delitos cometidos por franquistas de los que esta ley no recordará ni a las víctimas porque fueron cometidos aprovechando que Juan Carlos I había sido proclamado rey de España, que son mayoría las fechas que cada año los recuerdan.Fácil es, pues, que se produzcan casualidades. Fer, quien fuera director de “El Papus, revista satírica y neurasténica”, ha venido a fallecer cinco días antes del 43 aniversario del atentado que los terroristas franquistas, y sin duda monárquicos, cometieron en la sede barcelonesa de la empresa editora, y que costó la vida al conserje Juan Peñalver. Sucedió en septiembre de 1977, ya celebradas las elecciones del 15 de junio. Y los juicios correspondientes a ese crimen se celebraron tras ser aprobada la Constitución. Pero nada mejor que un artículo de La Vanguardia” de 19/09/2017, firmado por Teresa Amiguet, para recordarlo

“A día de hoy, todavía nadie ha sido condenado por el sangriento atentado. El proceso judicial duró seis años. La justicia ni siquiera consideró el ataque como un acto terrorista y tanto la muerte del conserje como las heridas graves con resultado de invalidez total de la secretaria fueron tramitados como accidentes laborales. Ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pasando por el Tribunal Supremo y el Constitucional, quisieron dictar una sentencia, por temor a que se desestabilizara la recién llegada democracia. La editorial no recibió indemnización alguna…”.

No solo se salvarán los asesinos franquistas de esta Ley a convenir que protagoniza Carmen Calvo. Se salvarán también los policías, los fiscales y los jueces que cerraron ojos, oídos y todo lo que hubiera que cerrar para conseguir que los asesinos se quedaran sin el merecido castigo, pues no solo habían confesado ante la policía, sino que tuvieron hasta la desfachatez de presentarse en las oficinas de La Vanguardia para vender la información del atentado por un millón de pesetas, según nos contaba hace unos días Carles Porta, el director de la serie “Crims”, que se emite en un mundo en el que no tienen miedo a hablar de los primeros años del nuevo “rey” de los Emiratos.

Como Carmen Calvo ya exagera lo que le interesa tanto como desprecia lo que le molesta, que qué mal quedó lo de las “alharacas”, no toca hablar aquí de las virtudes que sin duda tiene el anteproyecto de ley anunciado por el gobierno, pues ya vendrán las amenazas de los muchos más de 52 franquistas que amenazan cada vez que hablan en el Congreso para destacarlas y así justificar las cobardías de los muchos felipistas por partida doble que quedan en el PSOE (del González y del VI, no hacía falta aclararlo) para rebajar las limitadas pretensiones de justicia planteadas por el Gobierno.

¿Por qué no comienzan por un anteproyecto con restitución de los bienes apropiados a lo bestia por los franquistas de entonces, para que los de ahora le vean las orejas al lobo de una vez, señoras y señores del Gobierno?

Volviendo a mi amigo Manolo, también he aprovechado para decirle que, dentro de otro medio siglo, y si antes la naturaleza tampoco fuera capaz de destruirla, quienes gobiernen ese futuro descubrirán, de repente, que en un valle de la Sierra de Madrid hay una cruz que recuerda a la Iglesia Católica bendiciendo los asesinatos cometidos durante la dictadura, aunque los ministros que están proponiendo ahora esta ley pretendan que comulguemos con las ruedas de molino de la resignificación de símbolos de golpistas aliados con nazis que ganaron una guerra para después envenenar generaciones enteras.

Aunque solo fuera por respeto a los millones de católicos que jamás habrían sido asesinos franquistas, y por mucho que los obispos sigan apostando a lo que aún hoy pueda rentarles esa cruz, Pedro Sánchez debe destruirla porque, además, no hay ninguna ley que se lo impida, y lo sabe. De lo contrario, él y sus ministros serán los responsables de que el veneno siga surtiendo su efecto y un día aún más lejano, y muy extraño, quienes ocupen el gobierno tengan que rearmarse de cinismo para justificar la aberración de que, durante tantas décadas, se consintiera una cruz que tanto ensuciaba un paisaje tan bello.

Me ronda una pregunta dirigida al gobierno que, sin duda, mi amigo también formularía.

¿Tienen ustedes previsto derogar los artículos de aquella Ley de Amnistía de 1977 que, vigilada también de cerca por el rey huido, consiguió excluir de la acción de la justicia democrática a los criminales que defendieron la dictadura franquista incluso asesinando inocentes?

Y ya que, como tantas veces, dan ustedes la callada por respuesta, insisto.

¿O no es más cierto que, con la Ley de Memoria Democrática, lo que ustedes también buscan es volver a trampear para que pase de largo esa Justicia Universal que cada día enfrenta un poco más a España, no ya contra un pasado franquista condenado de palabra, sino contra un presente de cobardías que son el caldo de cultivo donde resucita y resucita?