Con el juicio y la condena a cadena perpetua por la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, por sus estrechos vínculos con el narcotráfico a Antonio (“Tony”) Hernández, ex diputado del Partido Nacional de Honduras e incomodo hermano de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente de país centroamericano (2014-2022),  puso de manifiesto las ligas del narcotráfico con el poder político. Desarrollo de una actividad criminal que tiene varias décadas de existencia en el escenario político, económico y social de Honduras. Pero que sin duda en los inicios de la tercera década del siglo XXI se pone de relieve las dimensiones de una de las actividades sumergidas que desde hace años deteriora la imagen y el desarrollo de una destacada parte de los actores políticos latinoamericanos de corte neoliberal.

En este contexto se puede reconocer que el sistema judicial estadounidenses en los últimos tiempos ha presumido de poner en el banquillo de los acusados a figuras prominentes del narcotráfico pero también ha diversos actores del sistema político regional. Sin embargo, llama también la atención que los grandes barones de la droga estadounidenses no  han sido llevados a juicio y menos condenados a prisión como sus pares latinoamericanos.

Personajes del crimen organizado transnacional, en efecto están en juicios o han sido condenados como han sido los casos de Joaquín Guzmán Loera  (el “Chapo” Guzmán) jefe del cartel de Sinaloa; o de Genaro García Luna quien fue designado para  comandar la policía de México como Secretario de Seguridad Pública por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) del Partido Acción Nacional (PAN). De igual manera recordemos el caso de José Antonio Noriega, Jefe de la Guardia Nacional de Panamá quien con sus vínculos con los carteles colombianos, los EU lo llevaron a prisión y condenaron después de que invadieron Panamá las tropas estadounidenses en diciembre de 1989.

Otros casos relativamente recientes fueron los de los ex gobernadores del PRI en el estado de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Rubalcaba (1999-2004)  en prisión en el sur de Texas quien en marzo de 2021, reconoció sus estrechos intereses y negocios con los carteles de la droga, quien según el Departamento de Justicia de EU, aceptó ese aspirante a la presidencia mexicana en 2005, haber blanqueado 3.5 millones de dólares del crimen organizado (https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/former-mexican-governor-and-presidential-candidate-convicted-money-laundering).  También figura el caso del ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández Flores (2005-2010), que la misma Corte Federal del Distrito Federal del Sur de Texas ha solicitado su extradición por lavado de dinero y quien se encuentra en una prisión mexicana por esos y otros delitos. El más reciente caso es el del actual gobernador de Tamaulipas y destacado miembro del PAN,  Francisco Cabeza de Vaca, acusado  “por operar con recursos de origen ilícito, vinculados al Cártel de Sinaloa” (https://aristeguinoticias.com/2603/mexico/cabeza-de-vaca-niega-vinculos-con-cartel-de-sinaloa/).

En el caso de la historia del narcotráfico en Honduras, nos viene a la memoria otro famoso empresario de las drogas ilícitas, Ramón Matta Ballesteros, quien de igual forma fue extraditado a los EU en 1988. Famoso personaje del crimen organizado de quien se afirma acumuló una riqueza estimada  en más de 2 mil millones de dólares. Se ha comentado que ese emblemático capo de las drogas, mantuvo en la década del setenta, una estrecha relación “con el jefe de las fuerzas armadas, el general Paz García. Este último se convirtió en jefe de Estado tras el llamado ‘golpe de cocaína’ en 1978, que Matta Ballesteros supuestamente ayudó a financiar” (https://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-crimen-organizado-honduras-juan-ramon-matta-ballesteros/). Así, Matta Ballesteros junto con otros jefes del narcotráfico mexicano como Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”), Rafael Caro Quintero (prófugo de las cortes mexicanas y ahora capo del narcotráfico en el estado mexicano de Sonora) y Miguel Ángel Félix Gallardo (gran jefe del  extinto Cartel de Guadalajara y del Consejo de Administración del desaparecido Barco Comercial Mexicano), fue acusado como uno de los autores intelectuales del secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar agente de la DEA en México.  Una  detención de Matta Ballesteros se realizó en 1986 en Colombia pero por sus nexos con el Cartel de Medellín, logró escapar de prisión y volver a Tegucigalpa, donde en 1988 agentes de la DEA volvieron a apresarlo. Su encarcelamiento se desarrolló en un momento en que Honduras se había convertido en una gran base de operaciones  estadounidense para derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua e impedir el triunfo revolucionario de la guerrilla salvadoreña.  Territorio en que operaba la línea aérea SETCO para llevar armas a los antisandinistas y regresar cargada de cocaína a los EU. Empresa ligada a las operaciones encubiertas de la  CIA, pero también a Matta Ballesteros. Cuando esta situación se puso al descubierto  (caso Irán-Gate), junto con la participación del coronel estadounidense Oliver North (hoy presidente de la Asociación Nacional del Rifle), fue cuando Matta Ballesteros fue extraditado en abril de 1988 por medio de una operación por la DEA a EU. Esta situación alentó una serie de protestas en abril de aquel año en Tegucigalpa por la extradición del “Robin Hood hondureño”. Disturbios que llevaron a la muerte a 5 personas y al incendio del  anexo consular de la Embajada de Washington en la capital hondureña. Hito en aquellos momentos de las protestas frente a las embajadas de EU en América Latina y el Caribe. Llamo la atención que en aquellos violentos reclamos, estuvieron presentes destacados dirigentes del Partido Nacional de Honduras. Matta Ballesteros, afirma Insightcrimen: “Solía organizar fiestas con altos funcionarios en su casa, y tenía conexiones con oficiales militares. En sus negocios legales empleaba miles de lugareños, quienes lo honraban porque proveía medicinas, construía escuelas y hacía donaciones a causas benéficas. Se dice que una vez le ofreció al gobierno pagar la creciente deuda externa, ofrecimiento que al parecer por lo menos un político lo tomó en serio”.

La situación en 2021 es que con el caso del Clan Hernández y sus estrechos círculos con los políticos del Partido Nacional de Honduras, han creado un escenario donde el narcopoder, ha ganado un descrédito internacional. Perdieron sus correas de transmisión con la Casa Blanca cuando Donald Trump tuvo que abandonarla muy a su pesar. Quedaron sumamente débiles internacionalmente y desacreditados nacionalmente por la reelección de JOH al realizar el fraude electoral (noviembre 2017), así como al reelegirse anticonstitucionalmente cuando la carta magna lo prohíbe. Otro lastre de JOH entre los muchos que le pesan, es el femicidio de Bertha Cáceres, dirigente indígena de las comunidades lencas y la luchadora  ambientalista, quien fue asesinada en 2016.

Se postula que la llegada del Clan Hernández nos mostraría en la lectura de Insightcrimen, que el “gobierno de Hernández es, en esencia, un híbrido de élites terratenientes y burocráticas tradicionales. Los antecedentes del propio presidente ilustran esta mezcla. Nacido en una familia de 17 hijos, Hernández estudió en una escuela militar. Su familia era de pequeños caficultores y al parecer él progresó gracias a sus conexiones políticas y su matrimonio a Ana García Carías, una descendente del General Tiburcio Carías Andino, el mismo que puso en marcha los cambios que resultaron ser claves en la transformación a los militares a una élite burocrática. Estas conexiones han resultado en negocios lucrativos. Se dice que es dueño de fincas cafeteras, entre otras explotaciones agrícolas, así como de hoteles y estaciones de radio y televisión.  Hernández es además un hombre poderoso en el Partido Nacional. Ha obtenido apoyo para importantes personalidades del partido, como Porfirio Lobo y su hermano, Ramón, de quienes también ha recibido apoyo, y supuestamente dirige el partido. Ha sido vinculado a un misterioso grupo de presión llamado Colibrí, que al parecer ha diseñado lucrativos contratos y esquemas de comisiones para sus miembros y simpatizantes”. De esa manera con la sentencia a cadena perpetua de “Tony” Hernández y las evidencias de la corte  federal del Distrito Sur de Nueva York, contra JOH, hacen pensar que el narcopoder de los gobernantes y dirigentes del Partido Nacional de Honduras, tienen los días  contados.