Este año, las convocatorias del 8 de marzo están marcadas por la situación de emergencia sanitaria y el foco de las reivindicaciones se sitúa en la crisis social y económica provocada por la pandemia, que ha afectado de forma específica a las mujeres. Recogemos gran parte de las convocatorias en los Países Catalanes en un mapa interactivo que iremos actualizando en los próximos días.

Concentraciones descentralizadas, paseos al aire libre, bicicletadas, mesas informativas, acciones… Es prácticamente imposible contabilizar el número de actos y movilizaciones organizados este año en todo el territorio. El movimiento feminista de los Países Catalanes no renuncia a las calles este 8 de marzo, aunque ha tenido que adaptar las convocatorias a la situación de emergencia sanitaria. Este año, el foco de las reivindicaciones se sitúa en la crisis social y económica provocada por la pandemia, que ha afectado de forma específica a las mujeres. En el ámbito de la salud, datos del Instituto Catalán de las Mujeres muestran que han sufrido y sufren un riesgo mayor de enfermedad, que se relaciona con una segunda dimensión: el trabajo.

En este sentido, muchas mujeres han trabajado en primera línea de la Covid-19. Trabajadoras de residencias de ancianos, sanitarias, cajeras y reponedores, personal de limpieza o las trabajadoras del hogar y los cuidados -actividades catalogadas como esenciales y asumidas mayoritariamente por mujeres- han tenido que enfrentarse a los principales focos de contagio. Por ello, los mensajes lanzados por el movimiento feminista coinciden en reivindicar el hecho de poner en el centro los cuidados y que el feminismo también es «esencial». En rueda de prensa, la portavoz de la comisión laboral de la huelga feminista, Rosa Aldave, remarcó que el 54% de las personas que han perdido su empleo son mujeres y que las que lo han conservado «debemos conjugar una jornada de teletrabajo con los cuidados o no nos podemos quedar en casa porque somos servicios esenciales». Desde la Asamblea Feminista de Valencia, mediante una nota de prensa, hacen hincapié en las trabajadoras migradas, «que han visto como quedaban fuera de las principales ayudas y se encontraban en situaciones de completa indefensión».

El contexto de pandemia también ha supuesto que no todos los territorios decidan adherirse a la convocatoria de huelga laboral. El pasado 22 de febrero, el sindicato CGT y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) comunicaron el preaviso de huelga general, sumando así cuatro años consecutivos de paro. El resto de sindicatos se han sumado, a excepción de los mayoritarios que sólo han apostado para espaciar los actos, presenciales y virtuales, en los días previos. En el País Valenciano -salvo las comarcas de Alicante, donde también habrá un paro de 24 horas- y las Islas, sindicatos, colectivos y plataformas feministas han rechazado la llamada a la huelga y el tejido social y vecinal ha vuelto a ser clave para poder organizar una gran diversidad de acciones descentralizadas. A través de un comunicado, la Asamblea Feminista de Castellón ha dejado claro que, a pesar de la emergencia sanitaria, no quiere «dejar de tomar las calles», porque «la historia nos muestra que es la forma más efectiva, junto con la organización, que la lucha trascienda verdaderamente «.

El 8 de marzo de este año no sólo está marcado por la pandemia. Los casos de denuncias de acoso y discriminación en diversos ámbitos ha sido un goteo los últimos meses. Los últimos: las denuncias de acoso sexual, maltrato y abuso de poder contra profesores del Instituto del Teatro de Barcelona y las del alumnado de la Universidad Jaume I de Castellón también contra varios profesores. Antes de que acabara el año, un grupo de alumnos y ex alumnos del Instituto de Castellar señalaron por Instagram un docente y en una semana se sumaron otras denuncias: contra un profesor de educación física de Castellar del Vallès, contra el ex director de la escuela industrial de Sabadell, contra un profesor de batería de Girona, un masajista de Canet de Mar o varios docentes del instituto de Moià o del centro Pau Vila de Sabadell.

Mordazas contra el movimiento

El incremento de la represión contra el movimiento también ha sido motivo de respuesta feminista en los Países Catalanes, donde diversos colectivos y plataformas se enfrentan a elevadas multas económicas y penas de prisión, amparadas en la ley 4/2015, de seguridad ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza; y en su mayoría interpuestas durante las fiestas de 2018 y 2019. Por ejemplo, la Asamblea Feminista de Valencia acumula ya 24 multas, que ascienden hasta los 11.000 euros; las sanciones contra las feministas del barrio de Horta de Barcelona se elevan a 20.000 euros, o los 26.000 euros de las feministas de Sant Cugat (Barcelona), que también enfrentan hasta cinco años de prisión.

El último capítulo sucedió recientemente cuando el delegado del Gobierno en Madrid confirmó la prohibición de 104 manifestaciones el 7 y el 8 de marzo. Desde la coordinación de la huelga feminista en Cataluña se han solidarizado con las organizadoras de Madrid y una de las portavoces de la huelga, Silvia Alberich, subrayó que «somos muy conscientes del contexto y situación que vivimos y precisamente por eso creemos que es importantísimo que el movimiento feminista esté en la calle y demuestre su fuerza».

El año pasado, los partidos de derechas y extrema derecha ya insistieron en vincular la celebración de las manifestaciones con la expansión de los contagios por coronavirus. En la organización de este 8 de marzo, el movimiento feminista no sólo ha tenido que batallar contra este discurso criminalizador, sino que también está viviendo un debate interno sobre el derecho a la autodeterminación de género de las personas trans, recogido en el borrador de la ley trans de igualdad española, aunque la mayoría de asambleas han aparcado las discrepancias para conseguir una jornada unitaria.