Ya se ha escrito mucho respecto al principio de validez. Habermas, en especial, destaca que éste es la suma de los principios de legalidad y legitimidad. No uno u otro, ambos y en este caso ambos están ausentes, de donde resulta inválida la consulta oficial.

Cuando hablo de estrategia me refiero a la que evidentemente está en curso para defender la seudoconsulta a través de voces que interpelan a quienes hemos denunciado la invalidez de la misma. Mientras, el proyecto avanza y la gran mayoría de las comunidades que resultarán afectadas desconocen su impacto ambiental y cultural, y en lo inmediato, en el incremento del mercado de tierras para los polos de desarrollo que se proyectan a partir de las estaciones del llamado Tren Maya.

No es sólo con indispensables debates mediáticos como se resolverá este diferendo, ni a través de ellos las comunidades que no fueron consultadas tendrán condiciones para aceptar o rechazar el referido megaproyecto. El daño ya está hecho; la simulación de consulta ha sido consumada. Habrá que ver la postura resolutiva del juzgado primero de distrito con sede en Campeche (12/2020) el próximo 3 de marzo, respecto del amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con suspensión provisional. Al que seguramente le seguirán otros, impugnando justamente la validez de un proyecto que no se decidió con y desde los pueblos indígenas. Por lo pronto, de parte oficial la respuesta ha sido la descalificación y amenazas a los promotores del amparo, a través de quienes están alineados con el proyecto. Tarea que se asemeja mucho a la llamada ingeniería de conflictos, que consiste en el método clásico para mantener el control de un grupo, aumentar la visibilidad de sus diferencias internas, resaltar sus contradicciones, a fin de amplificar sus divisiones latentes y paralizar su organización. El desafío no es menor y las consecuencias de esa promoción serán responsabilidad estatal.

Sin embargo, lo determinante será la resistencia de las comunidades indígenas que han sido desplazadas en la llamada consulta y suplantadas por autoridades ejidales y municipales en las cinco entidades por las que cruzará el llamado Tren Maya, que como se ha insistido es más que un tren y aun cuando fue enunciado como plan de reordenamiento territorial ya se ha optado por no mencionar esta dimensión. El referido funcionario llamó a los opositores a no caer en el negacionismo simple y no ser inmaduros. Un día después, en un comunicado (016/20), se anunció la continuidad del esquema de tomar decisiones sin consulta: “La Semarnat está organizando la formación de comités en los 84 municipios involucrados en los proyectos, en los que se van a generar ordenamientos ecológicos participativos para desencadenar procesos de diálogo permanente con el propósito de no repetir ‘el modelo Cancún’, que es presa de enormes corporaciones turísticas”.

¿Van a formar comités sin que las comunidades indígenas den su voz? ¿Seguirán con la interlocución ejidal y municipal? ¿Cómo harán para explicar que esos comités son un mecanismo supuestamente paliativo de un daño de origen sobre una decisión viciada en torno a un proyecto que no ha sido analizado en la integralidad de sus impactos y que ante todo nunca fue consultado previamente?

De Semarnat se esperaba firmeza frente a la ausencia de estudios de impacto ambiental, ante lo cual no es suficiente con señalar que no se tumbará ningún árbol, pues el daño ya se hizo cuando se construyeron las antiguas vías del ferrocarril. Es evidente que todo el gobierno federal se ha sumado con Fonatur a la defensa del llamado Tren Maya. Mientras tanto, organizaciones, como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch ‘Xíinbal, pese a las amenazas contra Pedro Uc Be, continúan su labor con las comunidades opositoras a éste y a otros megaproyectos devastadores de su territorio.

Samir Vive es una siembra, esperen la cosecha.