Puerto Rico está viviendo una situación de emergencia por los crímenes de odio que atentan contra las mujeres boricuas

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo que en Europa se decretan situaciones de emergencia por motivos sanitarios, al otro lado del charco las causas son muy diferentes. Puerto Rico declaró el pasado 25 de enero la Orden Ejecutiva 2021-13, el aumento de casos de violencia de género ha llevado al gobernador Pedro Pierluisi a declarar un estado de emergencia. Por parte del gobierno esto supone dar máxima prioridad a la prevención, así como establecer políticas públicas para hacer frente a esta lacra. En la isla el feminicidio no está tipificado como delito y la ley actual deja en situación de vulnerabilidad a las mujeres que sufren violencia fuera del hogar.

Puerto Rico lleva años viviendo una situación de deuda pública abismal, lo que provocó que la Junta de Control Fiscal, entidad federal nombrada por el presidente de Estados Unidos, recortase en asistencia social y atención a mujeres víctimas de violencia machista. El endeudamiento ha rebasado la economía de la isla, pero esto no afecta a todos por igual. Es necesario tratar la deuda con perspectiva de género. Los recortes y su pobreza tienen rostro de mujer mientras que las leyes del país tienen rostro de hombre blanco. Todas las políticas nacen de grupos privilegiados que han ido suprimiendo servicios y ayudas esenciales.

 

 

 

 

 

La relación política con Estados Unidos, que ejerce un poder colonial sobre Puerto Rico, afecta en la creación de políticas contra la violencia machista. El margen de actuación es muy limitado si no puedes votar a tu presidente. La declaración de Ginebra sitúa al archipiélago, junto con México, a la cabeza por cantidad de feminicidios en los últimos años. En el año 2020 las asociaciones feministas contabilizaron, por su cuenta, 67 asesinatos, lo que con una población de poco más de 3 millones de habitantes supone una matanza sin precedentes. Las discrepancias entre los datos oficiales y los facilitados por colectivos feministas son recurrentes. Entre septiembre y octubre de ese mismo año fueron asesinadas 17 mujeres, hecho que desató la alarma social.

Según el Observatorio de Equidad de Género, en lo que llevamos de año se han registrado 6 desapariciones y 6 feminicidios. Las puertorriqueñas, junto con organismos internacionales, llevan años denunciando la creciente y sistemática violencia contra mujeres, las desapariciones y los problemas de atención a las víctimas. Al grito de “¡Vivas nos queremos!” asociaciones y colectivos feministas se plantan frente a La Fortaleza, residencia del gobernador, en reclamo de políticas, ayudas y programas de prevención contra el machismo.

 

 

 

 

 

La petición de la orden nace en un contexto de post desastre tras el paso del huracán María. En septiembre de 2017 Puerto Rico queda devastado tras varios días de diluvios y vientos que superan los 270 km/h. Más de 4.600 personas pierden la vida aunque el gobierno estadounidense se empeña en una ridícula cifra: 64 víctimas.

El resto de la población quedó sin luz ni agua durante más de diez meses. El desastre natural trajo consigo el colapso de los sistemas de protección social, dejando al descubierto un programa que no funciona. Esta situación derivó en un aumento de la violencia a lo largo del año 2018 y se complica aún más con la llegada de la pandemia.

Las activistas hacen hincapié en la necesidad de una respuesta coordinada entre gobierno, Oficina de la Procuradora de la Mujer y los departamentos de Justicia, Familia y Educación. Como respuesta se crea el Comité PARE (Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación). El objetivo principal es erradicar la vulnerabilidad aumentada de las mujeres puertorriqueñas.

Ellas tienen voz

Yadiana Rodriguez tiene 20 años y estudia un Bachillerato en Criminología. Reside en la costa sur de la isla, en la ciudad de Ponce. Me explica que, a pesar de su temprana edad, ha pasado por varias situaciones de acoso, “mayormente por personas adultas y de avanzada edad”. Para Yadiana ser mujer en Puerto Rico es complicado, la ignorancia y la falta de educación en materia de igualdad cimentan el machismo atávico de su tierra. Me habla de un tipo de acoso completamente normalizado.

Una tarde de 2019 Yadiana salió a compartir con unos amigos, “estábamos en un local y nos pusimos a jugar al dominó”. De pronto dos hombres mayores se le acercan y le ofrecen un trago, a lo que ella se negó por motivos obvios de protección. En Puerto Rico aceptar una copa de un desconocido no es una opción. Tras un buen rato increpándola y aguantando miradas que la intimidaban, uno de ellos la siguió hasta la barra. “Tenía 30 años, se me acercó y me dijo que era doctor, que tenía su oficina y podíamos estar allá los dos solos”. En ese momento ella era menor de edad y el pánico hizo el silencio. “Es difícil ver todo lo que está pasando, tener 20 años y ver la mente enferma de las personas, los hombres que no te respetan, es traumatizante. ¿Traería hijos a un mundo enfermo? Las mujeres aún así no nos ayudamos entre nosotras”. Eterna falta de sororidad.

Yadira Rivera es enferma, tiene 49 años y es madre de dos hijos. Me habla de cambios. “Nos sentimos más independientes, sabemos que nos podemos valer por nosotras mismas”, ella cree que la mujer en Puerto Rico da pasos de gigante. Según Yadira han ido despertando y ahora son capaces de identificar conductas con las que romper. Los últimos feminicidios lo demuestran, “han sido mujeres que han terminado relaciones abusivas” y hombres con sentimiento de propiedad. Pausa alargada. “El maltratador cambia de estrategia, mas no cambia su actitud”, ella sabe bien de lo que habla.

El padre de sus hijos la sometió a un maltrato psicológico durante años. “Siempre fue una relación muy inestable porque él no podía estar con una sola mujer, teniendo a nuestro primer hijo tuvo otro con otra persona”, Yadira fue regalando oportunidades hasta que llegó su segundo embarazo. “Me dijo que no me quería, fue un golpe muy fuerte, estaba embarazada. Pero eso me dio la fuerza de salir hacia adelante y decir: no voy a parar, los voy a sacar adelante sola porque vengo de una madre que también me sacó sola”. Su padre las abandonó, se fue con otra mujer. Entre medias bebía y consumía drogas, lo que provocó que falleciese de VIH hace casi 30 años.

Respecto al sistema de protección a las víctimas cree que es cuestión de falta de empatía y prejuicios. “¿Qué sucede? Vas al tribunal porque un hombre incumple la ley 54, te golpea física o emocionalmente. Hemos visto situaciones donde jueces, hombres o mujeres, no conceden órdenes de protección”. Estos casos se están investigando “pero aquí hay tanta corrupción que se tapan unos a otros”. A pesar de vislumbrar un cambio en las generaciones más jóvenes me cuenta que la situación es parecida, “aunque estas muchachas son más fuertes están como yo en aquel momento, no hay muchas herramientas”. Le pido que me explique qué es para ella ser mujer en Puerto Rico. Me contesta con una palabra, “riesgo”. “Tal vez en general pero aquí ser mujer es ser nadie, así nos sentimos a veces”.

Alondra del Mar Vincentí tiene 24 años y es estudiante de Derecho en San Juan, capital. Forma parte de varias entidades y tiene una larga trayectoria como activista. Me cuenta que están inmersas en la elaboración de un manual de aliadas, que “consiste en educar desde esas etapas de noviazgo y aprender a identificar patrones de violencia”. En Puerto Rico nunca se ha invertido en campañas de educación ni de ayuda y hace tiempo que ellas se pusieron manos a la obra con ello. “Muchos colectivos nos hemos unido, diferentes comunidades como la LGTBI, la negra… nos dedicamos a brindar este tipo de ayudas y servicios. Obviamente no al nivel que se debería, pero la gente entiende que hay una necesidad de hacer cambios y erradicar la violencia”.

Considera que en la isla hay un activismo muy metrocentrista, quedando marginadas las zonas más rurales. Pueblos como Lares, Utuado o Maricao cuentan con una mayor incidencia de violencia machista, mientras que su acceso a información y ayuda es muy limitado. “Creo que esto tiene mucho que ver con la educación, en esas áreas más locales hay mucha violencia que no se publica y no se está denunciando”. A pesar de ello, me explica, ya hay muchas entidades trabajando esta situación incansablemente.

Ponemos nombre a algunas de ellas: Casa Julia de Burgos, La Cole y Taller Salud. La primera, Casa Julia, ayudó a su madre en su pesadilla particular, horas y horas en el Tribunal “siendo cuestionada para poder ponerle una orden de alejamiento a mi padre”. La abuela de Alondra también trató de pedir ayuda, sufrió abuso físico y emocional durante años, pero no obtuvo respuesta, “pudo salir adelante pero lo hizo sola”.

Hablamos del síndrome de la impostora, algo que desarrollamos con facilidad. “Yo estoy estudiando Derecho y como sabes, es una profesión que siempre ha estado dirigida por hombres”. Me cuenta que el mismo sistema que debería protegernos no está hecho para eso, “está hecho para proteger a los agresores”. Sin embargo, en los últimos años se ha conseguido cierta paridad de género, lo que presagia cambios a futuro. Hace tiempo que Alondra decidió buscar otras vías de expresión, de denuncia, de gritar en silencio. Ahora complementa su lucha retratando sobre el papel lo que no sabe decir con palabras.

Puerto Rico siempre queda al margen de las estadísticas latinoamericanas, pero también de las estadounidenses. Los crímenes de odio que atentan contra las mujeres y sus desapariciones pesan como una losa y se estima que los datos oficiales están un 25% por debajo de la realidad. La única verdad es que en la isla cada ocho días una mujer es asesinada y que Angie Noemí González tenía 29 años y 3 hijas. A Angie la mató su marido el 15 de enero y ahora encabeza la lista de 2021.

Se necesitan nuevos programas educativos y que lleguen recursos de manera rápida y eficiente, tanto a la Oficina de la Procuradora como a las asociaciones feministas, que hasta ahora han sobrevivido a base de donativos. El fundamentalismo religioso acecha y amenaza con su negativa a la incorporación de perspectiva de género en las escuelas. No es lo único que resulta anacrónico, Puerto Rico es un “Estado Libre Asociado” en el que, por cierto, más del 45% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La isla suplica cambios y las boricuas se quieren vivas.

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