En el año 2021 y previamente a la conformación del Govern aparece el debate sobre el modelo policial y de seguridad que es necesario implementar en Cataluña. Alguien podría pensar que este es un debate nuevo y se equivocaría, ya acumulamos varios momentos en los que ha ido apareciendo y hay que repasar estos precedentes.

Hay que recordar que el debate de la seguridad y los cuerpos policiales está estrechamente ligado al ejercicio del poder. La legislación y la policía son estructuras que conforman el Estado, y el Estado es la expresión del dominio de la clase dominante. Es decir, obedecen a unos intereses de clase, y la lucha histórica de la clase trabajadora y los sectores populares ha sido su democratización, hasta orientarlos a representar los intereses populares.

Así pues, la izquierda está obligada a construir una propuesta progresista y democrática de políticas de defensa y seguridad. En caso de no hacerlo corre el peligro de que estos aparatos del Estado sean definitivamente controlados y absorbidos por intereses conservadores, e incluso, reaccionarios, dificultando así el avance de las luchas populares y consolidando una mirada coercitiva, policial y militarizada.

Las raíces históricas

Hay que repasar la historia para encontrar el hilo de luchas por la regulación de las fuerzas de orden en Cataluña. Nos podemos remontar hasta las Assemblees de Pau i Treva de Déu (Asambleas de Paz y Tregua de Dios), en el siglo XI, que era un movimiento del campesinado, principalmente, en alianza con una parte del clero, para defenderse de la violencia de los clanes nobiliarios que pretendían obtener sus tierras. Esto se da en un momento de debilidad del control condal y significan, para nosotros, los primeros pasos de organización de un orden público catalán.

Si pasamos al siglo XVIII comprobamos como en 1719 se tuvo que emplear al ejército en el reforzamiento de la frontera con Francia en prevención de un posible conflicto armado. Esto obligó a la creación de una fuerza policial de control del interior del territorio, donde se organizaron escuadras de paisanos, de vecinos armados, distribuidas por los corregimientos (antigua demarcación administrativa). Cuando la tensión bélica desaparece, las escuadras se deshacen, pero una de ellas se mantiene y así, progresivamente, se institucionalizan los Mossos d’Esquadra.

Con la aparición en el siglo XIX del estado liberal se va definiendo un modelo propio de seguridad. En la guerra contra Napoleón había aparecido la Milicia Nacional, donde los ciudadanos armados se hacían cargo del orden público con un claro componente civil y local, pero el retorno absolutista de Fernando VII la disolvió. En España, el liberalismo toma un claro rumbo conservador y desarrolla un concepto del orden público profundamente centralista, militarizado y reaccionario. Así se entiende la fundación en 1844 de la Guardia Civil.

En el transcurso del siglo XIX van apareciendo las primeras policías municipales que conjuntamente con los alcaldes de barrio y los serenos se convirtieron en las estructuras de seguridad de los ayuntamientos. Ya en el periodo de la Restauración Borbónica, con Alfonso XII, fueron restituidas las funciones de los Mossos d’Esquadra como cuerpo auxiliar de la Guardia Civil en las zonas rurales. Desde 1877 estuvieron vinculados a la Diputación de Barcelona, con fuero militar y sólo operando en esta provincia.

Entre 1905 y 1908 se inicia en el Estado Español la estructuración de una policía civil, muy vinculada al legado conservador y a sus dificultades para mantener el control del poder, en el contexto de una creciente sociedad urbana tensada por el conflicto social y de una lucha de clases creciente. Esta estructuración adopta dos componentes, uno verdaderamente civil de investigación y de policía judicial y otro uniformado y militarizado que da servicio a las vías públicas. Más tarde, en el periodo de la II República, y a través de la Diputación de Barcelona, los Mossos d’Esquadra se vinculan de forma clara a la legalidad republicana y la Generalitat de Catalunya.

Las características de la dictadura franquista reforzaron y ampliaron todos los aspectos de militarización, centralización y concepción reaccionaria de la sociedad que ya estaban presentes en la concepción del orden público en España en el siglo XIX. De hecho, el franquismo se convirtió en un régimen policial y militar por definición. En 1952 los Mossos, que se habían mantenido integrados en la estructura del ejército español, son restituidos como guardia de la Diputación de Barcelona.

La Constitución de 1978 estableció la estructura actual, la policía del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Se inicia una transformación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Servicios de Inteligencia), la consolidación y despliegue de los Mossos d’Esquadra como Policía de Cataluña (despliegue en todo el Principado que culmina en 2008) y la reestructuración de las Policías Locales.

En el periodo de la Transición y a consecuencia de las carencias de este periodo, importantes aparatos del Estado como el judicial, pero también el policial o militar mantienen herencias del pasado respecto a esta tradición conservadora y centralista del orden público y de aparatos de criminalización y represión de la disidencia política y social.

El soberanismo y el independentismo afrontan estos debates de forma incómoda. La causa principal es que estos aparatos se han utilizado para reforzar una estructura de estado centralista y demofóbica hacia las reivindicaciones de los pueblos que luchan por autodeterminarse y las naciones sin estado propio. En definitiva, las izquierdas soberanistas necesitan una propuesta estratégica de seguridad y defensa.

El debate actual

Els Mossos d’Esquadra aparecen a ojos del siglo XXI como una policía moderna de una sociedad democrática. El papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es residual en Cataluña, muy restringido al control fronterizo, de puertos y aeropuertos, infraestructuras críticas y grandes operaciones de lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Los Mossos y las Policías Locales (17.000 mossos y 11.000 agentes locales) son la verdadera columna vertebral de la Seguridad Pública de nuestro país.

La Seguridad Pública se convierte en una política pública imprescindible que debe conectar con valores y prácticas democráticas basadas en la legislación internacional sobre el tema y con las prácticas de las democracias más avanzadas. En Cataluña esto se produjo a partir de la muerte del dictador y su gran impulso partió de las experiencias locales muy vinculadas a la izquierda y las fuerzas democráticas que se habían opuesto al franquismo. Como teórico de este hecho juega un papel destacado la figura de Jaume Curbet.

Jaume Curbet fue concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Girona del PSC en 1979 y de ahí pasó a formar parte del equipo de personas que construyeron la propuesta de Policía y de Seguridad Pública de Cataluña. Fue el líder teórico de abandonar y superar la etapa franquista, e incluso, decimonónicamente conservadora, de la Seguridad, para equipararse a otras sociedades democráticas. Es autor de numerosos libros, imprescindibles referencias sobre el tema; «Democracia y Policía», «Ética de la Policía» o «Un Mundo Inseguro» entre muchos otros. Detrás de su legado, y de otras personas que lo acompañaron en esta tarea, está la construcción ex novo de un cuerpo policial y las estructuras políticas, policiales y académicas para su funcionamiento. Un hito a destacar es el funcionamiento, a partir de 1985, en Mollet del Vallés, de la escuela de policía, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, un centro formativo integral de las nuevas promociones de mossos, policías locales y guardias forestales.

Las competencias de la Generalitat en materia de seguridad son importantes, tienen que ver con la emergencia y la protección civil, en materia de espectáculos y actividades recreativas, de regulación de la seguridad privada, de seguridad pública y finalmente de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Los Mossos d’Esquadra actúan como policía judicial. La Generalitat coordina también las policías locales en las Juntas de Seguridad Local y se coordina con el conjunto de cuerpos policiales del Estado en la Junta de Seguridad de Cataluña, que preside.

El punto de partida son las referencias internacionales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las directrices de la Declaración sobre la policía y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, respectivamente. Estas directrices están presentes en las leyes española y catalana que regulan los cuerpos policiales y las políticas públicas de seguridad, la Ley orgánica 2/1986, de fuerzas y cuerpos de seguridad y la Ley 10/1994 de la Policía de la Generalitat. Finalmente citar la Ley 16/1991 de las policías locales.

Es imprescindible la referencia al Protocolo de Estambul contra la tortura que afecta y mucho a la identificación y la detención, prácticas que soportan presiones cada vez más importantes hacia su racialización. Aparece una tendencia internacional derivada de las nuevas políticas de seguridad post 11S de lucha contra el «terror» global. Estos planes de seguridad tienden a una visión holística donde aspectos como el transporte, la alimentación, la salud, el cambio climático o los flujos energéticos son abordados bajo una perspectiva de seguridad policial y militarizada. Esta tendencia requiere lucha y propuesta democrática y se encuentra en la base del debate actual de la seguridad, que crisis como la del Covid-19, refuerzan, así como la explotación del miedo y la inseguridad para originar respuestas políticas antidemocráticas. Son una de las bases clave, junto a la crisis económica y social, del crecimiento de la extrema derecha. La extrema derecha intenta liderar el debate y la propuesta sobre políticas de defensa y seguridad.

La policía de Cataluña ha de coordinarse a nivel estatal, europeo e internacional. Se ha hecho mucha guerra sucia, especialmente por parte de los gobiernos del Estado, de aislamiento de los mossos restringiendo la información y la coordinación con organismos de seguridad internacional. También se ha competido y traficado con información sensible para favorecer o no a un determinado cuerpo policial. Un capítulo aparte requiere los servicios de inteligencia y su papel en Cataluña durante el llamado procés.

Qué hay que hacer

No podemos olvidar las reflexiones del principio, el Estado y por derivación sus leyes y cuerpos de seguridad tiene un sesgo de clase, por eso se requiere una transformación democrática para que pueda llegar a ser representativo de los intereses de la mayoría social trabajadora, lo mismo ocurre con los cuerpos policiales. Las herramientas para lograr una policía democrática son diversas e inagotables. El camino de la profundización democrática es ilimitado y se debe mantener la exigencia democrática de forma constante.

Las leyes que regulan los cuerpos policiales o la seguridad están hechas bajo el mismo paraguas que regula la propiedad y, por tanto, parten de situaciones injustas. Hay que transformar esta base y es difícil pensar que sin modificarla convertiremos los cuerpos policiales en herramientas populares perfectas. Sin una mirada global podemos quedarnos señalando el dedo sin ver la luna. Algunas de estas herramientas de nuevo son el control democrático, la transparencia y la regulación de los procedimientos de intervención.

Existe un Código europeo de ética de la policía. Este debe ser la referencia de la legislación, las prácticas internas y los códigos de conducta. Ha de convertirse también en una herramienta para medir públicamente las actuaciones policiales. Este código recuerda que el objetivo de la policía es la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos, nunca su menosprecio. Este también es el papel del sistema penal.

En la policía de Cataluña se aplica desde 2004 este código europeo; en 2007 se creó el Comité de Ética de la Policía de Cataluña como herramienta de reflexión e investigación deontológica y en 2015 el Código de Ética de la Policía de Cataluña. El problema aparece cuando este código no reglamenta prácticas policiales concretas y aquí entramos en el debate de los protocolos concretos de actuación y sus contradicciones.

Algunos de los casos más mediáticos y preocupantes tienen que ver con el orden público y las manifestaciones, qué herramientas de represión se utilizan: balas de goma, proyectiles de foam, porras, etc. Los debates también giran alrededor de las estrategias de control que ejerce la policía, como los encapsulamientos, las cargas, los carruseles, etc. También son polémicos otros aspectos como el uso de las pistolas láser o los dispositivos sensibles como los desahucios de familias vulnerables.

Todos estos aspectos tienen protocolos internos dentro de los Mossos d’Esquadra. En la práctica estos protocolos y reglamentos de actuación no se publican bajo el argumento de que su publicidad reduciría su eficacia. El Parlament de Catalunya, en su momento, acordó prohibir las balas de goma y publicar el reglamento interno de uso de las balas de foam, explicando que son de precisión y no de dispersión y deben ser utilizadas de forma excepcional y precisa. El departamento de Interior ha aplicado el primer acuerdo, pero no el segundo.

Tenemos un problema con la justicia por varios motivos, pero aspectos como la corrupción y delitos fiscales, la violencia machista, la vulnerabilidad social y el derecho de opinión y manifestación no tienen la respuesta judicial que podemos encontrar en garantizar la propiedad y la legalidad constitucional que defiende una mirada conservadora de esta. La policía se convierte en herramienta de esta mirada conservadora.

En resumen, algunas de las propuestas sistematizadas serían las siguientes:

• Es necesario reforzar desde la izquierda soberanista el debate y la propuesta sobre las políticas públicas de seguridad y defensa.
• Es necesario en Cataluña un avance legislativo con una Ley Integral de Policía que refuerce la coordinación policial, especialmente en el ámbito local, y que desarrolle nuevas garantías en derechos y libertades.
• Es necesario mejorar el Código de Ética de la Policía de Cataluña y derivar mecanismos reglados y severos de evaluación de procedimientos en DDHH.
• Es necesario publicar y modificar reglamentos y protocolos de actuación hacia comportamientos que he mencionado.
• Es necesaria una mejora salarial y un aumento de plantillas policiales. Las malas condiciones laborales / salariales son un foco de falta de compromiso y auto exigencia.
• Es necesario identificar e impedir la organización de núcleos de extrema derecha en cuerpos policiales y/o militares.