Ante esta cuestión, Baker nos recuerda las palabras de un funcionario norteamericano de salud y ex ejecutivo de una farmacéutica, que hace unos días espetaba: “una vacuna recién inventada dificilmente sería asequible a todos los bolsillos porque la empresa “inventora” tendría el monopolio de la patente y, sencillamente, podría cobrar lo que se le antoje”. Los argumentos de Baker ante el “sencillamente”, la mentira y el despropósito del funcionario Alex Azar, no por conocidos dejan de ser impecables. Frente a una enfermedad que -como toda enfermedad contagiosa se ceba preferentemente con las vidas de quienes no tienen acceso a servicios de salud, por ser pobres o viejos sujetos al triage– Baker nos invita a indignarnos -y yo acepto su invitación- recordando además las palabras de Aristóteles cuando también nos invitaba a indignarnos correctamente ante la injusticia: indignarnos con quien se debe, de la forma en que se debe, y en la ocasión en que se debe (en realidad Aristóteles estaba evaluando el valor o disvalor ético político de la de “ira”, pero me permito hacer esta  transposición, con el aval del diccionario RAE).

No cabe duda que es una ocasión correcta para indignarse ante los dichos, hechos y omisiones de muchos funcionarios de organismos nacionales e internacionales; pero también por los cambios globales impuestos por un capitalismo salvaje, que de manera silenciosa trabajan a favor de una evolución de nuevos tipos de gripe y de su transmisión global mediante un agrocapitalismo a gran escala. Hay muchos frentes para canalizar nuestra indignación, por ejemplo, con el negocio inmobiliario mundial y la especulación financiera que produjo miles de barrios miserables y pobreza urbana en Asia, India y en general en el tercer tercer mundo, que se han convertido  en el  paraíso en el que se ceban los nuevos virus. No debemos dejar de indignarnos, tampoco, con un elemento fundamental de lo que se ha dado en llamar la “ecología de la gripe”: la ausencia de sistemas nacionales públicos de salud robustos, pero tambien de un sistema público internacional de salud que se corresponda –en escala y en nivel de impacto- con la globalización económica vendida como la panacea.

Por otro lado, y nuevamente con Baker, una vacuna no es costosa por lo que implica producirla y distribuirla, lo que aumenta de manera exponencial el precio de las vacunas y los medicamentos es el monopolio que crean las patentes. Y las patentes son también las que impiden la colaboración libre y desinteresada de los científicos de la “república de la ciencia”, de la que nos habló Michael Polanyi al trazar una fantástica analogía entre la sociedad libre y la ciencia libre; esa ciencia libre que según Polanyi haría posible que los esfuerzos de cada uno de los científicos se ajustaran a los resultados obtenidos por los otros. [2]

Hoy más que nunca es útil recordar una analogía que utiliza Michael Polanyi para ilustrar la marcha del progreso de la ciencia, que se figura como un proceso coordinado en el que cada investigador independiente tiene la posibilidad de conocer todas las iniciativas que están en funcionamiento dentro del sistema científico. Polanyi nos propuso que imaginemos un rompecabezas gigante que, por alguna razón, debemos armar en el menor tiempo posible, cosa que sólo se lograría si todos trabajan en el armado del rompecabezas teniendo todo a la vista de todos, para que los demás vieran inmediatamente cuál puede ser el siguiente paso que la nueva situación hace posible. Bajo este sistema, cada investigador actuará por su propia iniciativa, pero intentando responder a los últimos descubrimientos hechos por los otros. ¿Será hoy capaz la república de la ciencia de plantarse ante unos mercados mundiales oligopolizados que socavan su autonomía, e incluso monopolizan el proceso de evaluación de los resultados científicos, en manos de empresas oligopólicas que  excluyen cualquier otro criterio emanado de la propia comunidad científica si tal criterio no les resulta rentable? ¿seremos capaces las repúblicas de impedir que los poderes privados le disputen a la república de la ciencia y a los estados su derecho inalienable a determinar qué sea el bien común? ¿serán capaces nuestros mandatarios de impedir que las reglas internacionales del comercio atenten contra los derecho a la vida y a la salud de sus mandantes?

Gran parte de la humanidad está pendiente de la marcha de ese gran rompecabezas polanyiano, deseando que la ciencia produzca ese “milagro” de lograr una vacuna. Lo están incluso probablemente los dueños y accionistas de las empresas que componen la Big Pharma (Bayer, Glaxosmith Kline, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis), que controlan casi la mitad del mercado mundial en medicamentos, y cuyas rentas son incluso superiores a las del complejo industrial-militar. Aunque ellos más que nadie saben que los científicos de todo el mundo que trabajan contra-reloj para desarrollar una vacuna no están colaborando, están compitiendo.

Los gobiernos de Canadá, Chile, Ecuador y Alemania han tomado medidas anticipadas, pues preveen que pueda ser necesario contar con mecanismos para solicitar la anulación de patentes mediante la emisión de licencias obligatorias por razones de utilidad pública para medicamentos, vacunas y otras herramientas para el COVID-19. Asimismo, el gobierno de Israel emitió una licencia obligatoria para las patentes de un medicamento que investigaban para el uso de la COVID-19. Es importante no olvidar que contamos con algunos acuerdos internacionales sobre licencias obligatorias que conceden ciertas elasticidades para el caso de las patentes de invención, y autorizan a producir o utilizar un producto o un procedimiento patentado sin que sea necesario obtener el consentimiento del titular de la patente; pero también no olvidemos las amenazas que ensayaron las farmacéuticas y el gobierno de EEUU, cuando Sudáfrica recurrió a ellas a causa de la pandemia de HIV-SIDA, aunque finalmente logró sancionar una ley que permitió fabricarlas o importar drogas accesibles.[3] Hoy más que nunca deberíamos estar muy alertas e informados sobre los distintos acuerdos, tratados y recomendaciones internacionales elaborados ya hace tiempo como contrapartida al avance de la propiedad intelectual y de las patentes, que imponen los países del Norte bajo veladas amenazas, con promesas de ventajas comerciales que no hacen más que destruir las economías de los países más pobres. Pero no estamos huérfanos, contamos con algunos antecedentes y documentos internacionales que pueden apoyar nuestras luchas. Por ejemplo, la Declaración sobre un “Acuerdo entre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIPS en inglés) y la salud pública” adoptada en noviembre de 2011 por la Cuarta Conferencia de la OMC en Doha (Qatar), que autorizó a los Estados miembros a hacer uso de las “flexibilidades” relativas a la salud pública, aunque los países pobres (a los que eufemísticamente se suele llamar “menos adelantados”) enfrentan serias dificultades en el momento de aplicar tales “flexibilidades”. Pero también el documento de Naciones Unidas -que no ha sido suficientemente valorado-, en el que se habla de la “función social” de la propiedad intelectual,  y exhorta a las organizaciones intergubernamentales a integrar sus políticas y disposiciones a los principios internacionales de los derechos humanos. Conviene tenerlo muy presente: en el Punto 2) del documento se declara que  “habida cuenta de que la aplicación del Acuerdo sobre los ADPI no refleja adecuadamente el carácter fundamental y la indivisibilidad de los derechos humanos, inclusive el derecho de toda persona a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la libre determinación, existen contradicciones aparentes entre el régimen de derechos de propiedad intelectual consagrado en el Acuerdo sobre los ADPIC, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por otra parte; y 3) también Naciones Unidas recuerda a todos los gobiernos que los derechos humanos tienen sobre las políticas y acuerdos económicos. Verdad de Perogrullo pero que es bueno tener presente, porque la “familia humana” de la que habla el Preámbulo de la Declaración de Derechos de 1948, cuenta con herramientas para librar una lucha ante los hacedores y valedores  de la pandemia.

Y asimismo conviene no olvidar que las vacunas antigripales no son un negocio para las compañías farmacéuticas, porque su producción es compleja y resultan obsoletas luego de una temporada, y porque están sujetas a una gran fluctuación en la demanda.[4] Incluso si se lograra una vacuna para conseguir inmunidad ante el Covid19, seríamos ingenuos en confiar en una “solidaridad internacional” allende los océanos para que las vacunas llegaran a las personas de mayor riesgo, a esos “pasajeros de tercera clase planetaria”, para nombrarlos con una triste y acertada metáfora de Mike Davis del año 2005.

El artículo de Baker con el que iniciamos este comentario concluye apostando que la epidemia del covid19 nos debería dejar una lección sobre mejores alternativas de financiación para la investigación biomédica -posiblemente mediante financiación pública directa como ocurre con la ciencia básica- a fin de evitar que los científicos sólo piensen en desarrollar una vacuna eficaz que los haga millonarios. De alguna forma Baker también apuesta por una “república de la ciencia” en la que los investigadores trabajen juntos, cooperando y compartiendo los resultados y los procesos mediante la ciencia abierta. ¿Logrará el virus revolucionar a la república de la ciencia?

Mike Davis acaba de publicar un texto en el que reconoce que el Covid 19 es finalmente “el monstruo ante nuestra puerta”[5], y se suma a quienes consideran que el acceso a medicamentos vitales que incluye antibióticos, antivirales y vacunas debería ser un derecho humano disponible universalmente y sin costo alguno, “y si los mercados no ofrecen incentivos para producirlos a bajo costo, entonces los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro deben asumir la responsabilidad de su fabricación y distribución.” Este final es exactamente el mismo con el que concluyó su libro del 2005. Es tiempo de que nos tomemos en serio la Declaración de Derechos del 48, y que la “familia humana” vuelva a marchar bajo este sólido estandarte.

Notas:

[1] https://nuso.org/articulo/coronavirus-entre-la-salud-las-patentes-y-el-c…

[2] Polanyi, M. “The Republic of science”. Minerva 1, 54–73 (1962). https://doi.org/10.1007/BF01101453, Hay una versión castellana de Mario Albornoz: “La república de la ciencia: su teoría política y económica”. http://www.revistacts.net/files/Volumen_9_Numero_27/PolanyiEDITADO.pdf

[3] Bertomeu, M.J., Spinella, Liliana (2015) “El derecho a la salud. Entre la propiedad intelectual y los derechos humanos”, Ludus Vitalis, https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/56894

[4] Sobre este tema: Davis, Mike (2005) El monstruo llama a nuestra puerta. La amenaza global de la gripe aviar. Versión castellana Maria Julia Bertomeu, Barcelona: Viejo Top

[5] David, M, Covid19: “The monster is finally at the door”, https://mronline.org/2020/03/19/mike-davis-on-covid-19-the-monster-is-fi…