Ahora, 23 congresistas demócratas esperan la respuesta del fiscal general de EU, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la potencia en los asuntos internos brasileños. Lo que parecía imposible con Donald Trump, pasó con Joe Biden. Pero eso no quiere decir que hayan variado los intereses y la estrategia de la Casa Blanca para Brasil. Quizá puedan conocerse más detalles secretos de la injerencia de Washington en la megacausa de corrupción. Son parte del lawfare que terminó con la hegemonía del PT en octubre de 2018 y permitió la llegada de la ultraderecha al poder.

The Nation, un medio progresista de Estados Unidos, difundió la solicitud de los congresistas y señaló que están preocupados porque los recursos que deberían haberse destinado a una importante legislación estadunidense dedicada a combatir la corrupción se hayan utilizado indebidamente.

Las irregularidades del proceso que llevó adelante el ex juez y ex ministro del actual gobierno, Sergio Moro, visita frecuente de EU en esa época, siguen ventilándose. Aunque todavía sin consecuencias importantes como las que espera la sociedad brasileña por los efectos devastadores que tuvo el lawfare para su democracia.

Un trabajo publicado en la página de Celag por la politóloga argentina Silvina Romano señala que “la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el árbol de la corrupción parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña”. Parece claro que una de las motivaciones fue Petrobras y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos (https://n9.cl/5yet0).

Twitter: @aguerraguerra